Tito Berni: la Fundación del Gobierno salpicada por la trama pide entrar en la causa

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) quiere litigar en la causa del tito Berni. Este órgano público, que preside Nadia Calviño y gestiona el Gobierno, ha solicitado a la juez de Tenerife que investiga esta trama de corrupción que le permita litiga como parte "interesada", pese a que está en el foco de los investigadores por cuatro contratos que suscribió con un empresario de la trama.

La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre esta petición, tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma, la juez actúa de idéntica forma con la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (AESESGC), los cuáles también quieren entrar en la causa contra el exdiputado del PSOE José Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'tito Berni'.

En lo que respecta a la fundación del Gobierno, su nombre ya ha salido a relucir en la causa por haber concedido contratos que, según sospechan los investigadores, estarían amañados. El asunto ya se ha derivado a la Fiscalía Europea al tratarse de fondos comunitarios. Sin embargo, la FIIAPP pide personarse en este procedimiento canario; un movimiento que les permitiría tener acceso a más de una docena de tomos de sumario del procedimiento que afecta a exdirigentes del PSOE canario.

Cuatro contratos bajo sospecha

La solicitud, que formula la directora de la fundación, Anna Terrón Cusí, se produce después de que la magistrada haya desgajado esta parte de la investigación contra la trama del tito Berni en favor de la Fiscalía Europea. Tras meses de diligencias, los investigadores sospechan que se habrían amañado unos contratos del proyecto GAR-SI Sahel, que tiene como objetivo contribuir a la estabilidad en esa zona de África.

La Policía alega que Francisco Espinosa Navas, el general de la Guardia Civil imputado en la trama del 'tito Berni', habría aprovechado su condición de exdirector de este proyecto europeo para influir en favor del empresario José Suárez Estévez, conocido con el sobrenombre de 'el drones'. En concreto se investigan cuatro contratos que se adjudicó la mercantil de este empresario valenciano, Asesoramiento y Servicios de Drones S-L, por importe total de 263.092 euros.

A cambio, el general de la Guardia Civil habría percibido "dádivas, regalos o pagos" que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife ya mandó rastrear mientras esta parte de la causa estuvo bajo su batuta. De las conversaciones intervenidas durante el tiempo que la investigación se mantuvo bajo secreto de sumario se tuvo conocimiento de que Espinosa Navas habría podido canalizar parte de estas mordidas a través de una cuenta bancaria en Bélgica.

Acceso al sumario del 'tito Berni'

Por ese motivo la juez emitió una Orden Europea de Investigación (OEI) a Bruselas para que colaborasen con estas pesquisas. La Justicia belga respondió que su legislación es perfectamente compatible con la práctica de las diligencias y se abrió a contrastar si había alguna cuenta bancaria abierta en dicho país a nombre del general imputado, su mujer o sus dos hijos.

En paralelo la magistrada del también conocido como 'caso Mediador' requirió al Ministerio de Justicia que rastrease el patrimonio del mando de la Guardia Civil en seis países del Sahel. En concreto reclamó a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que indagase si tiene bienes ocultos en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde; países muy vinculados al general por su pasado como director del proyecto europeo.

Sea como fuere, toda esta parte de las pesquisas ya no permanecen en el órgano tinerfeño ya que, por motivos de competencia, se han derivado a la Fiscalía Europea. Tanto es así que la cuestión relativa a la prisión provisional de Espinosa Navas la resolvió el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira, el cual actúa en condición de juez de garantías del ente europeo. El magistrado decidió dejar en libertad al general, que era el único de la docena de imputados en la trama del tito Berni que seguía en prisión provisional.

Así pues, lo relativo a la FIIAPP no tendría ya cabida en la causa de Tenerife sino en la Fiscalía Europea, si bien las diligencias que se siguen en este último ente se llevan a cabo a puerta cerrada y no permiten la personación de acusaciones populares. Por ello, la fundación del Gobierno que ha negado irregularidad alguna con estos concretos, buscaría entrar en la causa inicial para acceder a las actuaciones.

Nuevos delitos contra la trama

Con todo, la Fundación sí que ha reconocido la existencia de estos tres contratos para el suministro de drones aunque defienden que todas las adjudicaciones se llevaron a cabo con "transparencia absoluta" y siguiendo "controles internos". No obstante, la investigación que ahora asume la Fiscalía se centra específicamente en el presunto desvío de fondos europeos con estos contratos y pone el foco en el papel del general de la Guardia Civil, el empresario valenciano de la trama y también en la propia Fundación.

Además de la FIIAPP y la AESESGC, también han pedido personarse los partidos de PP, Vox, PSOE la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Aguaiuris; Organización de Usuarios y Consumidores de Agua. Todos ellos solicitaron entrar en la causa poco después de que la magistrada levantara el secreto de sumario tras las detenciones de febrero. Sin embargo siguen a la espera de que la Audiencia Provincial de Las Palmas resuelva sus recursos contra la decisión de la instructora de que litiguen bajo una única dirección letrada.

Por su parte, el juzgado acaba de ampliar el número de delitos por los que investiga a 'tito Berni', su sobrino Taishet Fuentes y el mediador Antonio Navarro Tacoronte, entre otros. Tal y como avanzó este medio, hace apenas unas semanas ordenó a la Agencia Tributaria que ampliase la investigación inicial por los delitos de cohecho y tráfico de influencia a otros de más gravedad como prevaricación, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo organizado.