Publicado: 18/09/2023 04:45
El nuevo gobierno canario quiere levantar las alfombras tras el escándalo por la trama del 'tito Berni' y, por eso, ha solicitado al juzgado tinerfeño que le permita impulsar una investigación interna en paralelo a la Justicia. La propuesta ha sido bien acogida tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la magistrada instructora, que no solo dan luz verde, sino que proponen adherir sus conclusiones a esta causa de corrupción.
Así consta en la última documental de la causa, que avanza Vozpópuli, y en la que los investigadores despachan la solicitud formulada por el nuevo gobierno canario. Tras los comicios municipales de mayo, el PSOE (partido al que pertenecen varios de los imputados de la trama) perdió la administración, que pasa a manos de Coalición Canaria y el Partido Popular.
En este contexto, el nuevo ejecutivo ha reclamado al juzgado tinerfeño que le autorice para impulsar una investigación interna focalizada en el presunto amaño de expedientes de empresarios ligados a la trama. El foco se pone en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, máxime tras la imputación en junio del viceconsejero del sector primario de Canarias Álvaro de la Barcena Argany y de la jefa del Servicio de esta área, Estefanía Margarita González Núñez.
Temor a que desaparezcan los expedientes
En relación a esta última, la Consejería también ha solicitado al juzgado que acuerde alguna medida cautelar después de constatarse, como desveló este medio, que remitió la información requerida por la Policía en un CD vacío. Al percatarse de ello, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ordenó a la UDEF que recabara la información de manera directa y avisó que podría añadir a la larga lista de delitos el de obstrucción a la Justicia.
El nuevo gobierno sospecha que podrían peligrar los expedientes investigados después de que una de las altas funcionarias imputadas entregara a la causa la documentación requerida sobre 'tito Berni' en un CD vacío
Por ello, los nuevos responsables de esta Consejería reclamaron medidas al juzgado, pero ni la magistrada ni Anticorrupción consideran que deban inmiscuirse. Así, por ejemplo, la Fiscalía explica que los documentos que se investigan y que se habrían manipulado en beneficio de empresarios de la trama están digitalizados y custodiados.
"En cuanto a la adopción de una medida del estilo a la referida que supondría una suerte de inhabilitación, precisamente por la gravedad, sería razonable instar a que la propia Administración adopte las medidas que entienda imprescindible para garantizar la integridad de sus expedientes administrativos", responde el fiscal Anticorrupción de la trama de 'tito Berni'.
No obstante, sí que da luz verde a la principal solicitud de rastrear los expedientes sancionadores contra empresas de los imputados en paralelo al procedimiento judicial. Sobre este punto dice que la actividad administrativa no afecta a la parte del sumario que sigue secreta y, por lo tanto, no entorpece las pesquisas. Al hilo añade incluso que si el gobierno canario impulsa una auditoría interna, sería "conveniente" adherirla a la causa.
Vínculo con la red de 'tito Berni'
En idéntico sentido se ha pronunciado la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife que también pide a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca que le traslade sus conclusiones. Cabe recordar que la instructora, en lo que respecta a los dos altos cargos imputados vinculados al PSOE, ha ordenado recabar todos sus correos corporativos y ha abierto pieza separada para investigar los hechos bajo secreto.
El fiscal estrechó el cerco sobre ellos gracias a un informe de la Agencia Tributaria que les vincula con la trama liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias 'tito Berni'). Al respecto, expuso que gracias a las conversaciones de los imputados y a comunicaciones transcritas se aprecia una posible actuación constitutiva de delito de prevaricación y malversación.
Los cargos regionales habrían actuado "junto con la participación" del empresario Alberto Montesdeoca, el mediador de la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte, y el que fuera director general de Ganadería canario, Taishet Fuentes. De hecho, consideran que este último (sobrino de 'tito Berni') habría ejercido su influencia dado su estatus político para conseguir favores de la administración a estos empresarios.
La Policía Judicial acreditó este extremo gracias a los pinchazos telefónicos y a las confesiones en sede policial y judicial del 'mediador'. Precisamente de su móvil se extrajo todo el material que los agentes han utilizado para tirar del hilo y ubicar al núcleo duro de la red, que se dividía en una rama política y la otra empresarial.
Presunto amaño de expedientes
Los agentes detectaron que, aprovechando su influencia en el gobierno canario y también en el Congreso de los Diputados, se acercaron a empresarios cuyas empresas tenían sanciones en la Administración o bien estaban pendientes de alguna subvención para prometerles trato de favor siempre a cambio del pago de mordidas.
Para empezar a trabajar con ellos los interesados tenían que hacer un primer pago de 5.000 euros que canalizaba el exdiputado 'tito Berni'. A partir de ahí constan transferencias (a cuentas gestionadas por testaferros) y también envíos de bizum que le reclamaban los miembros de la trama para acceder a sus reclamos.
De entre todos los implicados (en su mayoría empresarios fotovoltaicos y ganaderos) la Policía Judicial pone el foco en Alberto Montedesoca. El empresario insular pagó al entramado varios miles de euros para evitar tener que hacer frente a una sanción de 74.099 euros por no haber justificado la subvención de un fondo recibido. También se enfrentaba a más multas por todas las subvenciones adjudicadas del gobierno canario desde 2016.
La Policía detectó cómo el expediente de reintegro incoado a su mercantil Quesería Montesdeoca S.L siguió su curso normal, pero el sancionador caducó. Los encargados de tramitar estas gestiones serían los altos cargos imputados los cuáles, en su declaración ante la magistrada, dijeron que ni actuaron al dictado de Taishet Fuentes ni cometieron irregularidad alguna con la tramitación de los expedientes.
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