La guerra que viene: Podemos cambiará la Ley de Vivienda pese a la resistencia del PSOE

Podemos promete que cambiará la Ley de Vivienda durante la tramitación parlamentaria que el Gobierno salvó este jueves gracias al apoyo de los independentistas catalanes de ERC. Lo cierto es que, según ha sabido Vozpópuli de fuentes gubernamentales moradas, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha jugado un papel clave para impedir que los republicanos tumbaran la tramitación de la norma y la devolvieran al Consejo de Ministros. Pero ahora viene otra guerra.

El Gobierno garantizó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que la norma estatal respetará la ley catalana de vivienda y no la tumbará, algo que podría trastocar la regulación del precio del alquiler en Cataluña. De esa manera, ha conseguido el favor de los independentistas. Pero Podemos busca más con ese movimiento: atar de nuevo al PSOE al bloque de la investidura.

Los de Belarra, que este jueves no pudo defender en el Congreso la norma pese a haber sido partícipe de ella junto con la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, —la encargada de explicarla— no quieren repetir el lío de la reforma laboral, que salió adelante por el error del diputado del PP Alberto Casero. Ese incidente estuvo a punto de tumbar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de herir de muerte a la coalición.

"Caerá la 'vacatio legis"

Eso sí, pese a las sonrisas de este jueves en la Cámara por el paso adelante dado por el Ejecutivo de coalición con Vivienda, en verdad, la ley seguirá siendo un quebradero de cabeza para los socios. Y todo porque el PSOE se resiste a ir más allá, según Podemos, durante la tramitación parlamentaria. Los socialistas, por ejemplo, no contemplan modificar la 'vacatio legis' de 18 meses que acordó el Gobierno. Es decir, el tiempo que transcurre desde la publicación de una ley hasta su entrada en vigor.

En Podemos siempre han defendido la tesis de que ese lapso es una cesión del PSOE al lobby de los grandes tenedores de vivienda. Pero los morados están seguros de que gracias a la presión del bloque de investidura lograrán reducir el período de gracia de la ley que permitirá a las comunidades autónomas regular los precios del alquiler.

Los de Belarra saben que la regulación del precio del alquiler ahora mismo tiene un agujero para que se cuelen por él los grandes fondos de inversión y, en definitiva, los grandes tenedores de vivienda: los 18 meses que tarda cualquier norma en entrar en vigor desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora, Podemos intenta tapar agujeros.

Una ley que para Podemos se quedó corta

Pese a que la norma que cocinó la coalición contó con el visto bueno de PSOE y Podemos, la realidad es que para los morados siempre fue insuficiente. Prueba de ello fue que respaldaran una proposición de ley diferente, avalada por la mayoría de formaciones del bloque de investidura, con ERC y EH Bildu a la cabeza, e impulsada por CCOO y UGT; la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); el Sindicato de Inquilinos. Además, esa proposición, claramente más ambiciosa, recibió el respaldo de Junts, CUP, Más País, Compromís, Nueva Canarias y el BNG.

Podemos siempre se escudó que la ley de vivienda se quedó corta porque el partido no tiene el peso suficiente para imponerse al PSOE y que no lo quedó más remedio que aceptar el proyecto que salió del Ministerio de Agenda Urbana si quería salvar el pacto de presupuestos. Entre tanto se coló el informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial.

Y es que el Poder Judicial plantó serias dudas en relación a la que es, sin duda, una de las leyes estrella del Gobierno. No solo en lo que respecta al ámbito competencial (que sería de las comunidades autónomas y no del Estado), sino también en lo relativo a la propiedad privada. Los vocales ya votaron en contra del primer informe al considerar que la norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es acorde con la atribución que la Constitución hace de esa materia a las comunidades autónomas. Podemos vio ese informe como una nueva excusa para dilatar aún más la aprobación definitiva de la ley y su tramitación, que ha arrancado tres meses más tarde de lo previsto.