España

El empeño de la Abogacía del Estado por anular la acusación a García Ortiz

Los servicios jurídicos del Estado han solicitado recientemente suspender la declaración del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez

  • Álvaro García Ortiz. -

La Abogacía del Estado ha vuelto a presentar un nuevo recurso contra la decisión del juez de citar al fiscal general del Estado como imputado para el próximo 29 de enero. Los servicios jurídicos del Estado, que en esta caso actúan en defensa de Álvaro García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, piden suspender ambas comparecencias hasta que no se acuerde la declaración del novio de Ayuso. 

Este nuevo recurso supone el tercer intento de la Abogacía del Estado de paralizar o anular la causa contra el fiscal general. Ya a principios del mes de noviembre, la Asesoría Jurídica del Estado solicitó el archivo de la causa abierta por el Tribunal Supremo al considerar que el correo electrónico enviado por la pareja de la presidenta madrileña fue filtrado a los medios de comunicación antes de que este llegase a la bandeja de entrada de Rodríguez -en este caso la fiscal Pilar Rodríguez- y que esta pudiera enviárselo a su superior. 

Este argumento ha vuelto a ser defendido por la Abogacía en un nuevo recurso de reforma en el que acusa al Supremo de omitir pruebas que podrían exculpar a su representado. En su escrito, señala que la instrucción del magistrado Ángel Hurtado "omite elementos de relevancia esencial" sobre García Ortiz que muestran que "no ocurren sospechas fundadas para considerarles posibles autores de delitos contemplados en el artículo 417 del Código Penal".

Del mismo modo, los servicios jurídicos del Estado arremeten contra el Supremo al considerar que el auto de imputación incurre en "múltiples contraindicios”, al entender que los secretos supuestamente revelados ya eran conocidos previamente por varios medios de comunicación. Del mismo modo, el recurso arremete contra el juez por sostener que el correo del abogado Carlos Neira partió desde la Fiscalía General del Estado con “el destino de la Presidencia del Gobierno”. Este hecho ha sido calificado por la Abogacía como "especialmente grave" al entender que los medios ya se habían hecho eco de ello. 

La Abogacía se apoya para defender la actuación del fiscal general en que el correo enviado al fiscal Julián Salto el 2 de febrero "estuvo a disposición de múltiples personas" y que la copia de la denuncia de la Fiscalía "también fue remitida a la Agencia Tributaria". En este sentido, entiende que los datos de González Amador también obraban en poder del decanato de los juzgados de Madrid desde el 5 de marzo, por lo que estaban "a disposición de un número indeterminado de personas".

Del mismo modo, los servicios jurídicos de la Administración recriminan al juez que no diera peso en su auto la declaración de dos periodistas que defendieron que disponían de la denuncia, el informe de la Agencia Tributaria y el correo "desde el 6 de marzo". 

Además del intento de aplazar la declaración de Álvaro García Ortiz, la Abogacía del Estado también solicitó que se anulase el registro del despacho de su despacho en la calle Fortuny. El paso mes de noviembre solicitó en apelación que se anulase el registro que la Guardia Civil practicó en el despacho del fiscal general del Estado y que, por tanto, se borra el material intervenido.

La Abogacía pidió anular registro del despacho del fiscal general

En la misma línea de lo defendido por la Fiscalía, los servicios jurídicos del Estado defendieron en su escrito que la providencia del juez Ángel Hurtado estaba repleta de “defectos” y que vulneraba varios “derechos fundamentales”. Ahora, tras la iniciativa del instructor de seguir adelante con nuevas diligencias que acorralan al fiscal general, la Abogacía contraataca e intenta anular el volcado del teléfono del fiscal.

Según la información avanzada por Libertad Digital, la Asesoría jurídica del Estado avanza que interpondría un recurso contra el auto en el que el juez solicita la copia del volcado de uno de los dispositivos móviles intervenidos a García Ortiz al entender que incurre en causa de nulidad de pleno derecho. "No consta un juicio concreto sobre la proporcionalidad de la medida, en el que se valore si el sacrificio de los derechos fundamentales afectados resulta superior o no al beneficio público que se pretende obtener. Además, el auto no menciona ningún precepto legal que habilite la medida acordada, vulnerando así el principio de legalidad", sostiene. 

Por contra, sí solicita el volcado del teléfono de Miguel Ángel Rodríguez quien, a diferencia de García Ortiz, no cuenta con la condición de investigado.

El empeño de la Abogacía por defender la actuación del fiscal general en este procedimiento ha sido criticado por diversas partes. Ejemplo de ello es la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra Álvaro García Ortiz y otros dos altos funcionarios de la Abogacía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El sindicato defiende en su escrito que los tres denunciados son coautores de un delito de prevaricación, puesto que el fiscal está siendo defendido por la Abogacía del Estado, lo que implica que su defensa se financia con fondos públicos

 

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