El Defensor del Pueblo pide explicaciones a la Policía por las cargas en las protestas de Ferraz

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada a finales del mes de noviembre por el supuesto abuso de materiales antidisturbios y el presunto uso por parte de la Policía Nacional de técnicas prohibidas por el Cuerpo en las concentraciones de la calle Ferraz. De esta manera, el órgano entiende que la queja reúne los requisitos del artículo 54 de la Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981.

Así se recoge en un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que la institución especifica que ya se han iniciado las actuaciones oportunas ante la Dirección General de Policía. El objetivo sería solicitar información sobre la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP) durante las protestas acontecidas en el mes de noviembre frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz.

En la queja presentada ante el Defensor del Pueblo se solicita que la entidad proceda a exigir, entre otras cosas, un protocolo de control y seguimiento del uso de material antidisturbios en la Policía en intervenciones de este tipo, así como implantar "mecanismos de control internos necesarios que eviten la incorrecta asignación de munición o la falta de identificación, tanto del mando como del agente en cada actuación".

Asimismo, el denunciante defiende la creación de un comité de ética policial que valore tras cada intervención la proporcionalidad o no de las actuaciones de la UIP. Una reclamación que viene pidiéndose desde hace meses por varios colectivos, a fin de "mejorar sus actuaciones en aras de un mayor respeto a los derechos humanos y al marco constitucional en España".

Uso de pelotas de goma y gases lacrimógenos en Ferraz

El anuncio por parte de los socialistas de que se había llegado a un acuerdo con Junts para poner en marcha la tramitación de una ley de amnistía para los condenados o procesados en el marco del 'proces', provocó que miles de personas salieran a las calles en señal de protesta. Ante la explosión de disturbios en la calle Ferraz, las autoridades respondieron con cargas policiales que acabaron con la decisión de un juzgado de instrucción de Madrid de incoar diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Ahora, el Defensor del Pueblo admite a trámite una queja con la que se pretende exigir una investigación interna para establecer si el uso de pelotas de goma y gases lacrimógenos se empleó de manera abusiva o no. El objetivo es "esclarecer la responsabilidad tanto en la decisión de la utilización de las técnicas y materiales antidisturbios, como en la asignación errónea del mismo a los agentes intervinientes".

Según los denunciantes, los agentes desplegados en Ferraz habrían hecho uso de dispositivos de tipo ATF de ocultación y gases AT lacrimógenos, los cuales tendrían un "carácter lesivo -que puede provocar problemas de salud en personas con antecedentes respiratorios".

La acción reivindicativa de miles de ciudadanos que mostraron su desacuerdo con la tramitación de una ley de amnistía no ha sido suficiente para frenar una proposición de ley orgánica que sigue sus pasos en el Senado. Si la norma logra ver la luz, deberán ser los tribunales los que determinen la constitucionalidad o no de la misma.

Una amnistía a la medida de Puigdemont

Entre las particularidades de la futura ley se encuentran la inclusión de enmiendas transaccionales hechas a la justa medida de su principal socio, Carles Puigdemont. Entre los "cambios técnicos" que los socialistas acordaron con los independentistas se encuentra amnistiar el terrorismo, dejando fuera "los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes".

De esta forma, el texto deja fuera de la amnistía aquellos delitos acometidos para "humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física". Una estrategia del Gobierno de coalición para evitar que la norma caiga en Luxemburgo y asegurar la vuelta a España del 'hijo prófugo'.