Publicado: 14/08/2020 04:45
El malestar creciente entre los alcaldes del PSOE con el decreto que han bautizado como la Ley Montero obligará al Ministerio de Hacienda a rehacer el texto si quiere sacarlo adelante. Los regidores socialistas han trasladado sus quejas en privado a la ministra María Jesús Montero, mientras guardan las formas en público para no dar alas al movimiento que lideran alcaldes del PP y de Podemos en contra de esta norma.
"Todos pensamos que no van a conseguir sacarlo", dice a Vozpópuli un alcalde del PSOE. "La inmensa mayoría de alcaldes, no solo socialistas, está en contra".
Solo el primer edil de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, está sacando la cara por el Gobierno. Otros alcaldes socialistas consultados por este diario han defendido el proyecto. Y aseguran que no tiene sentido tener un dinero en el banco "muerto del asco", que solo genera pago de intereses para las entidades financieras.
Alcaldes del PSOE, en contra
El resto de los principales alcaldes socialistas como Óscar Puente (Valladolid); Juan Espadas (Sevilla) o Carlos Martínez (Soria) ha sido más tímido en la defensa de la ley. Martínez, por ejemplo, la calificó de "insuficiente". Otros alcaldes socialistas destacados como el de San Sebastián de los Reyes (Comunidad de Madrid) han descartado acogerse al decreto.
"Los que guardan silencio es porque están en contra", aseguran fuentes socialistas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió esta semana que el decreto está abierto a la negociación con los grupos para su convalidación en el Congreso. Fuentes de Hacienda se remiten a las palabras de Montero, que admitió que la ley se "habla y se dialoga" en el Parlamento, dando entender que habrá modificaciones.
Pero la impresión de los líderes municipales del PSOE es que si no hay un cambio sustancial el decreto no saldrá adelante. Según estas fuentes, la coalición de Sánchez y Pablo Iglesias ha ido a por el eslabón más débil de la Administración, que son los ayuntamientos ante la debacle económica sobrevenida por la pandemia del coronavirus. Y recuerdan que es el mismo modus operandi del Ejecutivo del PP con Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda durante la crisis del 2008.
De Montoro a Montero
El anterior Gobierno del PP restringió el gasto de los municipios y les obligó a destinar cualquier superávit a la reducción de deuda. Los ayuntamientos solo podían aumentar los presupuestos de acuerdo al IPC y si subían los impuestos. Y se les permitía -y permite- algunos gastos puntuales, que son las conocidas como inversiones financieramente sostenibles. En estos diez años, algunas ciudades sin deuda han logrado unos ahorros considerables.
La reforma del PSOE ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de gastar un 35% de estos remanentes acumulados, a cambio de entregar el resto al Estado. El Ejecutivo se compromete a devolverlo en diez años e insiste en que no es obligatorio acogerse a este plan. Los Ayuntamientos, dice el Gobierno, tienen la capacidad de seguir ahorrando como hasta ahora. Hacienda recuerda que ya se liberaron 300 millones a los consistorios para hacer frente a la lucha contra la epidemia durante la pasada primavera.
"La mayoría de alcaldes no se va a acoger al nuevo decreto. Hay un mal ambiente", reconocen estas fuentes. "El Estado quiere reducir su déficit con el dinero de los Ayuntamientos y sin afrontar las grandes reformas que están pendientes, como las pensiones, etc".
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