El plan anticrisis de Sánchez, en el aire por la ruptura de sus socios y el rechazo de PP y Cs

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha movido un dedo para buscar el apoyo de la oposición a su plan de impacto contra la guerra. Es la principal queja de partidos como PP y Ciudadanos, que se alejan casi definitivamente de su apoyo a las medidas aprobadas por le Consejo de Ministros hace unas semanas. Sánchez vuelve a fiarlo todo a sus aliados nacionalistas y separatistas, que precisamente ahora se encuentran en pie de guerra por el supuesto espionaje a los líderes del proceso separatista.

El decreto anticrisis de Sánchez se votará previsiblemente el jueves 28 de abril en el Congreso. El Gobierno esperaba tener una votación cómoda, pero el contexto se ha ido complicando. Y la coalición teme a otra votación de infarto similar a la de la reforma laboral.

Por un lado, PP y Ciudadanos consideran que el presidente ha incumplido su palabra de un diálogo amplio y con aportaciones. Por otro, los socios de investidura del Ejecutivo, especialmente los separatistas catalanes, presionan a Sánchez para que se asuman responsabilidades por el supuesto espionaje a los dirigentes del golpe separatista del 2017.

Feijóo ultima su plan fiscal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ultima una propuesta fiscal que trasladará a Sánchez en los próximos días. Y que este martes ha discutido con la patronal de empresarios y los sindicatos en una jornada maratoniana de reuniones. El planteamiento de Feijóo es bajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el IVA del gas y la luz, así como los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales.

La negativa de rotunda de Sánchez a asumir esa propuesta sitúa al PP en el "no" al decreto. El Gobierno considera que ha cumplido con la rebaja que prometió a Feijóo. Y asegura que, como gesto, ha ofrecido tramitar el plan como proyecto de ley para negociar otras medidas más allá del 30 de junio, fecha en la que finaliza el descuento de 20 céntimos en la gasolina y el resto de iniciativas.

Ciudadanos, por su parte, también se aleja del apoyo al plan. El diálogo está completamente estancado. Ni hay avances, ni se espera que los haya. Ante esa situación, el partido de Inés Arrimadas ha puesto como condición una medida que PSOE y Podemos rechazan de plano: la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Ciudadanos, que sabe que Sánchez nunca lo aceptará, está ahora mismo en la abstención, pero nadie dentro del partido naranja descarta que sus diputados se muevan al no.

Esta situación deja al Gobierno a merced de sus socios nacionalistas y separatistas. El problema es que fundamentalmente ERC, pero también el PNV y por supuesto el partido de Carles Puigdemont, exigen a Sánchez que depure responsabilidades por la infiltración de los teléfonos de los líderes del procés desvelado en un estudio. Puigdemont y Oriol Junqueras han anunciado en Bruselas que presentarán querellas en varios países europeos por el espionaje a través de sus dispositivos móviles con el software Pegasus, desarrollado por una empresa israelí.

ERC avisa a Sánchez

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reclama una investigación exhaustiva si el PSOE quiere conservar el apoyo de ERC. "Hoy la confianza en el Estado es mínima, es muy difícil poder confiar en quien todo apunta que te ha espiado para alimentar la causa general contra el independentismo", ha dicho Aragonés este martes en una comparecencia.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha negado cualquier implicación del Gobierno en este caso. Y ha insistido en que en España solo pueden llevarse a cabo tareas de espionaje "al amparo de la ley". "Aquí no se espía, no se intervienen conversaciones ni informaciones si no es al amparo de la ley y el derecho", ha dicho Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado comparecer a petición propia en el Congreso para responder a las explicaciones que demanden los grupos parlamentarios. “El Gobierno nada tiene que ver y no tiene nada que ocultar”, ha insistido Rodríguez. "Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es en el ámbito y en el amparo de la ley, y por tanto ante una decisión judicial motivada".