José Luis Moreno denuncia que el bloqueo de sus cuentas le impide cobrar la pensión

El productor José Luis Moreno ha pedido a la Audiencia Nacional que le desbloqueen las cuentas no solo para poder efectuar pagos, sino también para canalizarlos. El humorista, que tiene las cuentas congeladas desde su arresto el pasado mes de junio por su implicación en el caso Titella, ha requerido al magistrado que le investiga que le libere los fondos para poder cobrar su pensión. Según precisa, el Ministerio de Seguridad Social ha dejado de abonar el subsidio al tener los depósitos bajo control judicial.

El ventrílocuo, implicado en esta macrocausa de estafa bancaria, ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 2 en el que reclama el desbloqueo "urgente" de sus cuentas asegurando que se trata de una solicitud que no causa perjuicio alguno a su patrimonio. "Ocurre que al día de la fecha se han denegado por parte de las entidades bancarias la recepción de ingresos en las cuentas de mi mandante. Prueba inequívoca de ello es la resolución dictada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social que deniega el percibo de la prestación de su pensión", señala.

Su defensa, que ya advirtió que Moreno estaba en situación de asfixia económica al tener controlado su patrimonio, adjunta con su escrito el documento remitido por el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, de acuerdo con esta nueva documental que obra en la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. La resolución, firmada el 4 de noviembre, indica que resuelven suspender su pensión de autónomo desde el 1 de octubre, "debido a que han sido devueltas por la entidad financiera tres mensualidades consecutivas de la pensión que percibe".

Del mismo modo, las sociedades vinculadas al productor y también implicadas en esta trama, solicitan al magistrado Ismael Moreno que le autorice los ingresos que puedan recibir estas sociedades, especialmente Youmore TV. Esta firma, que responde a una red multicanal, está asociada a Martin Mester, culturista checo y supuesta expareja de Moreno. Mester, que se ha desligado en todo momento de la trama, figuraba como administrador único de esta firma cuyo embargo parcial solicitó al juzgado el exsocio argentino de Moreno, Alejandro Roemmers.

El magnate, que denuncia que Moreno le estafó 35 millones de euros destinados a un proyecto cinematográfico, pidió al magistrado al frente de esta macrocausa que embargase las participaciones que tenía de Dreamlight Internacional Productions. Se trata de la sociedad que ambos crearon para impulsar una serie internacional sobre la vida de San Francisco de Asís y que, según sostiene el inversor, sigue sin terminarse. Por ese motivo no solo solicitó este embargo sino también de las cantidades que pudiera adeudar Koping Gestion, Youmore TV y Kulterperalia.

Se trata de firmas vinculadas todas ellas a Moreno y que los agentes sospechan que utilizó para mover su patrimonio de unas a otras con el fin de evitar hacer frente a las deudas que acumulaba con Hacienda. Estas mismas sociedades también se dirigen de nuevo al magistrado instructor para reclamar igualmente libertad de movimientos con sus fondos. El control judicial acordado tras el estallido de la causa no les permite operar con ellos y, por lo tanto, tampoco cumplir con los pagos a empleados o proveedores.

Las sociedades de Moreno

Aunque la defensa de estas firmas admite que la Audiencia ya dio luz verde a que pudieran efectuar determinados pagos, ahora reclaman que se les pueda proporcionar una tarjeta de débito para abonar programas informáticos que solo se pueden costear por esta vía. Junto con el escrito, se adjunta también facturas a las que hace frente YoumoreTV, información fiscal y tributaria, además de correos con entidades bancarias y nóminas de los trabajadores que tiene en plantilla.

De esta forma Moreno defiende ante el juzgado que sigue activo en cuanto a su actividad profesional se refiere, pese a que algunos implicados en esta causa, como Roemmers, sostienen lo contrario. El procedimiento, que nació en los juzgados de Plaza Castilla a tenor de la denuncia de uno de los bancos afectados por la red, sigue su curso contra medio centenar de personas a las que se les atribuye una estafa de 85 millones de euros. Además de investigarse el entramado que habría desfalcado a los bancos a través del sistema de peloteo de cheques, la Audiencia indaga en una segunda capa de esta red dedicada al narcotráfico y al posterior blanqueo de capitales.

Ayuda de Hacienda

Los investigadores continúan, por un lado, analizando todo el material incautado en los registros de finales de junio y, por otro, tomando declaración a los implicados. En lo que respecta al análisis de la documental, la Policía Judicial incautó cerca de 170 evidencias, de las cuáles un centenar eran teléfonos móviles. El resto lo componían discos duros, ordenadores, tarjetas de memoria y pendrives. Precisamente, el estudio de todos estos indicios y de las interceptaciones telefónicas llevó al juez Moreno a pedir auxilio a Hacienda.

En concreto, reclamó que se designasen funcionarios de la ONIF en labores de auxilio judicial a petición expresa de los agentes Guardia Civil y de la UDEF que investigan esta causa. Según explicó, se hacía necesario recurrir a la Agencia Tributaria teniendo en cuenta el empleo de empresas pantalla, la simulación de facturas falsas y la "gravedad y especialización" de los delitos que se atribuyen a la red (contra la Hacienda, falsificación documental y blanqueo de capitales, entre otros). En palabras del magistrado, "se derivan indicios de la existencia de una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad se diversifica en diferentes especialidades".

Además, el instructor también ha citado a declarar a diversos implicados en la trama en la que Moreno tenía el papel de "tarjeta de visita" en los bancos para conseguir la financiación que se desviaba a empresas de la red. De este modo, el magistrado citó a la sobrina del humorista -Natalia Fernández- además de empleados de sus firmas y administradores de las mercantiles empleadas para canalizar los fondos bancarios y sospechosos de actuar como testaferros de los cabecillas de la trama.