El TSJC fija para abril el juicio a Garriga, Jové y Salvadó por el 1-O con su amnistía en trámite

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para el 10 de abril el inicio del juicio a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda y ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, por presunta desobediencia en los preparativos del 1-O, un señalamiento que llega mientras se tramita la ley de amnistía que les puede amparar.

Para entonces la ley podría estar lista y el tribunal prevé que el juicio se alargue hasta el 29 de mayo durante 21 jornadas, según ha fijado el TSJC en una diligencia consultada por Europa Press este martes. En el juicio, Garriga se enfrentará a la petición de Fiscalía de un año de inhabilitación por presunta desobediencia, mientras que, en la misma causa, el fiscal reclama siete años de prisión para Jové y seis años y tres meses para Salvadó.

A ellos dos, el fiscal les atribuye los presuntos delitos de desobediencia -igual que a la consellera- además de presunta prevaricación y malversación agravada. El fiscal también reclama inhabilitar a Jové durante 32 años y a Salvadó durante 27 años y tres meses, y multarlos con 30.000 y 24.000 euros respectivamente, y pide una multa de 18.000 euros para Garriga, que entonces era directora de servicios de la Conselleria que encabezaba Oriol Junqueras.

La investigación a Jové y Salvadó se hizo separada de la de Garriga -ella fue investigada en un juzgado ordinario en una causa contra 29 excargos del Govern- pero cuando ella asumió el cargo de consellera y pasó a ser aforada al TSJC, las causas se unieron y este proceso ha retrasado el procedimiento contra los primeros, para quienes, en mayo de 2021, ya se dictó el acto de conclusión del sumario. El fiscal atribuye a Jové el documento 'Enfocats', que era "una 'propuesta estratégica' dirigida a 'reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso'" y en el que indaga sobre una declaración unilateral de independencia. También hace referencia a las anotaciones de Jové en una agenda que llevaba a sus reuniones con otras formaciones para negociar los Presupuestos del Govern para 2017.

Garriga: CTTI y almacenar papeletas

El fiscal cree que Garriga adjudicó varios contratos menores para hacer obras en una nave anexa del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) para que se instalara "un call center o 'centro de prensa', en el que se irían recogiendo los datos de participación y resultado" del 1-O. La acusación pública también atribuye a Garriga haber hecho de enlace entre su superior, Jové, y una funcionaria de su departamento para conseguir la cesión de unas naves en Bigues i Riells (Barcelona) para almacenar el material electoral: allí, el 20 de septiembre, la policía incautó 9.894.350 papeletas y 5.903 sobres con documentación electoral.

"Diluir la responsabilidad"

El fiscal sostiene que los preparativos y gastos para el 1-O se hicieron esquivando el control estatal de las cuentas de la Generalitat, para lo que el Govern hizo intervenir a varios departamentos "para diluir la responsabilidad individual". Subraya que Jové, como número dos de Economía y Hacienda, conocía los detalles de las cuentas catalanas así como los requerimientos de información que hacía el Ministerio de Hacienda, a los que el Govern contestaba negando que hubiera hecho pagos o modificaciones presupuestarias relacionadas con el 1-O.

Papeletas, censo electoral y citaciones

La Generalitat encargó a Unipost, dentro del contrato marco que tenían, 5.346.734 cartas ordinarias -tantas como personas censadas- y 56.000 cartas certificadas destinadas estas a quienes habrían de integrar las mesas electorales, un servicio que se presupuestó en 979.661,96 euros sin IVA. El fiscal cree que "a fin de encubrir responsabilidades y evitar la constancia del encargo y su verdadera naturaleza, se eludió deliberadamente la mecánica habitual de registro y formalización de los envíos y repartos" de Unipost y que, para disimular la importancia del gasto, se facturó repartido en cinco conselleries: Vicepresidencia, Cultura, Salud, Trabajo y Presidencia.

Unipost intentó cobrar una de las cinco facturas, la que iba a nombre de Cultura, pero dos veces el pago resultó rechazado, y para elaborar el censo electoral el fiscal expone que Jové presuntamente recavó datos personales de los catalanes para el censo electoral a través de un convenio entre el departamento y el Idescat.

Hacienda pública

En 2015, el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) publicó una ley que preveía crear una agencia tributaria catalana y otras "estructuras de Estado" sobre los sectores de la energía, telecomunicaciones y transporte, que el TC anuló.

Aun así, Jové y Salvadó "tomaron la decisión ejecutiva de llevar a la práctica las programadas 'estructuras de Estado' y, de modo paralelo, conseguir una suficiente financiación para cuando Cataluña alcanzase la independencia", y dotaron a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar, gestionar y ejecutar impuestos para los que no tenían competencias como IRPF, IVA, el impuesto de sociedades y otros especiales estatales.