El juez prorroga hasta 2023 el caso contra Duro Felguera para interrogar a un jerarca chavista

El caso Duro Felguera seguirá instruyéndose en la Audiencia Nacional al menos hasta enero de 2023. El magistrado Ismael Moreno ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido prorrogar medio año más una causa que arrancó en septiembre de 2017 por las mordidas millonarias que habría pagado la constructora asturiana para adjudicarse un proyecto eléctrico en Venezuela en 2008.

El juez atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y alarga seis meses más este procedimiento abierto por delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales. En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor explica que se trata de una causa compleja en la que se tienen que practicar varias diligencias de calado; entre ellas interrogar al exdirector de una filial de PDVSA Luis Carlos de León.

Moreno recuerda que la Audiencia Nacional tiene pendiente interrogar a este exalto cargo que participó en la trama de sobornos a funcionarios venezolanos y a su mujer Andreina Gámez. Por ello, el juzgado remitió comisión rogatoria a Estados Unidos en noviembre del año pasado, si bien a día de hoy todavía está pendiente de respuesta.

La práctica de estas diligencias puede derivar en otras en las que no se descarta la imputación de más personas

Además, recuerda que hace ahora un año se acordó también tomar declaración como imputada a Consuelo Pardi, exmujer del que fuera viceministro de Energía de Venezuela Javier Alvarado Ochoa. Por ello, y teniendo en cuenta que de estas diligencias pueden surgir otras más, el juez decide prorrogar hasta el 23 de enero la investigación contra Duro Felguera y exaltos cargos del Gobierno venezolano implicados en el presunto pago de mordidas superiores a los 25 millones.

Comisión de 3,8 millones

La Fiscalía considera relevante interrogar a Carlos de León a tenor de los avances surgidos a lo largo de estos años de investigación. Según razona, este exalto funcionario venezolano jugó un papel "necesario" junto con otros imputados en la causa "para la culminación del cobro de comisiones" abonadas por Duro Felguera y su posterior blanqueo de capitales. La operativa se habría llevado a cabo en España a través de la inversión en chalets de lujo a las afueras de Madrid y coches de alta gama.

Anticorrupción sostiene que este antiguo miembro del clan chavista, localizado en Texas, participó en la red aprovechando que ostentaba un puesto de "total capacidad de decisión en el sector energético" de Venezuela. De las diligencias practicadas hasta el momento quedaría patente que De León no solo medió para facilitar la adjudicación del contrato a la constructora asturiana, sino que se llevó por ello 3,8 millones de dólares que canalizó a través de su sociedad Harmony Capital Inc.

Los investigadores también quieren interrogar a su pareja, a quien sitúan como administradora de sociedades que gestionaron la comisión. Así, por ejemplo, se identificaron ampliaciones de capital de 3 millones de euros en una de sus sociedades o la compra en la urbanización de La Moraleja (Madrid) de una mansión valorada en 4 millones de euros. El matrimonio adquirió el chalet a través de transferencias ordenadas desde una sociedad radicada en Panamá y cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra, entidad que se ha visto salpicada por varias tramas de blanqueo vinculadas al chavismo.

El contrato de Duro Felguera

Por todo ello Anticorrupción les implica en la causa y apunta también a delito de organización criminal. Con todo, la Fiscalía ya acotó su investigación en relación a las presuntas mordidas que habría pagado Duro Felguera a altos cargos venezolano en 2008. Al respecto sostiene que la constructora abonó estos pagos para adjudicarse un contrato con la compañía Electricidad de Caracas (filial de Corpoelec) para construir una central de ciclo combinado de Termocentro por más de 1.500 millones de euros.

Para ello, la asturiana, que actuó como UTE junto con otra sociedad más, firmó una serie de contratos con entidades y funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez que, según Anticorrupción, tendría por objeto encubrir el pago de las comisiones y sobornos a los imputados. Éstos, por su parte, defienden que se trató de un contrato de asesoramiento perfectamente legal. Alvarado Ochoa alega al respecto que él no tuvo intervención alguna ya que no tenía dicha capacidad de mando. Delega las actuaciones en Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, y en el propio Chávez.

Sin embargo Fiscalía insiste en que el entonces presidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torre Inclán, y el consejero delegado Ángel Antonio del Valle habrían pagado unos 105 millones de euros a exaltos cargo del Gobierno bolivariano, como Nervis Villalobos, para que mediaran en la adjudicación del contrato aprovechando sus influencias en la administración.

Los fiscales se amparan en el contrato materializado entre Duro Felguera y la sociedad Terca, controlada por Luis Barrios. Aunque el mismo se justificó para prestar servicio de asesoramiento en el procedimiento, éstos mantienen que la verdadera finalidad del acuerdo fue "justificar el cobro de las comisiones pactadas". Además, sostienen que, una vez efectuados los pagos, se creó una "estructura societaria" en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes o Emiratos Árabes Unidos.

Los investigadores alcanzan esta conclusión a tenor de la información remitida con las comisiones rogatorias a Suiza, Andorra y Mónaco. "La operativa descrita con las transferencias generadas entre finales de 2008 y mediados de 2010 se encuentran directamente vinculadas al contrato firmado por Terca y Duro Felguera, habiéndose utilizado diferentes entidades bancarias, personas interpuestas y otros vinculados a sociedades sobre las que no existe actividad real", expuso al respecto la Policía Judicial en un informe incorporado el año pasado a la causa.