El juez de Púnica unifica la investigación por la caja B del PP de Madrid en su recta final

El magistrado Joaquín Gadea ha incorporado a la investigación por la supuesta caja B del PP madrileño las pruebas que aportó recientemente el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega contra Esperanza Aguirre. El juez unifica de este modo en la pieza más importante de Púnica las supuestas evidencias de la contabilidad opaca en el partido regional. Lo hace tras la orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, a comienzos de mes, corrigió al juzgado y acordó que todo este asunto se debe investigar en una misma pieza.

En su providencia, recogida por Vozpópuli, el magistrado ordena al departamento de Nuevas Tecnologías que incorporen a la pieza nueve (relativa a la presunta caja B del PP de Madrid) todo lo que contenía la pieza 13 y que, al mismo tiempo, hagan desaparecer esta última. La misma se abrió el pasado 12 de mayo a tenor de la documentación que aportó a la causa Ortega (conocido como 'El Rata') y que, según sostiene, vendría a probar que el Partido Popular se financió de manera irregular aprovechando el control que ejercían sobre las empresas públicas de la Comunidad de Madrid.

Este nuevo cambio de rumbo en una de las pesquisas más longevas de la Audiencia Nacional podría implicar una nueva dilación en las diligencias que tanto el magistrado Manuel García Castellón como la Fiscalía Anticorrupción se propusieron cerrar el 29 de enero de 2022. El instructor ya ha informado a las partes en numerosas ocasiones que la instrucción de esta pieza ha llegado a su fin, si bien decidió prorrogarla hasta este mes de enero a petición del Ministerio Público.

Aguirre, en el foco

Los tres fiscales al frente de la causa informaron en octubre que no pedirían nueva prórroga de estas pesquisas que arrancaron en 2014, a menos que la Audiencia les diera la razón y ordenaran al juez deshacerse de la pieza 13 e incluirla en este apartado. El hecho de que ahora la Sala de lo Penal respalde su petición vuelve a poner en jaque el verdadero fin de esta investigación en la que, además de Aguirre, también están imputados su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid Ignacio González; Francisco Granados, varios exconsejeros como Salvador Vitoria o Lucía Figar y el empresario Javier López Madrid, entre otros.

Por el camino el magistrado ha ido archivando las pesquisas a otros protagonistas de esta pieza novena como la también expresidenta regional Cristina Cifuentes o el expresidente de Indra Javier Monzón. Sin embargo, el peón clave en este caso es Aguirre. Mientras desde el juzgado se inclina la balanza hacia un posible archivo ante la ausencia de indicios que acrediten su participación en este circuito de facturas falsas, la Fiscalía insiste en señalarla como la verdadera artífice de este mecanismo que se habría instaurado tras su llegada al poder en 2004.

Tanto es así que el pasado año, cuando la instrucción parecía acercarse a su fin, la Fiscalía solicitó al instructor que tomase declaración a 'El Rata', al exedil de Boadilla del Monte Arturo González Panero (alias 'El Albondiguilla') y a Isabel Jordán, antigua empleada de una de las empresas de Francisco Correa. Lo hicieron tras confesar en tres cartas remitidas al Ministerio Público que Aguirre era conocedora de esta financiación opaca. El magistrado accedió y les citó en julio del año pasado. Los tres implicados en la Gürtel dijeron que todo lo que ocurría en la Comunidad estaba controlado por la expresidenta.

Las facturas de Ortega

No obstante, el único que aportó algún detalle sobre estos hechos fue el exalcalde de Majadahonda. 'El Rata' -que suma una condena de 38 años de cárcel por la trama Gürtel- explicó que en una de las reuniones que mantuvo en la sede del PP en Génova con Esperanza Aguirre en 2007 vio como el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le entregó un sobre con 60.000 euros en su interior. Misma versión defendió tiempo después Luis Bárcenas, el cual identificó al donante de este presunto pago en B. Se trataba de Luis Gálvez, propietario de la constructora Ploder.

El magistrado le citó a declarar pero le archivó la imputación en tiempo récord después de que el empresario negase ni tan siquiera haber pisado la sede de Génova. Con todo, Ortega también apuntó que se utilizaron órganos públicos en este supuesto desvío de fondos, como el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y Mercado de Toledo. Una confesión que estuvo a punto de costarle la imputación en la causa Púnica dado que él era gerente de esta empresa en el momento de los hechos.

García Castellón requirió a la Comunidad de Madrid los contratos con agencias de publicidad adjudicados por Mercado Puerta de Toledo entre 2006 y 2010 y, ya en mayo de este año, abrió la última pieza separada del caso Púnica con toda esta documental. La decisión provocó el rechazo de Anticorrupción y otras acusaciones del procedimiento, como ADADE, que consideraron que estos hechos se tenían que investigar conjuntamente con la presunta caja B del PP de Madrid, es decir, en la pieza novena.

Desfalco de 20 millones

La Fiscalía explicó que no se podía desgajar únicamente porque el juzgado quisiera terminar con esta parte del caso Púnica. Al respecto alegó que obran en el sumario más pruebas que apuntan al empleo de IMADE como órgano para desviar fondos a través de contratos de publicidad a empresarios ligados a la trama como Juan Miguel Madoz Echevarría (dueño de Swat). Además, se refirió a las facturas presentadas por Ortega en relación a Mercado de Toledo; entre que, a su vez, dependía de IMADE.

Este órgano, adscrito a la Consejería de Economía, se nutrió de importantes ayudas comunitarias que habrían terminado en las arcas del PP de Madrid hasta su liquidación en 2010. De hecho, la cuantía total defraudada superó los 20 millones de euros, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la cual recordó igualmente que Ortega aludió a las instrucciones recibidas para abultar las campañas de publicidad adjudicadas a los empresarios de la trama. Aguirre, por su parte, siempre negó estas acusaciones y apuntó a que colaboraban con Anticorrupción para librarse de sus altas penas por la Gürtel.