El proveedor chino del Gobierno en pandemia cambia sus estatutos en plena investigación

Los empresarios al frente de la compañía HongKong Travis Asia Limited, a la que el Gobierno adjudicó contratos por valor superior a los 200 millones de euros en la pandemia, han vuelto a cambiar los estatutos de la sociedad, que se caracteriza por un enrevesado entramado financiero que dificulta su rastreo. Las modificaciones se han llevado a cabo en plena investigación judicial, a cargo de la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que trata de aclarar los términos en los que se adjudicaron los contratos para la adquisición de material sanitario.

Según ha podido acreditar Vozpópuli, HongKong Travis Asia Limited notificó el pasado 20 de octubre un cambio en los datos particulares del director y del secretario de la compañía, dos figuras clave en el entramado societario que sostienen a la compañía. Desde que la sociedad se adjudicara los contratos multimillonarios adjudicados a dedo por el Gobierno durante la pandemia, sus estatutos han sufrido numerosas alteraciones, aunque en esta ocasión se ha producido en el marco de la investigación judicial abierta por el juzgado de Madrid.

La magistrada Concepción Jerez, que admitió a trámite una querella de Vox para investigar varios contratos sanitarios de la pandemia -incluido el adjudicado a HongKong Travis Asia Limited-, ya tomó declaración a tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de esta investigación: el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) de Hacienda; y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz.

Como contó Vozpópuli, la compañía de origen hongkonés se caracteriza por las múltiples ramificaciones en su estructura que dificultan su seguimiento: sus estatutos asignaban el desempeño de puestos clave a otras empresas, que a su vez estaban gestionadas por terceras sociedades. El papel de secretario de HongKong Travis Asia recaía en la empresa Hung Kai Registrations (HK) Limited, a la que las autoridades le impusieron una multa por violar la ordenanza contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Socio preferente del Gobierno

De acuerdo a la documentación depositada en el registro mercantil de Hong Kong, la sociedad se constituyó en agosto de 2018 con un capital social de 10.000 dólares hongkoneses, el equivalente a unos 1.200 euros. Su sede principal se ubicaba en un edificio que albergaba decenas de empresas. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), era habitual que en este mismo bloque de oficinas se instalasen sociedades vinculadas a los Papeles de Panamá.

HongKong Travis Asia Limited se convirtió en uno de los socios preferentes del Gobierno para la adquisición de material sanitario durante la pandemia

HongKong Travis Asia Limited se convirtió en uno de los socios preferentes del Gobierno para la adquisición de material sanitario durante la pandemia, en un contexto marcado por la convulsión de los mercados internacionales y el desabastecimiento global. Se le adjudicaron contratos por valor superior a los 200 millones de euros. El más cuantioso se firmó el 20 de marzo de 2020, pagando 196.580.196,78 euros para la compra de mascarillas con nivel de protección FFP2. Asimismo, el 8 de abril de 2020 se firmó un nuevo contrato con la misma compañía hongkonesa por 15.344.510,79 euros, en este caso para mascarillas FFP3.

Desde que HongKong Travis Asia Limited se llevase los contratos del Gobierno para el suministro de material suministro, la empresa ha cambiado sus estatutos en cinco ocasiones; modificaciones entre las que se incluyen relevos en la cúpula de la empresa y sus direcciones societarias.

Contratos por vía de emergencia

La adjudicación de todos estos acuerdos comerciales se llevó a cabo mediante el procedimiento de emergencia, al amparo de la legislación de contratos del sector público. O lo que es lo mismo, sin concurso público, mediante adjudicación directa y sin pasar por los habituales cauces de contratación, debido a la urgencia derivada de la crisis sanitaria y la necesidad de adquirir de forma inminente el material necesario para protegerse frente al coronavirus.

A partir de las revelaciones de estos contratos, Vox solicitó a la Justicia que investigase algunos de los contratos que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) adjudicó durante la pandemia para la adquisición de material sanitario, al considerar que el proceso fue "deficiente, irregular, injustificado y con un sobrecoste muy elevado al del mercado". Desde la formación política también esgrimían que las empresas bajo investigación judicial -entre ellas, HongKong Travis Asia Limited- no tenían solvencia técnica ni profesional en el sector sanitario.

La investigación judicial sigue abierta y bajo secreto, aunque la juez encargada del caso no ha tomado nuevas declaraciones aparte de los tres altos cargos del Gobierno de Sánchez que ya ofrecieron detalles sobre la contratación en pandemia.