Publicado: 28/12/2022 16:16
Actualizado: 28/12/2022 17:21
En sus votos particulares, los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, señalan la decisión de suprimir determinadas enmiendas que se incluyen en la proposición de ley que busca derogar la sedición y reformar la malversación constituye una "interferencia sin precedentes en al función legislativa".
Los magistrados han calificado la decisión como "insólita" en la historia del Constitucional. En su escrito, que recoge Europa Press, añaden además que la interferencia se ha llevado a cabo "sin permitir siquiera la audiencia contradictoria exigida por todo proceso". La deliberación y resolución del asunto, dicen, ha generado una división en dos bloques de los miembros del pleno del tribunal, algo que "traslada a la opinión pública una imagen de mimetismo o seguidismo del enfrentamiento parlamentario y del conflicto político partidista".
La decisión, por la cual el Constitucional suspendió la tramitación de dos enmiendas de la ley para la derogación de la sedición y reforma de la malversación, salió adelante por 6 votos contra 5. Los tres magistrados progresistas aseveran que los magistrados recusados -Pedro González-Trevijano y Antonio Narvaez- no debieron formar parte del colegio que habría de pronunciarse.
El auto del Tribunal Constitucional
El auto publicado por el Constitucional, que ha recogido Vozpópuli, justifica la parálisis de la tramitación de dicha ley ya que "todos los poderes políticos están sujetos a la Constitución" y sostiene que tiene la autoridad de actuar y limitar al legislador si “excede los márgenes constitucionales”. El texto, que recoge los votos particulares de los cinco miembros progresistas, justifica su decisión por la urgencia "excepcional" de la actuación y por el daño "irreparable" que se hubiera realizado a los parlamentarios que pidieron sus suspensión.
“Resulta inexcusable el respeto escrupuloso de las normas que rigen los procedimientos, incluido por supuesto el legislativo, pues todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución", versa el auto.
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Lo que ha hecho el Constitucional es lógico y además deseable, ya que de forma inmediata ataja lo que considera inconstitucional, es decir, no ajustado a la Constitución. Si lo hubiera permitido igual se tiran 6 años para dilucidar si es legal o no lo que aprobó el legislativo.
_Sr, Conde Pumpido, esperemos que no le veamos a vd. como Presidente del Tribunal Constitucional, sería demasiada afrenta a la Justicia