El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha reabierto la investigación en torno a los sobresueldos en Podemos que él mismo había archivado en marzo. El magistrado acepta el recurso que presentó Vox contra esa decisión y pide nuevos documentos para seguir indagando, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. Por estos hechos estaban investigados la gerente de la formación morada, Esther Val,  y el tesorero, Daniel de Frutos.

En concreto el juez remite un oficio al Registro de Partidos Políticos para que informen de los Estatutos de Podemos elevados a escritura pública en fecha 12 de febrero de 2018. También cita a declarar el 21 de mayo a las 12 horas al exgerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón.

Además, le pide a Podemos que aporte el Informe sobre ejecución de presupuesto de 2019, con especial indicación de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales tanto de la gerente como del tesorero como del resto de miembros de dicho partido político, a los que dicha gerente implementó complementos salariales. También quiere conocer la documentación que acredita la presentación de dicho Informe al Consejo Ciudadano Estatal y el acta correspondiente a la aprobación de dicho informe.

El juez recibió de Podemos  los certificados fechados en 2017 que acreditan que la escala salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente. Pero ante esto, el magistrado considera que "indiciariamente acredita que (Esther Val) no tenía facultades para aprobar la escala salarial, y por ende cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala". Además, el magistrado detecta que el partido le mandó unos documentos obsoletos.

"Cabe añadir -dice- que parece ser que no se ha aportado por el partido los Estatutos vigentes en el año 2019, pues si bien aportó los citados Estatutos elevados a público en el acta notarial de fecha 1 de agosto de 2017 anteriormente referida, parece ser que posteriormente fueron aprobados otros Estatutos en el año 2018, que se encontrarían vigentes cuando dicha gerente procedió a la implementación de los complementos salariales y que no han sido aportados por dicho partido político".

Un certificado de Ione Belarra

Al recurso presentado por VOX se unieron otras acusaciones como la que ejerce la asociación Prolege, o la exsenadora de Podemos por Tarragona, Celia Canovas, pero contó con la oposición de la Fiscalía, que defendió confirmar el archivo. La formación que lidera Santiago Abascal consideraba que era insuficiente la documentación aportada por Podemos para avalar los complementos salariales del partido morado. Entre esa documentación acreditativa estaba un certificado de la actual vicepresidenta del Gobierno, Ione Belarra.

A mediados de marzo, Escalonilla decretó el sobreseimiento "en relación con el presunto delito de administración desleal imputado a Rocío Esther Val en relación con la implementación de los dos complementos salariales y respecto del abono de los gastos por desplazamiento tanto a dicha gerente como a Daniel de Frutos Ramírez". Se refiere a unos gastos abonados a ambos investigados y que, según sostenía el juez, son "gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna".

En cuanto a los sobresueldos, se trata del complemento por Coordinación por importe de 210,32 euros, y del complemento por Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros. La denuncia -presentada por los exabogados de Podemos Mónica Carmona y José Manuel Calvente- indicaba que dichos dos complementos salariales mensuales no constaban en las tablas salariales del partido ni un acuerdo oficial del Consejo de Coordinación autorizando dichas subidas salariales y la aplicación por tanto de dichos complementos que, según decían, se habían atribuido unilateralmente.

"La cuestión a dilucidar por tanto es si dicha investigada tenía facultades para incrementar su sueldo, el del Responsable de Finanzas y Transparencia y el de otros empleados del partido mediante la implementación de dichos dos complementos salariales. En caso de no tener competencias para ello podría haber incurrido en un delito de administración desleal", explicaba el juez, quien concluyó en marzo que entra dentro de las competencias de la gerente atribuir esos complementos una vez analizada la documentación facilitada por Podemos. Entre los beneficiados de estos complementos estaba la abogada Marta Flor Núñez, exletrada del líder de la formación morada Pablo Iglesias y que mantiene la defensa de su exasistente Dina Bousselham en la Audiencia Nacional.

En febrero, el magistrado pidió información al partido sobre los complementos salariales de estos dos cargos y el acta de la reunión en la que se dio el visto bueno. De Frutos y Val declararon ante el juez y tuvieron que dar explicaciones sobre sus complementos salariales. "Consta acreditado que el Consejo de Coordinación de dicho partido político tuvo conocimiento del gasto de personal correspondiente al año 2019 incluidas la totalidad de las retribuciones devengadas por la Gerente Roció Esther Val Val y por el Tesorero Daniel García de Frutos durante dicho ejercicio", zanja.

Vozpópuli tuvo acceso a estas declaraciones en las que el tesorero apeló al plan de cumplimiento normativo de Podemos, según el cual, “la gerencia tiene potestad incluso para realizar una auditoría interna sobre objetivos de las personas que trabajan en Podemos”. 

Las declaraciones de los imputados

“En base a eso, la gerencia realiza una actualización por así decirlo y ese pase a unos complementos, es decir, el día que se deje de tener estas responsabilidades, esos complementos desaparecen, obviamente”, relató.  “Por los resultados que tuvimos en las elecciones había menos gente de finanzas en otros territorios, a mí me tocaba hacer más responsabilidades y se aplican estos complementos que están solo durante el ejercicio de tu función”, justificó.

Por su parte, la gerente explicó que “el complemento de coordinación existía y estaban dentro de una escala salarial de referencia que existía en el partido para nuevas contrataciones”. “Tanto Daniel de Frutos como yo tenemos a muchos efectos poder de representación. Eso no lo tiene nadie más en el partido excepto Daniel de Frutos y yo. Por lo tanto, formamos parte del núcleo de representantes del partido. En base a eso implemento ese plus de coordinación y además lo anejo al cargo, es decir, si deja de ser responsable del partido o yo dejo de ser gerente dejo de recibir ese complemento”, detalló. Preguntada acerca de si el tesorero le había pedido ese aumento de sueldo, ella no lo descartó: “Yo soy la gerente, todos me piden complementos, subidas, más fondos”.

Fernández Alarcón

El juez Juan José Escalonilla consideró relevantes sus conocimientos desde el principio y por eso le incluyó en uno de sus primeros autos del caso. Le citó como testigo para el día 13 de noviembre, pero su comparecencia todavía no ha tenido lugar, según informan fuentes jurídicas. El caso Neurona -del que emanan otras líneas de investigación como esta- tiene su origen en la denuncia que presentó ante la Guardia Civil el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente.

El letrado declaró ante el juez el 29 de julio y en su comparecencia de más de horas citó a Pablo Manuel Fernández en varias ocasiones. Según dijo, “fue uno de los purgados”, razón por la que dejó su puesto de gerente del partido. En su lugar nombraron a Esther Val, una de las investigadas por el juez. Calvente aseguró ante el juez que el referente de Podemos Juan Carlos Monedero cobró comisiones por el hecho de que que se contratara a Neurona para la campaña electoral de abril de 2019. Según narró, eso se lo dijo a él Pablo Manuel Fernández.

“Yo recordaré toda la vida cuando Pablo Manuel Fernández me dijo: ‘Están metiendo la mano en la caja y eso no lo podemos permitir’”, relató en otro momento de su interrogatorio. Fernández Alarcón es además el marido de Gloria Elizo, actual diputada de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso. Elizo es otra de las exdirigentes próximas a Pablo Iglesias caída en desgracia en los últimos años. 

Fue desplazada como responsable del área de Legal del partido y, según Calvente, es la persona que le animó a que investigara las irregularidades de Podemos junto a la exresponsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona. Elizo ha concedido entrevistas en los últimos meses en los que no ha ocultado sus críticas hacia la dirección del partido, por ejemplo, en la manera de gestionar en los tribunales el caso Dina, que afecta de lleno al líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno.