Illa pagó un 3.500% más por mascarillas de una empresa chipriota de abogados con 4 empleados

Empresas chinas desaconsejadas por el Gobierno de Pekín que incumplen con los tiempos de entrega, batas desechables a 16 euros (50 veces por encima del precio de mercado); una fábrica de yesos para traer respiradores (que nunca llegaron); más de 260 millones a una empresa de artículos de marketing de bebidas alcohólicas para traer mascarillas; 10 millones a un empresario barcelonés del textil para traer guantes de nitrilo (que tampoco llegaron jamás)... El historial de compras del Ministerio de Salvador Illa en la pandemia está repleto de greatest hits. Y no para de crecer.

El Ministerio de Sanidad destinó más de 9 millones de euros a un despacho de abogados de cuatro empleados con sede en Nicosia (Chipre) para traer mascarillas quirúrgicas en el peor momento de la pandemia. De acuerdo con la información consultada por Vozpópuli, el Ministerio de Sanidad pagó por las mascarillas de esta compañía, Danbury Enterprises, un 3.500% más que lo que pagaba en el mismo período a las empresas españolas.

El contrato se adjudicó a Danbury Enterprises por 9.180.500 euros en abril de 2020, como figura en el acta de resolución. En el contrato se fija un precio de 7.800.000 por las mascarillas más 1.380.500€ por el transporte del material. En total, el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa compró 13 millones de mascarillas quirúrgicas a este despacho de abogados chipriota. Cada mascarilla salió a 70 céntimos, un precio muy superior al ofrecido por compañías españolas en el mismo período.

Es el caso de Suministros Hospitalarios, una empresa que además de española sí tenía como objeto social la importación y exportación de artículos médicos y sanitarios. El Ministerio de Sanidad firmó tres contratos por las mismas fechas con esta empresa para adquirir mascarillas. Los tres apenas suman en torno a 20.000 euros.

Las mascarillas que proporcionó esta compañía costaron 2 céntimos por unidad a las arcas públicas españolas. Es decir, 35 veces menos que el despacho de abogados con sede en Nicosia en el que Salvador Illa confió para adquirir 13 millones de mascarillas quirúrgicas.

El entonces director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso Jiménez, señala la siguiente justificación en el contrato: "Se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencia de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere y, por ello, ha sido seleccionada".

Una adjudicación denunciada por Vox

Las alarmas por este contrato saltaron en Vox ya en 2020. Según consta en la documentación a la que ha accedido este periódico, ya entonces el grupo parlamentario del partido de Santiago Abascal puso en duda la viabilidad de esta empresa y denunció irregularidades en la adjudicación del contrato.

Dicho escrito ya advertía de que la "empresa tiene un total de 4 empleados entre todas sus ubicaciones y su objeto social es el 'ejercicio de la actividad propia de la abogacía".

En el primer anuncio de la adjudicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Sanidad no identificaba la dirección de la empresa adjudicataria. Se consignaba "dirección desconocida". El Gobierno tuvo que rectificar en una nueva publicación fechada un mes después. Vox también puso el acento en que el Ejecutivo no informó en primera instancia de cuántas mascarillas habían sido compradas a esta compañía chipriota.

Vox llamó la atención sobre la concurrencia al procedimiento. Y es que en la publicación del BOE "se afirma en el anuncio que hubo una sola oferta en el proceso de licitación, por lo que o bien no existía en toda España ninguna empresa interesada en suministrar material sanitario al Estado o bien la adjudicataria fue la única que tuvo oportunidad de conocer la existencia de la referida licitación". En cualquier caso, el Estado español salió perdiendo, ya que pagó un 3.500% más por mascarillas quirúrgicas.

Muchos de contratos firmados por Salvador Illa fueron trasladados desde Anticorrupción a la Fiscalía Europea por haberse utilizado fondos europeos para su adjudicación. Otros llaman la atención por la negligente actuación del Ejecutivo en pandemia.