La Comisión de Justicia del Congreso prevé avalar la ley de amnistía en el mes de enero

La proposición de Ley Orgánica de Amnistía se encamina a pasar su próximo examen parlamentario poco después de las fiestas. El objetivo de Pedro Sánchez y sus socios es agilizar su tramitación con el fin de salvaguardar el voto de los independentistas catalanes y proteger la investidura. Según fuentes parlamentarias, se prevé que el texto que nació como resultado del pacto de investidura del PSOE con Junts obtenga el aval de la Comisión de Justicia en el mes de enero.

Si finalmente los letrados tuvieran que emitir un informe, sus conclusiones seguirán la línea marcada por el equipo de Fernando Galindo. Los letrados de la Cámara Baja reconocieron que la norma puede presentar "posibles motivos de inconstitucionalidad", no obstante, concluyeron que no existe una contradicción tan "palmaria" con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación.

La proposición de ley del PSOE llegará a la Comisión de Justicia después de que este lunes se confirmara que, finalmente, podrá esquivar el filtro de la Comisión Constitucional, pese a que PP y PSOE denuncian que es contraria a la Constitución.

La jugada deja fuera del tratamiento de la norma a perfiles como el de Cayetana Álvarez de Toledo, Íñigo Errejón y Gabriel Rufián. En su lugar, los portavoces parlamentarios que podrán valorar la norma son Francisco Aranda (PSC-PSOE), María Jesús Moro (PP), Javier Ortega Smith (Vox), Enrique Santiago (Sumar), Pilar Vallugera (ERC) y Jon Iñarritu (Bildu), entre otros.

Al PSOE le urge acelerar la tramitación de la amnistía

El texto y sus enmiendas, cuyo plazo de presentación se ha abierto este martes, serán discutidos en enero con el objetivo de que la norma llegue al Senado en febrero. Con el fin de acelerar los plazos de tramitación de la ley, los primeros días de enero serán considerados hábiles para que puedan iniciarse las negociaciones en la Comisión encargada de valorar la amnistía.

La decisión de relegar la tramitación de la futura ley de amnistía a la Comisión de Justicia ha traído consigo múltiples críticas. En primer lugar, los grupos de la oposición consideran que la norma incumple flagrantemente la Constitución y que, por tanto, debe ser analizada por la Comisión Constitucional.

En segundo lugar, el cese de Manuel Fernández-Fontecha Torres como letrado de la Comisión Constitucional hizo saltar todas las alarmas. El jurista planea elevar el caso al Supremo, ya que entiende que su destitución, así como el rechazo de la Mesa del Congreso a considerar su adscripción a la Comisión de Justicia, obedece a su perfil crítico sobre la ley de amnistía.

La norma pasará de nuevo por el Pleno

Concluido el trámite en la Comisión de Justicia, el texto definitivo de la amnistía será debatido de nuevo en el Pleno del Congreso, donde la semana pasada ya se se aprobó su toma en consideración. El debate en la Cámara Baja será el final de esta primera fase de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que pasará entonces al Senado.

El plan del PP, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta, es dilatar hasta el máximo de dos meses permitidos por la Constitución Española. Para ello, el PP impulsó la reforma inicial del artículo 133, que establecía que cualquier proposición de ley que llegue al Senado desde el Congreso tenga un plazo de 20 días, y conseguir que el reglamento de la Cámara alargue dicho plazo hasta los dos meses.

Si la estrategia de los de Feijóo resulta fructífera, la futura ley no podrá entrar en vigor hasta el mes de mayo. El sí de los independentistas catalanes depende directamente del resultado de la tramitación de la amnistía en las Cortes. Una vez que la norma vea la luz, con casi toda probabilidad, el Tribunal Supremo planteará cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional para preguntarle si choca o no con lo recogido en la Carta Magna antes de aplicar la ley en el procés.

En paralelo, la Audiencia Nacional recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por su impacto en los delitos de terrorismo enjuiciados en la causa de Tsunami. Dicho movimiento supondría paralizar la causa hasta que la corte comunitaria respondiera.