Patrimonio evaluará las obras a la Guardia Civil de un empresario del entorno del 'tito Berni'

Patrimonio del Estado asumirá el peritaje de las obras en diferentes acuartelamientos de la Guardia Civil que están bajo la lupa de varios juzgados por presunto amaño. El ente asume el análisis de una decena de reformas de cuarteles de la Guardia Civil, algunos de los cuáles salpican a un empresario implicado en la trama de corrupción del 'tito Berni'.

El objetivo es delimitar si, tal y como denunció Asuntos Internos de la Guardia Civil, se han producido irregularidades en la adjudicación de contratos menores para acometer reformas, labores de impermeabilización y compra de material en diferentes comandancias de la Guardia Civil. Se trata de un paso determinante que se acuerda en el marco de unas diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y en las cuáles figuran cuatro personas imputadas.

Una de ellas es el teniente general Pedro Vázquez Jarava y otra el empresario Ángel Ramón Tejera de León. El nombre de ese último ha salido a relucir en el sumario del caso Mediador por sus vínculos con la trama de subvenciones irregulares en Canarias. Aunque no está imputado en el procedimiento insular, en este se ha convertido en pieza clave de la causa dado que muchos de estos contratos (que estratégicamente no superaban los 40.000 euros) se concedieron a sus empresas Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L.

La causa, que comenzó investigándose en Ávila, está pendiente ahora del peritaje que, según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, lo realizará Patrimonio. Ni la Fiscalía ni la Abogacía General del Estado (personada en esta causa por un posible perjuicio al erario público) se han opuesto a que sean peritos de la Dirección General de Patrimonio del Estado quienes comprueben la certificación de las obras bajo sospecha. Los expertos actúan después de que el Ministerio del Interior haya declinado efectuar este encargo.

Ahora será esta institución la encargada de valorar las obras en las dependencias bajo sospecha del Instituto Armado. Lo cierto es que, en lo que respecta a las obras de acuartelamiento de Ávila, ya fueron analizadas por una arquitecto en agosto de 2019 a petición del juzgado que investigaba estos hechos. Ahora Patrimonio hará lo propio con el resto de obras supuestamente irregularidades que han aflorado tras el caso Mediador.

Una docena de reformas bajo sospecha

Uno de los puntos que despierta sospechas en Asuntos Internos de la Guardia Civil es que las adjudicaciones se las hayan llevado empresas ubicadas en localizaciones muy distanciadas de los lugares donde se llevaban a cabo las reformas. Como contó Vozpópuli, una de las empresas de Ángel Ramón Tejera de León ha llevado a cabo al menos una decena de reformas en cuarteles de la Guardia Civil en diferentes puntos de España.

Así, la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife le encargó diversas obras en los acuartelamientos de Guía de Isora, Valverde de El Hierro, Tijarafe y Santa Cruz de la Palma, cada uno de ellos por alrededor de 39.000 euros (sin impuestos); cabe recordar que el límite para los contratos menores es de 40.000 euros, lo que permite las adjudicaciones mediante expediente administrativo, y no mediante procedimientos más complejos y sujetos a una inspección más detallada.

la Comandancia Guardia Civil de Algeciras le adjudicó a esta misma empresa dos contratos para “reparación y aislamiento” del “bloque 3” y del “bloque 4” de Tarifa, cada una de ellas unos 25.000 euros, a los que habría que sumar una tercera licitación -que se firmó el mismo día que las dos anteriores- para el “Pintado Exterior Bloques Acuartelamiento San Roque”, por poco más de 23.000 euros (casi 28.000, con impuestos).

A estas reformas habría que sumar otras dos adjudicaciones por parte del Instituto Armado a la empresa de Ángel Ramón Tejera de León: una, para las dependencias oficiales del Cuartel de Dolores (Alicante) por 47.985,40 euros (58.062,33, con impuestos), y una más, de 49.344,74 euros (52.798,87, con impuestos), bajo encargo de la Comandancia Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Tenerife y Valencia

Cabe destacar que, además de la causa abierta en un juzgado de Madrid, existe otra más que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia. Fuentes jurídicas informan que, en este caso, no existe ninguna conexión con la trama del tito Berni. Aquí figuran cuatro personas imputadas por delito contra la Administración Pública. Destacan un teniente coronel del Ejército y tres personas más, dos de ellas familiares suyos.

La investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil desveló presuntos amaños en obras de 13 comandancias de la Guardia Civil de toda España

Ninguno de ellos ha declarado ante el juez ya que la causa -aunque ya no está secreta- se encuentra en su fase inicial. Al igual que ocurre en Madrid, en Valencia se han nombrado a tres peritos arquitectos para examinar las obras bajo sospecha y realizar el informe correspondiente.

Todas estas investigaciones penales parten de un informe que elaboró Asuntos Internos de la Guardia Civil sobre los contratos al empresario Tejera de León entre 2016 y 2017. Los agentes advirtieron que era inusual que un empresario canario se adjudicara contratos de obras en Ávila ya que este tipo de trabajos "los realizan empresas locales". Además destacaron que muchos de ellos se quedaron sin terminar y en algunos casos incluso ni se comenzaron.

La implicación en estos hechos del teniente general Vázquez Jarava (entonces al frente de la Subdirector General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en Madrid) hizo que el juzgado de Ávila se inhibiera en favor de la capital. Ello propició una nueva vía de investigación que reveló que las empresas de Tejera de León también se beneficiaron de adjudicaciones idénticas en trece comandancias del Instituto Armado: Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid.

Precisamente, este mismo martes agentes de la Guardia Civil ha intervenido la tesorería de la Comandancia de Tenerife ante las sospechas de irregularidades en algunas adjudicaciones. Tanto es así que se ha enviado un interventor desde Madrid para controlar las cuentas. Asuntos Internos también está solicitando información a todas las unidades.