El enfado de la Comisión fuerza a Bolaños a desdecirse y obliga al Gobierno a explicar la amnistía en Bruselas

El Gobierno empieza a acusar la presión internacional por su ley de amnistía. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tenido que desdecirse de sus palabras y viajará a Bruselas para defender el proyecto ante la Comisión Europea en nombre del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La decisión de Bolaños se produce tras una carta de advertencia del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y apenas unas horas después de que el comisario español más relevante de la Unión, Josep Borrell, que además es socialista, expresase en público "bastante preocupación por estos acuerdos".

Las declaraciones de Borrell han sido un golpe muy duro para el PSOE en Bruselas. La consecuencia inmediata es que Bolaños ha tenido que comerse sus propias palabras y ha solicitado una reunión con Reynders. El titular de Presidencia le había dicho al comisario Reynders hace unos días que no tenía nada de qué hablar porque era una propuesta del Congreso. Bolaños ha pedido también una entrevista con la vicepresidenta de la Comisión y responsable de las competencias de Valores europeos, Vera Jourová, que en privado, y según ha sabido Vozpópuli, ha trasladado a sus colegas una gran inquietud por lo que esta legislación puede suponer para el Estado de Derecho en España.

El viaje de Bolaños prueba que el Gobierno siente la presión de Bruselas no sólo por el descontento de la Comisión, sino también por la montaña de críticas que acumula la amnistía en las principales cabeceras de la prensa internacional, según explican fuentes comunitarias consultadas por este diario. La Comisión ya dispone del la ley. Y su intención es no pronunciarse sobre la misma hasta su aprobación definitiva, en la que todavía no está claro si habrá enmiendas para incluir el término lawfare, que figura en el acuerdo con Junts pero no aparece literalmente en la proposición registrada por el PSOE en el Congreso.

No es el único rifirrafe entre el Gobierno y la Comisión en las últimas horas. El portavoz de la presidenta Ursula von der Leyen ha tenido que desmentir una información en la que se les atribuía una valoración positiva del borrador de la ley. La Comisión insiste en que esperará a leer y analizar la legislación final que salga de las Cortes antes de emitir su veredicto.

Bolaños se traga sus palabras

El gesto echa por tierra además uno de los principales argumentos de Sánchez en el exterior: que la amnistía es un proyecto parlamentario y no del Gobierno. El hecho de que sea Bolaños el encargado de defenderla ante las instituciones europeas evidencia que Bruselas ya no se traga el cuento de la mayoría parlamentaria. Y deja en muy mal lugar al Gobierno.

Si la amnistía hubiera sido presentada por el ministerio de Justicia, el proyecto legislativo hubiera ido acompañado de informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de Gobierno de los jueces ya ha expresado su disconformidad con la norma porque "vulnera la separación de poderes".

El PSOE ha tratado de atar todos los posibles cabos sueltos de la amnistía en España para que Carles Puigdemont quede libre en cuanto se apruebe. Lo que preocupa en Bruselas no es solo el ataque a la separación de poderes, sino que se perdonen 11 años de delitos que van desde la malversación de fondos públicos –europeos entre ellos- hasta imputaciones por delitos de terrorismo.

El CGPJ advirtió la semana pasada, antes de conocerse los detalles de la ley, que la amnistía no sólo violenta la Constitución sino también los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea "para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial".

Batalla en Europa contra la amnistía

Bruselas es un escenario clave de la batalla de la oposición contra esta ley, que Sánchez ha concedido a los separatistas a cambio de su investidura. España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) que la Eurocámara pone bajo vigilancia por el deficiente funcionamiento de su Estado de Derecho. Los tres anteriores fueron Polonia, Rumanía y Hungría.

El pleno de Estrasburgo abordará el proyecto de amnistía en un debate que se celebrará la próxima semana. Los eurodiputados de PP y Ciudadanos han enviado esta semana una carta a la Comisión Europea y al Consejo explicando el pacto alcanzado por PSOE y Puigdemont. En la carta, señalan que "España se encuentra al borde de la crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años" a raíz de la firma de este acuerdo. A su juicio, la amnistía "marca el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de derecho".

PP y Cs han dividido sus agendas para reunirse con embajadores, comisarios, parlamentarios y hacer llegar el mensaje de lo que supone esta ley, de aprobarse, para el Estado de Derecho en España. "Se trata de hacer pedagogía", dicen fuentes del partido naranja.

El objetivo es llegar al pleno de la Eurocámara con los deberes hechos. Los eurodiputados de ambos partidos -21 en total- quieren entrevistarse con los embajadores de la representación permanente del mayor número de países posible. También esperan reunirse con comisarios y diputados de todos los grupos, incluidos los socialistas europeos para explicarles la importancia de impedir la aprobación de esta norma.