El fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha vuelto a posicionarse en la parrilla informativa tras su declaración en el alto tribunal en el marco de la causa contra el fiscal general del Estado. Miembro de la carrera fiscal desde 1984, cuenta con una dilatada trayectoria profesional en la que ha desempeñado funciones en las Fiscalías de Barcelona, Granada, Sevilla y Madrid, así como fiscal en el Tribunal Penal Internacional. 

Acérrimo defensor de la independencia del Ministerio Público, ha presidido durante los últimos años la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), actualmente, personada como acusación en la causa contra Álvaro García Ortiz. No obstante, su nombre ha regresado a los grandes titulares después de que el pasado mes de diciembre acudiese al Tribunal Supremo a declarar en calidad de testigo en la causa dirigida por el instructor Ángel Hurtado. Viada aseguró que durante el registro de la UCO en la sede de la Fiscalía General del Estado, vio como la fiscal a cargo del caso, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, estaba junto al investigado manipulando un teléfono. Poco después, la Guardia Civil constató que el fiscal general había cambiado de terminal móvil. 

Salvador Viada atiende a Vozpópuli en su despacho de la calle Fortuny para una entrevista en la que denuncia el "daño reputacional" que la imputación de García Ortiz ha provocado a una institución "seria" como el Ministerio Público y aquellos "problemas a solucionar" en el seno de la Fiscalía y que su máximo representante no quiere abordar. 

Pregunta. ¿Por qué desde la asociación APIF decidieron personarse en la causa contra el fiscal general?

Respuesta. APIF es una asociación pequeña, no somos mayoritarios en la carrera fiscal aunque estamos creciendo, pero básicamente defendemos la despolitización de la Fiscalía. Cuando sale este asunto hicimos un comunicado inmediato, poco después empezaron las diligencias y empezamos a ver las primeras presiones. Al inicio, el caso recae sobre la Laura Silva que empieza a investigary cuenta con el apoyo de su jefe. En ese momento, nos encontramos con que la Fiscalía empieza a obstaculizar la investigación... Llaman tres veces para disuadirles de que sigan investigando. Este escenario hizo que viéramos que esta era una causa en la que la Fiscalía no quería que se conocieran los hechos, por lo que decidimos personarnos para que hubiera algún fiscal en el asunto con ganas de saber lo que había ocurrido.

En este asunto, la fiscal del caso es la número dos del Ministerio Público y tiene bastante proximidad al fiscal general del Estado, el investigado, lo que para nosotros es incompatible con la actuación profesional. El objetivo de personarnos fue, básicamente, para que hubiese una parte desinteresada. 

P. ¿Cómo afecta la labor de García Ortiz al frente del Ministerio Público a la imagen de la institución?

R. Es lamentable. García Ortiz no es más que un accidente desgraciado en la historia de la Fiscalía. Dentro de 30 años hablarán del fiscal general del Estado imputado que se agarraba al cargo sin querer dimitir. La carrera fiscal es otra cosa. Lo que es cierto es que la Fiscalía tiene problemas que García Ortiz no quiere arreglar. Tiene un problema de dependencia económica del Ministerio de Justicia que no quiere arreglar porque no reivindica nada, se queda quieto y deja que las cosas pasen como muchos de los anteriores también hicieron, es decir, esto no ocurre sólo con García Ortiz. En este momento estamos pasando una crisis tremenda. Además, la Fiscalía está concidionada por el Gobierno que habla de 'su fiscal general del Estado'... aquella frase famosa y lamentable del presidente del Gobierno en la que preguntaba de quién depende la Fiscalía.

"El Gobierno defiende al fiscal general por la filtración del novio de Ayuso, pero a la vez deja que se quema a fuego lento" 

P. Precisamente este jueves veíamos como la fiscal Almudena Lastra y Julián Salto apuntaban directamente a García Ortiz en el Tribunal Supremo, ¿cómo valora esa declaración?

R. La carrera fiscal es eso... Almudena Lastra, Julián Salto o la mayor parte de los fiscales de España. Eso es la Fiscalía, gente que decimos: 'nosotros vamos a decir la verdad'. En esta profesión te encuentras con que hay fiscales íntegros. Con estas declaraciones la causa contra el fiscal general se apuntala con indicios cada vez más serios. A estas alturas, ¿cómo pretenden que aguante en el cargo sin dimitir?

A esto se suma el proyecto de ley con el que el Gobierno quiere cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar la instrucción a los fiscales. En este momento ¿a quién se le ocurre esto? La instrucción tiene que ser independiente y cualidad solo la tienen los jueces. Técnicamente podemos hablar de si es mejor el fiscal o el juez en el asunto, pero con un fiscal general así, ¿qué imagen vamos a dar?

P. ¿Qué debería haber hecho García Ortiz al principio de la instrucción?

R. Antes del principio. García Ortiz estuvo utilizando la institución para protegerse. El primer paso fue apartar a la fiscal encargada del tema, después, él asumió en el mes de abril o mayo la responsabilidad institucional de este comunicado porque no podía permitir que unos compañeros, que querían desmentir un bulo, cargaran con la responsabilidad. Con esto, él utilizaba la tribuna que le da la Fiscalía para colocarse fuera del núcleo de los autores de este hecho, sea o no delito, y se lo atribuyó a unos compañeros a los que investigaron por ello. El fiscal general tendría que haber dimitido desde el principio y tendría que haber dimitido cuando el Tribunal Supremo abre diligencias contra él, aunque sólo sea para proteger o por respeto a la institución que diriges.

Cuando imputan a unos compañeros por algo que has hecho tú, tienes que irte

P. Como comentaba antes, la investigación empezó por la publicación de una nota informativa, ahora escala hasta Moncloa y ya se habla de filtraciones anteriores...

R. Este es el componente más grave que tiene todo esto. ¿Qué le importa al Ministerio Fiscal que el investigado sea González Amador? No importa nada, tenemos infinidad de asuntos por delito fiscal, pero cuando el investigado se convierte en el novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid todo tiene importancia. Se canalizan todos los mecanismos internos de comunicación y descubirmos, gracias -por cierto- a la sagacidad del abogado de la APIF, que hubo unas conversaciones importantes con el señor Lobato. Conversaciones que incluso el Presidente del Gobierno tenía, también, con la intención de sacar el tema contra una rival política.

P. ¿El juez podría requerir el volcado de más dispositivos móviles? Incluso, ¿el de miembros de Moncloa como Pilar Sánchez Acera?

R. El juez tiene en primer lugar un trabajo difícil, porque ya ha visto usted cómo están los medios de comunicación más próximos al Gobierno con este juez, pero para mí está haciendo un trabajo profesional e independiente. Hay un delito grave que está castigado con pena de prisión, son penas de hasta cuatro años de cárcel, o sea, que no estamos hablando de ninguna tontería. Por ello, para aquellos que criticaron el registro del despacho del fiscal general, les digo que estamos hablando de un hecho gravísimo por el que se investiga al máximo representante del Ministerio Público y que vulnera los derechos de un particular. 

En este sentido, el juez puede interesar nuevas medidas con el objetivo de averiguar la realidad de lo ocurrido. Esto se va poniendo más y más complicado cuando ya es el presidente del Gobierno quien tiene ese papel, además pocas horas después de que el fiscal lo reciba. Esto tiene otra intención. 

En medio de un registro de la Guardia Civil. de una diligencia muy seria que nos tenía todos en la Fiscalía muy alterados, veo como la fiscal del asunto está consultando un móvil con el investigado

P. Precisamente, la cronología de los hechos es crucial en esta causa. También fue importante lo que ocurrió durante el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, ¿qué vio ese día en esta sede?

R. Yo estaba trabajando como ahora en este despacho y cuando salgo, a las siete de la tarde, me encuentro lo que vi ahí abajo. En medio de un registro de la Guardia Civil, de una diligencia muy seria que nos tenía todos en la Fiscalía muy alterados, veo como la fiscal del asunto está consultando un móvil con el investigado. Eso es lo que me llamó la atención. Desde luego yo no puedo saber qué estaban mirando, pero me quedé muy extrañado.

Además, esto incide en lo que decíamos antes; la connivencia entre el fiscal y el investigado. De hecho, nuestro código ético prohíbe esa conducta. El código ético de la Fiscalía dice que si un fiscal quiere hablar con el investigado en el curso de unas diligencias, tiene que hacerlo con la presencia del abogado.

P. ¿Cuánto tiempo le queda en el cargo a García Ortiz?

R. Aquí estamos siempre pensando en si llegara hasta el final de mes. Lo cierto es que, en teoría, su mandato acabaría con el Gobierno. Él ha sido elegido por toda la legislatura, entonces, si el Gobierno no le quiere cambiar, aguantará todo el tiempo que quieran. Sin límite. Por el contrario, la tormenta procesal que tiene encima... algún día tendrá que levantar la cabeza y decir: 'Yo no puedo hacerle esto a la Fiscalía'. También, a finales de este mes, el Tribunal Supremo resolverá sobre si su nombramiento fue o no conforme al derecho. Nosotros creemos que no es conforme a derecho, puesto que un fiscal general de Estado que ha incurrido en desviación de poder en el cargo no puede ser elegido para un cargo de esas características. El fiscal general del Estado que incumple grave o reiteradamente sus funciones puede ser cesado. 

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