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Los 15 asesores de Moncloa que vigilarán los fondos UE no podrán fiscalizar su reparto

En una respuesta parlamentaria a Cs, el Gobierno afirma que la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, a pesar de contar con 850.000 euros en retribuciones, se limitará a "dar seguimiento" y mantener informado a Sánchez

fondos europeos
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Pedro Sánchez, en la entrega del Plan de Recuperación. EUROPA PRESS

La Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Moncloa, que cuenta con 16 empleados (quince de ellos asesores) y cerca de 850.000 euros anuales en retribuciones, no tiene labores de fiscalización sobre los fondos europeos y sus funciones se limitan a dar seguimiento e informar al presidente Pedro Sánchez sobre la ejecución del plan aprobado por Bruselas.

Así consta en la respuesta que el Gobierno ha dado a una batería de preguntas efectuada por el grupo parlamentario de Ciudadanos, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, sobre qué mecanismos existen en la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para evitar un posible fraude o falta de rigor en los procedimientos de fiscalización y verificación del uso de los fondos europeos, entre otras cuestiones relacionadas.

"La Unidad de Seguimiento del Plan no tiene asignada ninguna función de fiscalización de los fondos europeos, que se realizan por parte de la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda, así como en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)", precisa el Gobierno en su respuesta a la batería de preguntas registrada hace un mes por la diputada de Ciudadanos María Muñoz.

En su respuesta, el Ejecutivo no aclara cuáles son las funciones específicas que cumplirá esta unidad dependiente de Presidencia del Gobierno, que tiene como jefe a Santiago Fernández Muñoz, exconcejal de Urbanismo de Torrelodones (Madrid), más allá de afirmar que "tiene el objetivo de realizar el seguimiento del plan", algo que ya se señala en el propio nombre de este departamento de Moncloa.

"Con esta respuesta, el Gobierno nos dice que la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación que ha montado Moncloa, y que ha sido creada específicamente para ese seguimiento del plan de recuperación, no va a tener labores de fiscalización y que solo se va a limitar a hacer labores de seguimiento para poder informar al presidente”, afirma la diputada de Cs María Muñoz en declaraciones a Vozpópuli.

“No es serio. ¿Se ha montado esta oficina con 15 asesores y con un presupuesto de 850.000 euros solo para informar al presidente?. ¿En serio? Siguen haciéndose las cosas con falta de transparencia", añade la diputada naranja.

Cs: "Los fondos se repartirán a quien quiera Sánchez"

El Real Decreto-ley 36/2020 del 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de Moncloa, que dirige Manuel de la Rocha y a la que está adscrita la Unidad de Seguimiento del Plan, quedará a cargo de "mantener informado de modo directo y continuo al presidente del Gobierno".

Aquel decreto-ley, que salió adelante con la abstención de Vox, “permite que el Gobierno haga y deshaga sin ningún tipo de criterio técnico ni transparencia lo que quiera con los miles de millones de euros de los fondos europeos”, según denuncia Ciudadanos. 

En su respuesta a la batería de preguntas de la formación naranja, el Gobierno detalla que "la gestión de los fondos recaerá en los ministerios y organismos competentes dependientes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el ámbito de sus competencias, que deberán reportar a la Secretaria General de Fondos, la Autoridad de Gestión ante las autoridades europeas".

"El sistema de control del Mecanismo de Recuperación va a descansar en los sistemas ya existentes en las Administraciones Públicas españolas, empleando herramientas, procedimientos y organismos responsables presentes en el funcionamiento ordinario de las Administraciones españolas, pero reforzando y adaptando su enfoque para dar la cobertura necesaria que garantice la adecuada protección de los intereses financieros de la UE", añade el Ejecutivo.

No obstante, el Ejecutivo sitúa a esta unidad entre los mecanismos creados en el Real Decreto-ley de diciembre pasado para "facilitar la toma de decisiones y garantizar un efectivo control y auditoría de los fondos"

Una respuesta que tampoco ha convencido a la formación naranja. Desde que Bruselas aprobó los 140.000 millones para la recuperación post-covid para España, Ciudadanos reclamaba la creación de una agencia independiente, similar a que tienen otros países europeos, para administrar y gestionar los fondos en base a criterios técnicos independientes. Una petición similar a la que viene realizando el Partido Popular en el último año.

"Seguimos denunciando como partido esa opacidad y esa falta de transparencia y de control, esa falta de criterios técnicos que rodea a los fondos europeos. Por desgracia, esos 140.000 millones de euros estoy convencida, y ojalá me equivoque, de que se repartirán cómo, cuándo y a quién Sánchez decida", añade la diputada de la formación naranja. "Tenemos ejemplos como el Plan-E de Zapatero o, más recientemente, el rescate a Plus Ultra", añade María Muñoz.

Control y auditoría de los fondos

No obstante, a pesar de que la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Moncloa no tendrá labores de fiscalización, en la misma respuesta a la batería de preguntas registrada por Ciudadanos, el Ejecutivo sitúa a esta unidad entre los mecanismos creados en el Real Decreto-ley de diciembre pasado para "facilitar la toma de decisiones y garantizar un efectivo control y auditoría de los fondos".

Además de la unidad dirigida por Santiago Fernández Muñoz, el Ejecutivo enumera otros cuatro organismos de control para la ejecución del plan al que se destinarán los fondos: la Comisión para la Recuperación, encabezada por el presidente del Gobierno y de la que forman parte todos los ministerios para dirigir y coordinar el Plan; el Comité Técnico, formado por un máximo de veinte miembros con competencias y experiencia en la gestión de fondos europeos; la Autoridad Responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, atribuida a la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y que responderá antes las instituciones europeas; y la Autoridad de Control del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que recae sobre la IGAE.

Moncloa defiende a Santiago Fernández Muñoz 

En la batería de preguntas al Ejecutivo, Ciudadanos también preguntaba los criterios seguidos para designar a Santiago Fernández Muñoz como jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Tiene el perfil adecuado para ser el responsable de la Unidad”, afirma el Ejecutivo, tras enumerar todo el currículum vitae de Fernández Muñoz, licenciado y doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Geografía Humana en la Universidad Carlos III de Madrid, donde también fue vicedecano de Turismo entre 2008 y 2011, entre otros cargos, y jefe de proyectos de evaluación de políticas públicas de la Airef entre 2019 y 2020, entre muchas otras experiencias laborales como consultor y asesor en el sector público.

Incluso en instituciones europeas. Participó (2004-2009) como "Experto del Consejo de Europa en el Programme for Cultural Heritage in South-East Europe, con misiones de apoyo sobre terreno a proyectos en Bosnia, Montenegro, Rumanía y Croacia", afirma Moncloa en su respuesta parlamentaria.

Como adelantó este periódico, Fernández Muñoz fue señalado hace un año por el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), donde se desempeñó como concejal de Urbanismo y Medio Ambiente entre 2011 y 2019, por ordenar, sin seguir los procesos administrativos de fiscalización necesarios, la devolución de un aval de poco más de 100.000 euros a una empresa que, según dos sentencias judiciales, había incumplido la ejecución de una obra para la que fue contratada.

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