El Supremo revisará las condenas del procés con el foco en la rebaja de las inhabilitaciones

El Tribunal Supremo revisará las sentencias a los condenados por el procés en cuanto entre en vigor la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Los cambios legales impulsados desde el Gobierno en connivencia con sus socios de ERC amagan con reducir de manera significativa las inhabilitaciones a Oriol Junqueras y los otros tres exconsejeros condenados por organizar el 1-O y declarar la independencia de Cataluña.

En concreto, el líder de ERC y su compañera de filas Dolors Bassa, además de Jordi Turull y Raül Romeva, serán los grandes beneficiados de la reforma de la malversación. Se trata de cuatro de los 12 miembros del procés condenados por delito de sedición en concurso medial con la malversación.

El tribunal de la Sala de lo Penal que les juzgó explicó entonces que quedaba "plenamente acreditado" que autorizaron el desvío de importantes partidas para la celebración de unos hechos inconstitucionales, provocando un menoscabo a las arcas públicas. Por esta actuación se condenó a Junqueras a 13 años de cárcel y otros 13 de inhabilitación y a 12 años a los otros tres penados también con malversación.

Indulto, sedición, malversación

En principio parecía que los verdaderos beneficiados de las reformas resultado de la Mesa de Diálogo iban a ser los condenados únicamente por sedición (Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Quim Forn) ya que ellos cumplirían antes con las penas de inhabilitación. No obstante, el escenario vuelve a cambiar tras conocerse que la malversación también se moldeará al dictado de los designios de ERC.

La consecuencia directa es una rebaja sustancial de las altas inhabilitaciones que todavía pesan sobre los condenados por desviar los fondos públicos para el procés, especialmente sobre Junqueras, inhabilitado hasta mediados de 2031. Ello terminaría por impulsar su vuelta a primera línea política, incluso de cara a los comicios municipales del próximo año.

Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que el Tribunal Supremo revisará el histórico fallo dictado en octubre de 2019 en cuanto entren en vigor los cambios legales. Los seis miembros del tribunal se sentarán para analizar, por un lado, si el relato de hechos probados tiene encaje en el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados, y por otro, cómo se aplica la reforma de la malversación en las condenas por este delito.

La reforma de la malversación acarreará una revisión a la baja de las condenas por inhabilitación para Junqueras y otros 3 condenados, lo que acelerará su vuelta a primera línea política

A falta de conocer el contenido de la enmienda que presentará ERC el viernes, todo apunta que la redacción tratará de establecer una clara línea entre los condenados por apropiarse de los fondos públicos, de aquellos que únicamente los malversaron para otros fines, como ocurre con los líderes del procés.

Lo que resulta prácticamente un hecho es que habrá una revisión a la baja de las inhabilitaciones por malversación. No ocurrirá lo mismo con los condenados por sedición, ya que en este caso estaba extinguida la responsabilidad penal tras los indultos acordados por el Gobierno en junio de 2021. Precisamente la medida de gracia fue la primera de las tres líneas rojas que los socios independentistas marcaron al Ejecutivo. Le siguieron la derogación de la sedición y finalmente la reforma de la malversación, que también se va a materializar.

Los políticos fugados

El cambio legal no solo tendrá efecto directo en los condenados por el procés. Los políticos fugados, con Carles Puigdemont a la cabeza, se van a beneficiar de la modificación. Cabe recordar que tanto el expresidente catalán como los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí están pendientes de sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de sedición y malversación. Lo mismo ocurre con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, si bien en su caso solo se actúa contra ella por delito de sedición.

Solo con la derogación de este último tipo el horizonte penal para todos ellos es más que favorable. En caso de terminar siendo juzgados por el Tribunal Supremo pasarían de afrontar una petición máxima de 15 años de cárcel a un total de 5 años y 8 de inhabilitación absoluta. A ello se añade que el plazo de prescripción por haber organizado el referéndum ilegal de octubre de 2017 y declarado la independencia en Cataluña sería de un máximo de diez años (la mitad de lo contemplado antes de derogarse la sedición). 

Tanto los indultos como la reforma del Código Penal responden a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y sus socios independentistas en el marco de la Mesa de Diálogo que busca, entre otros aspectos, frenar los frentes judiciales por el procés. De hecho, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ya avanzó hace dos semanas que su intención era derogar la reforma de la malversación de 2015, que se aprobó siguiendo el modelo alemán, para diferenciar los casos en los que haya habido enriquecimiento personal de los que no.

Aragonés dejó clara la hoja de ruta de ERC y dijo que la reforma impulsada por el PP hace ahora siete años era "torticera" y se hizo con el único fin de perseguir al independentismo. Ahora, con la nueva tipificación de la malversación con ánimo de lucro, se busca no solo beneficiar a los líderes del procés, sino también a una veintena de excargos acusados por emplear fondos públicos para los fines independentistas.