El Constitucional frena al Senado y mantiene el veto a parte de la reforma legal de Sánchez

Cero sorpresas en el Tribunal Constitucional. El Pleno reunido de urgencia para decidir a petición del Senado si mantiene o no el veto a la reforma del Gobierno ha ratificado el acuerdo alcanzado el lunes. El tribunal de garantías descarta la impugnación presentada y reitera la prohibición de que se tramiten las dos enmiendas suspendidas, por lo que el Senado no podrá incluirlas en el debate de este jueves.

El Pleno, que ha comenzado poco después de las 19.00 horas y se ha alargado hasta pasadas las 22.30 horas, ha tumbado la pretensión del Senado por los seis votos del bloque mayoritario conservador frente a los cinco de los progresistas, según confirman a Vozpópuli fuentes del tribunal de garantías. Además, también ha declinado abordar la petición de la Fiscalía y de Podemos acerca de que se abstuvieran de votar el presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez.

El Pleno ha fallado como ya lo hiciera el lunes, descartando apartarles y postergando la decisión, al considerar que se trata de una impugnación a una medida cautelarísima y que, por lo tanto, las partes no están legitimadas para pronunciarse. Por ese motivo los vocales progresistas (el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán) formularán voto particular.

Así pues, las posiciones se mantienen intactas desde que este lunes los seis magistrados conservadores inclinaran la balanza a favor de paralizar la tramitación de la norma. Una decisión inédita por cuanto que es la primera vez que el órgano veta la tramitación de una norma en las Cortes. La votación salió por la mínima, ya que otros cinco miembros progresistas se mostraron partidarios de mantener el debate y, por tanto, no admitir a trámite la medida cautelarísima solicitada por el Partido Popular.

"Efectos perturbadores"

Pese a que el asunto ya estaba resuelto, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha tenido que convocar de urgencia a los actuales 11 miembros del Pleno a tenor de la impugnación registrada por el Senado este miércoles y a la que se ha adherido Podemos. La cámara baja buscaba 'in extremis' que las dos enmiendas del Gobierno que modifican el funcionamiento del TC y del CGPJ se pudieran votar finalmente en el Pleno de este jueves.

La cámara que preside el socialista Ánder Gil expuso en su impugnación que la suspensión de la reforma era una "decisión inédita y de máxima trascendencia". "Debe entenderse como una actuación desproporcionada y produciría unos efectos gravemente perturbadores", expuso el Senado. Además dijo que el Constitucional tendría que haber dado respuesta mientras la reforma estaba en el Congreso. El Pleno se convocó precisamente antes de la tramitación de la cámara baja, pero la negativa de los progresistas a votar impidió deliberar y forzó el retraso del cónclave al lunes.

Del mismo modo también se ha puesto sobre la mesa la pretensión de Podemos de apartar a dos magistrados conservadores del debate. En esta ocasión se ha unido la Fiscalía. Ambos entes entienden que el presidente del Constitucional y Narváez, los dos miembros elegidos por el Gobierno, no tendrían que deliberar sobre la medida cautelar ya que les afecta de manera directa.

La Fiscalía respalda a Podemos

El Ministerio Público expone que "hay una incuestionable vinculación directa" de los dos miembros con esta reforma de Pedro Sánchez, que busca renovar ya el Constitucional. De salir adelante la misma (ahora mediante proposición de ley tramitada en el Congreso) su mandato tocaría a su fin, puesto que son los dos magistrados que elige el Gobierno. En detrimento serían nombrados el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez.

El Pleno ha vuelto a resolver sobre el asunto como ya hiciera en el debate del lunes. Entonces por seis votos frente a cinco se acordó deliberar sobre las recusaciones más adelante. El auto firmado concluyó que ni Podemos ni PSOE tenía legitimidad para solicitar esta medida antes de resolver sobre la cautelarísima que pedía el Partido Popular.

Los socios de Gobierno pretendían, con estas dos recusaciones, que el Pleno se redujera a un total de 9 miembros forzando un cambio de mayorías en el Constitucional ya que la mayoría pasaría a ser progresista. Con esta composición se hubieran asegurado que la medida del PP no hubiera prosperado.

Fractura en el Constitucional

El resultado ha vuelto a evidenciar la fractura existente en el Tribunal Constitucional. El intento del Senado no evita que finalmente las dos enmiendas no puedan tramitarse este jueves. Cabe recordar que el presidente del Senado, el socialista, Ander Gil, anunció en una comunicación institucional que la cámara alta acataría el resultado de la deliberación pero advirtió que se estudiarían "vías" para poder conseguir la tramitación de la ley al completo.

Por ello, aunque este martes la Mesa retiró del debate las dos enmiendas vetadas, horas después han jugado su última baza ante el Constitucional impugnando la decisión del lunes. Lo que ha pedido el Senado es que se deje sin efecto la suspensión para que el Pleno de este jueves pueda votar la derogación de la sedición y todas las enmiendas adheridas a la proposición de ley.

Sin embargo, el Constitucional no se mueve de la decisión acordada a principios de semana. Los seis miembros conservadores que respaldaron la ponencia de Enrique Arnaldo entienden que había motivos para prohibir el estudio de estos dos textos en el Senado porque se vulneró el derecho de la minoría parlamentaria durante su tramitación en el Congreso.

El motivo reside en que las dos enmiendas recogen cambios de leyes orgánica que afectan al CGPJ y al propio TC. Una modificación especialmente importante que se pretendía tramitar de manera exprés y sin escuchar a los órganos preceptivos. El escrito del PP también se hizo eco del criterio de los letrados de la Mesa del Congreso que avisaron antes de su deliberación que estos dos textos podrían ser inconstitucionales.

Los mismos proponen, por un lado, modificar el actual sistema por el que el CGPJ elige a los candidatos del TC y, por otro, el examen de idoneidad de los candidatos al Tribunal Constitucional. El Gobierno reaccionó a la decisión sin precedentes del Constitucional abriendo paso a la presentación de una proposición de Ley en el Congreso que se tramitará el próximo mes de enero. Un plan B con el que espera renovar ya el tribunal de garantías e inclinarlo hacia una mayoría de corte progresista.