La pandemia y la división del feminismo por la 'ley trans' complican el 8-M

No habrá macromanifestación. Un año después de la marcha que derivó en una batalla entre partidos políticos a cuenta de la pandemia de covid-19 y de los guantes de algunas ministras, las organizaciones feministas afrontan el 8-M, Día Internacional de la Mujer, más divididas y con más restricciones que nunca.

Este 2021 no se prevén exhibiciones multitudinarias como las de ediciones anteriores. Aunque la Comisión 8-M de Madrid sí ha notificado a la Delegación de Gobierno en la capital su intención de celebrar una manifestación ese día. Eso sí, "con distintos puntos de entrada" y "cumpliendo con las medidas de seguridad y prevención que puedan establecer las autoridades sanitarias y epidemiológicas". Así lo asegura en Vozpópuli Arantxa López, una de las portavoces de la comisión.

El coronavirus continúa pasando factura y, aunque la incidencia acumulada sigue a la baja, aún se encuentra disparada por encima de los 416 casos por cada 100.000 habitantes.

"Hemos convocado una marcha en Madrid y estamos a la espera de conocer la respuesta del Gobierno. Estamos trabajando para cumplir con todas las medidas de seguridad y prevención contra el coronavirus. Este año tenemos mucha más información. Habrá un recorrido, pero pretendemos habilitar más puntos de entrada y, por supuesto, respetar la distancia de seguridad, llevar mascarilla...", explica.

Tensión en el Gobierno

La idea -dice- es complementar esta manifestación con otras actividades en los distintos pueblos y barrios de la comunidad. "Estamos valorando otros ejemplos de concentraciones anteriores como las del personal sanitario", adelanta. Preguntada por si valoran la posibilidad de utilizar automóviles, como las caravanas que promovió Vox, López aclara que esta alternativa "no casa muy bien" con los postulados "ecofeministas".

Sin embargo, la pandemia no es el único factor que complica el 8-M. La tensión en el Gobierno a cuenta de la 'ley trans' impulsada por el Ministerio de Igualdad también se ha trasladado a las calles. El colectivo transexual demanda una nueva norma, pero las asociaciones feministas están divididas con el fondo y con la forma en la que el departamento de Irene Montero está abordando el asunto.

Desde el Consejo de las Mujeres están preparando sus propias actividades y dar visibilidad al Día Internacional de la Mujer en otros escaparates como pueden ser los balcones, uno de los símbolos por excelencia durante el confinamiento.

Acciones contra la 'ley trans'

Fuentes de la organización de algunos actos del 8-M en la capital explican a este diario que habrá iniciativas en contra de la ley que cocina Montero y que, "este año más que nunca", tratarán de dar visibilidad "al debate sobre las teorías queer y la 'ley trans' que el Gobierno pretende esconder". También de denunciar la prostitución.

El embrollo con la nueva norma continúa. La asociación Confluencia Movimiento Feminista, que aglutina a una treintena de organizaciones, rechaza que las personas –incluidos menores de edad- puedan cambiar su sexo en el Registro Civil a través de una mera "declaración de la propia identidad sentida". Sin informes médicos ni psicológicos.

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, más cercana al PSOE y vigilante de las actuaciones de Montero y el Ministerio de Igualdad, pero también de Podemos y sus organizaciones satélite en autonomías y ayuntamientos, está analizando los borradores desde el punto de vista jurídico para denunciar lo que, a su juicio, supone un borrado de la mujer y de sus conquistas en materia de derecho.

Desde la Comisión 8-M, más cercana a los postulados de la formación morada, consideran que este 8-M "el debate de la 'ley trans' no está en la calle" y priorizan hablar de "violencia machista, cuidados, carencias en los servicios sanitarios y brecha salarial".

Evolución 8-M

De pedir hace más de 40 años el aborto libre y gratuito, cuando la manifestación del 8-M apenas sumaba un puñado de mujeres por la calle Tirso de Molina, el 8-M derivó en una macromanifestación capaz de paralizar la actividad en el centro de las principales ciudades durante tres años consecutivos.

El impulso del movimiento 'Me too' y la indignación alrededor del juicio de La Manada dispararon el número de asistentes en 2018 y, según las cifras de Delegación de Gobierno, el número de manifestantes se vio duplicado en 2019.

En 2020, en pleno avance de contagios por coronavirus y de la disputa entre los socios del Gobierno por las discrepancias en torno a la Ley de Libertad Sexual -que acabó con el ministro de Justicia acusado de "machista" y con PSOE y Podemos acudiendo al 8-M por separado- ya se constató una notable pérdida de afluencia.