La ley de amnistía incluye desde los delitos económicos de Artur Mas a los actos terroristas de los CDR

La ley de amnistía, que se espera que se registre este lunes en el Congreso, incluye desde los delitos económicos del expresidente catalán Artur Mas a los actos terroristas de los Comités de Defensa de la República (CDR). "La presente ley orgánica amnistía los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012, año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023", explica la proposición de ley orgánica avanzada por eldiario.es

El texto aclara que "la amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales".

Así, el expresidente Mas, condenado por el uso indebido de fondos públicos para financiar la consulta independentista ilegal del 9-N de 2014 y los actos de protesta de los CDR tras la sentencia a los enjuiciados del procés quedan amnistiados. El texto explica en su exposición de motivos que la medida de gracia tiene varios precedentes en ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Todo un recado a las instituciones comunitarias que ya han requerido información el Ejecutivo sobre la norma, por si supone o no una afrenta al Estado de Derecho, uno de lo pilares del club comunitario.

La ley justifica su constitucionalidad

El Gobierno sabe que la ley de amnistía va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y, por tanto, se ha encargado de explicar bien porqué se trata de una medida constitucional: "La constitucionalidad de la amnistía fue declarada por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 147/1986, de 25 de noviembre, a propósito precisamente de la aplicación de la Ley 46/1977. En este pronunciamiento, se afirma taxativamente que 'no hay restricción constitucional directa sobre esta materia".

El texto sostiene que "la Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino solo una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente a la que es propia de una ley orgánica de amnistía, al ser el indulto una prerrogativa del Poder Ejecutivo". Y zanja: "La propia sentencia 147/1986 abunda en esta cuestión al afirmar que 'es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre si en una relación de diferenciación cualitativa".

Mientras, Pedro Sánchez ya ha puesto fecha para su examen en el Congreso de los Diputados. El candidato socialista a la investidura se someterá a la confianza de la Cámara los días 15 y 16 de noviembre, según ha anunciado la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El presidente en funciones ha dado a conocer sus plazos sin haber registrado aún la ley de amnistía, una de las exigencias de los independentistas. No obstante, el grupo socialista ya ha remitido a sus socios el texto.

El lío de las firmas

Está previsto que sea este lunes cuando entre en el registro, aunque todo indica que se está retrasando por las firmas de los grupos proponentes. El PNV, a través de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha denunciado a primera hora de este lunes que ni conocía el texto ni le habían pedido firma alguna en el documento, que les ha llegado a las 10.10. No sin cierta ironía, Esteban ha asegurado que la iniciativa la puede presentar un solo grupo. Y ha pedido tiempo al PSOE para poder estudiarla. El pleno arrancará el miércoles a las 12.00. Y, salvo sorpresa mayúscula, terminará al día siguiente.

En principio, el PSOE iniciará en el Congreso el trámite de la ley junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. La norma fue revisada punto por punto tras la imputación de Carles Puigdemont por supuestos delitos de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic. El problema es que en la amnistía amenazó con introducir casos que poco tienen que ver con el procés, como el que afecta a la presidenta de Junts, Laura Borrás, condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos. Y por el que ERC se quejó. Que el PSOE acepte el relato del lawfare ha sentado como una patada en las principales asociaciones judiciales del país. Ferraz tuvo que desmentir que el poder legislativo vaya a ser capaz de determinar si las acciones de un juez están determinadas por motivaciones políticas.