El juez retira la condición de querellante a Iberdrola y pregunta a Fiscalía si cabe imputar a la matriz

El magistrado Manuel García Castellón ha decidido retirar la condición de perjudicada de Iberdrola S.A en el caso Villarejo. Una semana después de interrogar al presidente Ignacio Sánchez Galán y a exdirectivos de la multinacional, el instructor le ha quitado la condición de querellante y ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si cabe imputar a la matriz, a tenor de lo manifestado por Florentino Pérez y el exdirectivo José Antonio del Olmo, tal y como avanzó Vozpópuli.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que no puede mantenerle como perjudicada del anterior jefe de Funciones Corporativas, contra el que la firma mantiene varios frentes abiertos a tenor de un informe que redactó en 2004 en el que denunciaba un sistema irregular de pagos al comisario jubilado. El juez precisa que no puede seguir manteniendo su condición de parte porque ve incongruente que sostenga que el documento es falso y, a la par, que reconozca la existencia de este documento.

"Mal casa la pretensión de la compañía de sostener la falsedad de una documentación con la posición procesal de su Presidente, quien pretende introducir en la causa las alegaciones efectuadas por el Sr. del Olmo en otro procedimiento en el que se reconoce la realidad de la documentación que este guardaba en su poder y que la su empresa que dirige entiende que son falsos", reza el magistrado en relación a la tesis sostenida por Ignacio Sánchez Galán, el cual declaró en sede judicial por estos hechos la semana pasada.

El instructor, que avanza que prorrogará otros seis meses más esta pieza decimoséptima del caso Villarejo, recuerda que él ya apreció "conflicto de intereses" en relación al papel que juega Iberdrola S.A en estos hechos. Cabe recordar que la firma ostentaba hasta ahora esta condición dado que la Audiencia Nacional asumió una causa proveniente de los juzgados de Bilbao en la que actuaba contra Del Olmo por falsedad documental.

El juez ya le retiró la condición de perjudicada en verano, si bien la Sala de lo Penal corrigió su decisión y se la devolvió al considerar que había que esclarecer si el documento de Del Olmo es o no falso. Con este escenario el juez le reconoció hace apenas unos días su potestad para pedir diligencias de investigación contra este exdirectivo. Ahora bien, dejó claro que él las consideraba completamente innecesarias para dilucidar sobre el fondo del asunto, que no es otro que esclarecer quien ordenó las contrataciones con las empresas del comisario jubilado.

Descarta archivos

En su nuevo auto vuelve a referirse a Del Olmo como un testigo clave de todo este asunto, pese a que figura como imputado por visar las facturas que reportó como falsas. La aparición en la causa de su documento (que llevó ante notario) sirvió a los investigadores de impulso a esta pieza, máxime porque apuntaba a operaciones triangulares "confidenciales" de las que solo estarían al tanto unos pocos directivos de Iberdrola, entre ellos, Ignacio Sánchez Galán. El presidente, por su parte, aprovechó su cita ante el juez para negar cualquier veracidad del papel y reprocharle que nunca denunciara los hechos.

Entre los nombres que recogió este informe se encuentra el de Antonio Asenjo, entonces director de Seguridad de la multinacional vasca. Al respecto, el juez resuelve en su auto de este jueves que debe seguir imputado "a la vista de las diligencias que restan por practicar". Cabe recordar que el presidente de Iberdrola delegó en él las contrataciones con el Grupo Cenyt negando que conociera el contenido de estos trabajos. Los mismos incluyeron espionajes a movimientos vecinales, socios en el extranjero y seguimientos a empresarios como Florentino Pérez o Manuel Pizarro.

Nuevas testificales

Al respecto, acuerda más de una decena de declaraciones de testigos, entre los que se encuentran algunos de los supuestos protagonistas de sus trabajos. Así, por ejemplo, llama a declarar a algunas 'víctimas' de su primer proyecto (Arrow) que tuvo como fin espiar a movimientos vecinales y políticos de Arcos de la Frontera (Cádiz) por su férrea oposición a instalar una central termoeléctrica de Iberdrola que contaba con todos los permisos. Por estos hechos declararán Juan Romo Aguilar; Josefa Caro Gamaza; Manuel Gomez Laguna; Ángel Fernández; Fernando Ordóñez Monteagudo; Andrés Merchán Cotos o Rafael Palomino Kaiser.

Del mismo modo también cita a Antonio Holguín y Francisco Javier García Saldaña, antiguos dueños de Casesa. Esta empresa fue la proveedora de Seguridad de Iberdrola que habría participado (según la denuncia de Del Olmo) en la operación triangular de facturas falsas del año 2004. Cabe recordar que ambos comparecieron ya en sede judicial en marzo de 2020 y negaron cualquier vínculo con el entramado de Villarejo. Pese a ello, Hacienda acreditó a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción que efectivamente constaban pagos de este proveedor al entramado de Villarejo el mismo periodo que el denunciado.

Imputado otro cargo de Iberdrola

El magistrado García Castellón llama también como testigo a Cornelius Dica (que figura como perjudicado en la causa) y al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño. El apodado como 'El Gordo' es uno de los protagonistas del caso Villarejo y está implicado en otras piezas, tales como la relativa al espionaje a Luis Bárcenas (trama Kitchen). Del mismo modo imputa a Enrique Victorero, jefe del área Internacional de Seguridad de Iberdrola.

Se trata de decisiones que acuerda toda vez que ha escuchado en sede judicial a los directivos investigados así como al responsable de Iberdrola Renovables. La filial, salpicada por costear presuntamente la última factura del último encargo a Villarejo, negó en sede judicial que este pago respondiera a un trabajo real. Al contrario, según expuso, correspondía al abono de una oferta de servicios que nunca llegaron a prestarse. Además, delegó esta factura en Del Olmo, recordando que él visó los pagos en su condición de controller de todo el grupo. Del Olmo, tal y como avanzó este diario, respondió en un escrito remitido esta semana a la Audiencia Nacional apuntando que nunca trabajó para esta filial, sino para Iberdrola S.A.