El juez interrogará a Tezanos el 29 de octubre por delito de malversación

El Juzgado de Instrucción número 29 ha citado en calidad de investigado para el próximo 29 de octubre a las 12.30 horas al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. La magistrada Cristina Díaz ha dado este paso tras admitir a trámite una querella de Vox contra el sociólogo por presunto delito de malversación de caudales públicos, según informan fuentes jurídicas.

La instructora admitió a trámite la querella el pasado verano apuntando que presentaba características "que hacían presumir la existencia de delito de malversación de caudales públicos". Del mismo modo dio luz verde a todas las diligencias propuestas por la formación que lidera Santiago Abascal que, junto con la querella, aportó un informe pericial relacionado con la elaboración de las encuestas por parte del CIS.

La instructora dio 20 días de plazo al Centro de Investigaciones Sociológicas para que presentase las actas de trabajo en las que se acuerdan los criterios de elaboración de las encuestas entre los ejercicios 2018 y 2020 o aquellas en las que figure la justificación para el cambio de técnicas aplicables. Del mismo modo también solicitó el programa de cumplimiento normativo y control de delitos, así como las cuentas anuales de esos mismos años.

"Desviaciones" en las encuestas

En su querella, Vox apuntó que Tezanos habría usado dinero público "para influir en la decisión de los votantes", en referencia a las encuestas favorables al PSOE, partido con el que simpatiza. El escrito, presentado en julio, apuntaba que eran claras las "conocidas y notorias desviaciones" hacia el partido socialista en los resultados de los informes del CIS. Del mismo modo, denunciaba “elevados costes que paga el CIS por las encuestas subcontratadas”.

La pericial aportada relativa a los estudios de dichos ejercicios apunta a una clara "falta de rigor" por parte del Centro que preside Tezanos "que se aparta de la técnica" que debería aplicarse en una institución pública, según denuncia. El documento expone que hay desviaciones que se pueden considerar normales en encuestas precisas y poco precisas y que contemplan límites de 1,5 y 2,5 puntos respectivamente. Sin embargo, considera que no se pueden justificar los errores de más de cinco puntos a favor del PSOE que han llegado a recoger algunos de sus sondeos.

"En el conjunto de las encuestas realizadas por el CIS desde que lo preside Tezanos, el error medio respecto de los resultados reales es de 3,3 puntos, muy por encima de cualquier límite razonable para cualquier análisis demoscópico científico. Estos datos han llevado a deducir a los servicios jurídicos de Vox que se han utilizado y se utiliza dinero público para influir en la decisión de los votantes", sentencia la formación.

Fiscalía: "Son conjeturas"

La Fiscalía Provincial de Madrid, por su parte, pidió el archivo de la querella presentada por Vox apuntando que solo se basaba en "conjeturas" y "meras sospechas". En su escrito remitido al juzgado, el Ministerio Público se adhirió al recurso presentado por la Abogacía General del Estado contra el auto en el que se acordaba admitir a trámite la querella descartando que se produjera una administración fraudulenta de la institución.

Así, expuso que la denuncia no cumplía los presupuestos necesarios que legitiman el inicio de una investigación judicial por la presunta comisión de una infracción penal; más bien al contrario, afirmó que el denunciante no acreditó "nada" en relación a sus sospechas de actuación irregular de Tezanos. Del mismo modo, argumentó que los hechos denunciados carecían de la solidez suficiente y que simplemente se trataba de una recopilación de noticias de prensa y comentarios en las redes.

"Las irregularidades que se denuncian, relativas a la forma de elaboración de encuestas por el organismo CIS, en consonancia con el principio de mínima intervención penal y la falta de indicios suficientes, deben resolverse en la esfera administrativa o disciplinaria, una vez se obtengan los expedientes o documentos que sostengan la realización de las encuestas y que permitan, por tanto, valorar de forma objetiva cualquier tipo de error o manipulación en su elaboración", razonó el Ministerio Público.