Tito Berni: el general quiere recuperar una quincena de móviles y discos duros en poder de la Policía

Los imputados en la causa del 'Tito Berni' insisten en tener acceso a todo el material incautado por la Policía Nacional tras su detención. Si primero lo reclamó el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias 'tito Berni') ahora ha hecho lo propio el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Se trata de uno de los imputados de la trama al que más efectos intervinieron ya que entre teléfonos, ordenadores, pendrives y discurso duros suman cerca de una quincena.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el general imputado asegura que ha transcurrido un plazo de tiempo "más que suficiente" para poder recuperar todo el material electrónico que se llevó la Policía Judicial. Su abogado recuerda que han pasado tres meses y medio desde el estallido de esta presunta trama de corrupción y que los investigadores han tenido margen de sobra para proceder al volcado de toda la información que atesoraba.

Su letrado, que ya denunció que se vulneraron sus derechos durante el tiempo que estuvo en prisión provisional, reclama ahora a la juez que instruye la causa del 'tito Berni' que le devuelva todo este material para poder ejercer su "derecho de defensa". Espinosa Navas es uno de los imputados al que más efectos le requisaron durante los registros, los cuáles se practicaron en sus domicilios de Madrid, Punta Umbría (Huelva) y Sevilla.

Registros en tres ciudades

Según enumera él mismo en el escrito remitido al juzgado tinerfeño, la Policía Judicial le requisó el grueso del material en su vivienda madrileña del barrio de Salamanca. En concreto, dos teléfonos móviles, dos portátiles, tres pendrives y hasta tres discos duros. En su vivienda de Sevilla los agentes se incautaron de un ordenador de mesa con su correspondiente pantalla y teclado y una unidad de procesamiento donde guardaba más documental.

Aunque el bautizado como 'tito Berni' se ha convertido en la cara visible de esta trama dedicada al presunto amaño de contratos y subvenciones de la Administración canaria, el general es, a juicio de los investigadores, uno de los cabecillas de la red. De hecho, es el único de la decena de imputados en las diligencias para el que se acordó prisión provisional ante el previsible riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres también quiso acordar esta medida cautelar para el exdiputado del PSOE pero no pudo dado que la Fiscalía Anticorrupción no lo solicitó.

En lo que respecta al general, los agentes advirtieron durante el registro de sus propiedades del hallazgo de unas "hojas de cálculo" que reflejaban el control de ingresos y gastos. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife expuso en el auto por el cual le envió a prisión que llamaba "poderosamente la atención" el hecho de que una de las columnas de esta presunta contabilidad opaca recibiera el nombre de 'Cash' (efectivo).

Contabilidad 'B' y 61.000 euros en metálico

Del mismo modo descubrieron 61.000 euros ocultos en una caja de zapatos. Preguntado por esto en su declaración judicial, el general de la Guardia Civil dijo que eran ahorros familiares. Con todo, la juez sospecha que tuvo un papel activo en la trama y que influyó de manera decisiva para que uno de los empresarios salpicados, José Suárez (alias 'el Drones') resultara adjudicatario de cuatro contratos suscritos por el proyecto Garsi-Sahel; gestionado por la Fundación FIIAPP que preside el Gobierno.

En concreto, se investigan contratos para suministros de equipamiento en Mali Níger y Mauritania. Los investigadores sospechan que la trama se aprovechó del pasado de Espinosa Navas como director de este proyecto de desarrollo para hacerse con los contratos.

Se amparan principalmente en los pinchazos telefónicos a los imputados en la trama. En los audios se habla de un posible pelotazo millonario en Cabo Verde y de la influencia del 'Papá', sobrenombre con el que se referían al general. Del mismo modo en uno de los mensajes enviados por Espinosa Navas a los miembros de esta red, deslizó que tendría una cuenta abierta en Bélgica en la cual canalizaría el presunto cobro de las mordidas que percibía a cambio de su mediación.

La trama de tito Berni y la Fiscalía Europea

Así pues, tras identificar viajes de Espinosa Navas a Cabo Verde y Canarias, la juez accedió a investigar si tenía patrimonio oculto en esta zona del Sahel. Por ello ordenó a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, que rastreara si tenía bienes escondidos en seis países de esta zona de África. En paralelo, solicitó colaboración a la Justicia belga para investigar si tenía alguna cuenta bancaria abierta en el país tanto él como su mujer y sus hijos.

Con todo, esta parte de las diligencias se han desgajado de la parte troncal del caso del 'tito Berni' y se ha derivado a la Fiscalía Europea. El motivo reside en que los contratos investigados que gestionó la Fundación del Gobierno se financian con fondos europeos. Por ello, el ente que en España representa la fiscal Concepción Sabadell se ha hecho cargo de estas pesquisas que afectan tanto al general como al empresario valenciano José Suárez.

Tanto es así que la cuestión relativa a la libertad condicional que se le otorgó al general imputado ya no la resolvió la juez de Tenerife, sino la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama Teixeira, en su condición de juez de enlace de la Fiscalía Europea, accedió a la petición de su abogado y le dejó en libertad hace apenas unas semanas con medidas cautelares al considerar que ya no concurre riesgo de fuga para él.

Por su parte, la FIIAPP ha pedido sin éxito personarse en el procedimiento. La Fundación que preside Nadia Calvino se sumó a otras asociaciones y partidos que han pedido litigar en la causa, en su caso como parte "interesada". Pero ni la Fiscalía Anticorrupción ni la juez han accedido a tenerla como víctima ni tampoco a facilitarle su ingreso en la causa, al considerar que no es perjudicada y que, en todo caso, lo que le afecta a la FIIAPP se sigue ahora en la Fiscalía Europea.