Tres meses de sesiones del 'procés': nueve claves del juicio que marcará la legislatura

El juicio del 'procés' ya ha alcanzado los tres meses de duración en sesiones de mañana y tarde desde su inicio el 12 de febrero en el Tribunal Supremo. Ya han declarado los doce líderes independentistas y decenas de testigos sin que sea posible establecer un pronóstico claro de cara a la sentencia. Estas son las principales claves del juicio que de una forma u otra marcará el inicio de la legislatura que ahora arranca tras la noche electoral del 28A.

1. La violencia se hizo esperar

El uso de la violencia está desde el principio en el centro del debate. Determinar el grado en el que se produjo condicionará la sentencia y las posibles condenas a los 12 acusados. La Fiscalía empezó fuerte en su defensa de que hubo rebelión (“los que se alcen violenta y públicamente”). En su primera intervención, los representantes del Ministerio Público acusaron a los líderes independentistas de fraguar un “cóctel explosivo” en el que llegaron a usar a la gente como “murallas humanas contra la Policía”.

Este duro relato hace difícil pensar que la Fiscalía vaya a renunciar al final del juicio a la calificación jurídica que mantiene en solitario una vez que la Abogacía del Estado optase por acusar por sedición (“los que se alcen pública y tumultuariamente”) que contempla penas más bajas. Sin embargo, la cuestión de la violencia desapareció en los interrogatorios a los acusados durante las primeras sesiones. Tuvo que avanzar el juicio y los testigos para que la cuestión entrase de lleno en los interrogatorios.

2. División en los acusados

Bastó la primera semana para evidenciar diferencias de criterio y estrategia entre los acusados. El abogado del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), Andreu Van den Eynde, arrancó denunciando que se trata de un juicio político. A su lado, el letrado del exconseller de Interior Joaquim Forn (PdeCAT), Javier Melero, negaba la mayor, abogaba por limitar el debate al Código Penal y comparaba este proceso con uno por estafa.

3. La figura de Marchena

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, llegó al juicio marcado por el WhatsApp del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. El mensaje justificaba el pacto con el PSOE para que Marchena presidiese el Tribunal Supremo y el CGPJ porque, a través de él, seguirían controlando por detrás la Sala de lo Penal, la que se encarga del juicio. Eso alimentó los recelos  de los acusados aunque Marchena renunció al puesto que para él habían consensuado populares y socialistas.

Desde el inicio del juicio, la figura del magistrado ha convencido a los abogados de los líderes independentistas tal y como reconocen en privado. Para ello fueron claves gestos iniciales como permitir a los acusados lucir el lazo amarillo en contra de la petición de VOX. Ha logrado imponer su autoridad en las sesiones y por lo general ha logrado que las soflamas políticas no protagonicen el juicio.

Con todo, los abogados de la defensa protestan por que decidiese aplazar la visualización de los vídeos del 20-S y el 1-O y los separase de las declaraciones de los testigos. Se da por hecho que no renunciarán a presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en busca de una condena a la Justicia española.

4. Puigdemont se asustó

Las declaraciones de los testigos más políticos como la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o su número dos, Soraya Saénz de Santamaría, resultaron por lo general decepcionantes para el devenir del juicio. Pero otras sirvieron para revisar lo que fueron aquellos días convulsos de otoño de 2017.

Especialmente gráfico fue el testimonio del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ejerció de intermediario entre Rajoy y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, protagonista ausente del juicio. Según dijo el dirigente vasco, Rajoy no era muy partidario de aplicar el 155 y el fugado Puigdemont declaró la independencia por presión.

5. El perfil bajo de VOX

Tras desempeñar una instrucción activa, los abogados del partido que dirige Santiago Abascal han pasado desapercibidos en el juicio, que tuvieron que compaginar con la campaña electoral. Ya anunciaron que no usarían el Tribunal Supremo como altavoz, pero sus interrogatorios no han justificado de momento la petición de hasta 74 años de cárcel que defienden contra los acusados por delitos como organización criminal.

Especialmente gráfico fue el error de no preguntar al exmayor de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero, por la reunión clave de la cúpula de la policía autonómica con la Generalitat. Se celebró días antes del 1-O y en ella los uniformados avisaron a los políticos de que podría haber violencia si seguían adelante con la consulta. La omisión obligó al juez Marchena a tener que preguntar él a Trapero por aquella reunión.   

6. No cuenten con la CUP

Las intervenciones del partido antisistema han servido poco a los acusados. Los dos primeros testigos de este partido solicitados por los líderes independentistas se marcharon sin declarar al negarse a contestar a los abogados de VOX. Más recientemente, el exdiputado de este partido David Fernández describió lo sucedido el 1-O usando términos similares a los que emplea la Fiscalía en su relato sobre la rebelión. Algunos testigos como Artur Mas también señalaron al partido como la culpable de la deriva rupturista al condicionar el apoyo a Puigdemont a convocar el referéndum.

7. Los Mossos se desmarcan

Trapero compareció en el juicio con la espada de Damocles del proceso que se seguirá contra él en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. El exmayor de los Mossos y sus compañeros en la cúpula del cuerpo autonómico enarbolaron un discurso que pasa por convencer al tribunal de que hicieron cuanto pudieron el 1-O con un plan que conocía el Ministerio del Interior y sin atender órdenes de la Generalitat. Trapero llegó a poner como ejemplo que barajaron incluso detener a Carles Puigdemont.    

Los Mossos, que fueron agasajados aquellos días por los sectores independentistas, se desmarcaron por completo de los planes de ruptura y se mostraron leales a la Constitución. Si logran convencer al tribunal de esta versión, afectaría de modo directo a la tesis de la Fiscalía, que incluye a la policía autonómica en su ecuación de la rebelión.

8. Duelo Trapero-De Los Cobos

El relato de Trapero choca de plano con el del coronel de la Guardia Civil al que la Justicia encargó la coordinación policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos. Su enemistad es personal. Este exalto cargo del Ministerio del Interior calificó de "estafa" el despliegue de los Mossos en el 1-O. A su juicio, el Cuerpo autonómico se planteó la jornada como unas elecciones legales normales y su objetivo era facilitar la consulta.

De los Cobos ya defendió esta versión durante la instrucción, tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional y su relato apuntaló la acusación contra los líderes independentistas y la cúpula policial. Una de las principales diferencias entre Trapero y de los Cobos es que el primero sostiene que en todo momento dio a conocer su dispositivo y el segundo lo niega. Por ello el abogado de Forn ha pedido un careo entre el guardia civil y el número dos de Trapero. El tribunal decidirá sobre ello cuando haya escuchado a todos los testigos.

9. Lo que queda

Es difícil determinar la fecha en la que el juicio quedará visto para sentencia, pero ya nadie cree que pueda terminar antes de mayo.  A finales de este mes tan solo está previsto que finalice la fase de los interrogatorios a los testigos. Les seguirán las comparecencias de los peritos, expertos que aportan su conocimiento sobre alguna materia como los guardias civiles que elaboraron los informes.

A estos les sigue la fase de prueba documental en la que las partes le dicen al tribunal cuáles son los documentos que creen que se deben tener en cuenta para elaborar la sentencia. Luego todas las partes harán públicas sus conclusiones en función de cómo se haya desarrollado el juicio y confirmarán sus peticiones de condena. Antes de terminar, los acusados tienen derecho a un turno de última palabra.

La elección como parlamentarios de algunos de los acusados abre un escenario inédito que amenaza el normal desarrollo de las sesiones del juicio tal y como se vienen celebrando hasta ahora. Por lo pronto, el tribunal ya ha liberado el día 21 de mayo cuando está prevista la constitución de las Cortes.