Pedro Sánchez ya está dando los primeros pasos para garantizarse el apoyo del separatismo catalán a su investidura. El Gobierno ha colocado una polémica quita de la deuda de Cataluña y la reforma de la financiación autonómica en el debate público. Dos asuntos, que según fuentes socialistas consultadas por Vozpópuli, puede permitirse por su mal resultado en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y la ausencia de barones de peso.
"Sánchez se puede permitir ahora una especie de reforma de la financiación autonómica a la carta para Cataluña porque no hay barones de peso que tengan que cubrir posición en las autonomías", dicen estas fuentes. "Lo de la deuda es mucho más complicado", añaden.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha colocado esta reforma en el centro de las negociaciones para la investidura de Sánchez. Montero ha asegurado que la modificación es "urgente". Y, sin hablar de "condonación de la deuda", sí ha admitido que la revisión del sistema debe abordar la situación de "endeudamiento" de todas las comunidades con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Cataluña debe más de 70.000 millones de euros al Estado.
El sudoku de la financiación autonómica
Este debate resulta imprescindible para Sánchez si quiere el apoyo de ERC y el partido de Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno se ve paradójicamente favorecido además por la debacle del 28-M. La perdida de poder territorial facilita al PSOE abrir un melón que resultaba problemático en el partido, porque enfrenta a muchos de sus presidentes. Y en esa batalla solo quedan Adrián Barbón en Asturias y Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. María Chivite en Navarra está al margen de este debate por el régimen foral.
Esta división se vio reflejada en el último congreso federal del PSOE celebrado en Valencia hace dos años. Se llegó a un consenso de mínimos con muchos recelos hacia las constantes peticiones de Cataluña y los diferentes criterios que deben plasmarse en la nueva financiación.
Valencia, por ejemplo, quiere primar la población a la hora de repartir el dinero. Aragón, por su parte, sostiene que los enormes costes asociados a un territorio grande pero despoblado deben verse reconocidos. Page, por su parte, defiende el criterio de población ajustada, una variable que tiene en cuenta factores como la edad de la población o la superficie. La población ajustada fue el criterio utilizado por el Gobierno para el reparto de parte de los fondos europeos.
Sánchez tiene ahora las manos más libres para favorecer a Cataluña en este complejo sudoku, porque no va a tener barones en frente. Si bien, admiten fuentes socialistas, una decisión controvertida como la quita de deuda catalana es gasolina para los gobiernos autonómicos del PP. "Lo utilizarán para victimizarse y acusar a Sánchez de agravio. Y esto ya sabemos que electoralmente funciona", admite un dirigente del PSOE de los derrotados en mayo.
Aragonés exige negociación bilateral
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha respondido este martes a Montero que no "especule" sobre las propuestas de un nuevo sistema de financiación, y ha exigido que la negociación de un nuevo modelo para Cataluña sea bilateral.
"No iremos de la mano de Ayuso y García-Page a defender un nuevo modelo de financiación", ha dicho Aragonés. "La ministra Montero, que no especule con el modelo de financiación. Si tiene una propuesta que la diga".
"Nuestra posición no será pensar en un nuevo sistema global para todas las comunidades, sino conseguir que los recursos que se generan en Cataluña, por parte de los trabajadores y de los ciudadanos y empresas, sirvan para financiar los servicios públicos en Cataluña y se acabe con el déficit fiscal", ha añadido el presidente de la Generalitat.
