El juez concluye el caso Soule: la IGAE libra a la RFEF de los pagos a los árbitros

El caso Soule toca a su fin tras seis años de instrucción en la Audiencia Nacional. El magistrado Alejandro Abascal ha declinado prorrogar este procedimiento que se centra en presuntas irregularidades en la RFEF de Ángel María Villar y lo ha hecho tras adherir una ampliación de pericial solicitada a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que determina que la Federación no tiene que justificar el destino de los fondos públicos que recibe de La Liga.

Este nuevo informe, que desvela Vozpópuli, pone punto y final a la polémica en relación a la partida que la Federación recibe del ente que preside Javier Tebas la cual, a su vez, proviene de las quinielas. El instructor del caso solicitó al órgano de control que ampliara su peritaje del pasado año toda vez que detectó un descuadre de 7,9 millones de euros destinado a los honorarios arbitrales.

Ahora la IGAE concluye que la Federación no debe justificar el uso de los fondos recibidos en tanto no sería la beneficiaria de los mismos. "Bajo nuestro criterio, carece de sentido atribuir la condición de beneficiaria a la RFEF", reza el documento, el cual indica que el beneficiario de las partidas es La Liga porque es la entidad a la que la ley se refiere como la destinataria de las subvenciones.

La subvención a la RFEF

De esta forma la IGAE pretende zanjar uno de los episodios más controvertidos que se han investigado en esta causa de corrupción. Aunque el procedimiento se ha centrado en el presunto desvío de fondos de la Federación y de las mutuas de los futbolistas bajo la presidencia en la RFEF de Ángel María Villar, la IGAE puso el foco en febrero de 2022 en el destino que dio el órgano a los fondos percibidos por La Liga entre 2009 y 2017.

Anticorrupción solicitó prórroga de la instrucción, que vencía a finales de abril, pero el magistrado considera que está agotada tras las últimas diligencias

Desde entonces ha ido ampliando sus conclusiones a petición concreta de la Fiscalía Anticorrupción y de La Liga, que querían esclarecer si se habría producido un desvío de fondos públicos con los gastos destinados a los honorarios arbitrales; máxime cuando se detectó un presunto desvío cercano a los 8 millones de euros. No obstante, la Fiscalía ha advertido en varias ocasiones que el órgano dependiente de Hacienda no ha respondido con exactitud a lo que el juzgado le estaba preguntando, esto es, que acredite si hubo o no desvío de fondos públicos.

Sánchez Arminio sigue imputado

Este episodio llevó a pedir la imputación del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio, y del que fuera secretario del órgano, Raúl Massó. Tal y como desveló este medio, el magistrado se negó recordando que ya declararon como testigos, pero tanto la Fiscalía Anticorrupción como La Liga recurrieron ante la Sala de lo Penal, la cual les dio la razón y ordenó su citación como investigados.

Comparecieron el 17 de abril pero el primero se acogió a su derecho a no declarar y el segundo solo respondió a las preguntas de su abogado. Tras ello, las defensas de Massó y de Sánchez Arminio pidieron el archivo del procedimiento junto con otros siete imputados, pero el magistrado Abascal ha declinado la solicitud y decidirá sobre este asunto cuando acuerde el procesamiento de los imputados.

En paralelo, en enero se requirió a la IGAE que aclarase si detectaba "desviación de fondos públicos" autorizados por el Consejo Superior de Deportes y que iban destinados a sufragar honorarios arbitrales y gastos de árbitros en competiciones estatales de primera y segunda división. En su respuesta, la IGAE lo primero que hace es dilucidar si es la RFEF o La Liga la que debe considerarse beneficiaria del remanente de las quinielas.

La Liga es la beneficiaria

"Bajo nuestro criterio, la condición jurídica de beneficiario de la subvención correspondiente al remanente de las quinielas recae en La Liga y es esta la que está sujeta al régimen de justificación previsto en la Ley General de Subvenciones. La RFEF no ocupa ninguna posición jurídica dentro del entramado de elementos subjetivos de la relación subvencional, por lo que no resulta de aplicación los deberes que la normativa impone a los beneficiarios", apunta.

Tras ello recuerda que, en anteriores documentos remitidos a la Audiencia Nacional, se exponía que una parte de los fondos que La Liga aporta al ente de Luis Rubiales provienen de las quinielas y, por tanto, son de naturaleza pública. El importe de los mismos ascendería a casi 64,5 millones de euros, lo que supone el 18,75%. El resto son de naturaleza privada porque provienen de la gestión de La Liga y de los derechos televisivos.

Esta última, por su parte, considera que es la Federación de Fútbol la que debe responder por las cuantías derivadas porque es la que se aprovecha de estos importes. El ente, que litiga como acusación, ha apoyado su criterio en un informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación pública de la RFEF en los ejercicios 2002 y 2003. Su tesis fue la que les llevó a pedir la imputación del exnúmero dos de los árbitros así como de Massó y del propio Ángel María Villar, el cual ya figura como uno de los principales investigados en el caso Soule.

Fin a 6 años de causa

De hecho, fue uno de los detenidos tras el estallido del procedimiento en julio de 2017. Desde entonces el procedimiento suma varias decenas de imputados por el presunto desvío de fondos de la RFEF y de la Mupresfe a algunas federaciones territoriales. Entre las últimas diligencias acordadas se encuentran, además de la citación de los exdirigentes arbitrales, la declaración en calidad de testigos de los colegiados Evaristo Puentes Leira y Antonio Jesús López Nieto.

Ambos se pronunciaron sobre las partidas de la RFEF destinadas a gastos arbitrales, así como de lo acordado en una reunión celebrada en agosto de 2010 en Santander en la que se habría determinado desviar los "remanentes" señalados por la IGAE a partidas que no fueran gastos de los árbitros. La Fiscalía Anticorrupción se interesó especialmente en el papel que jugó en este asunto Sánchez Arminio y el resto de dirigentes arbitrales, pese al criterio del magistrado que entiende que no deberían figurar como investigados.

El juez avisó al respecto que la instrucción del conocido como caso Soule estaba ya prácticamente agotada y, prueba de ello, es que no la ha prorrogado tras su vencimiento el 29 de abril. El instructor no ha acordado el criterio de la Fiscalía que solicitó una ampliación de dos meses más de plazo, según confirman a este medio fuentes jurídicas. En consecuencia, la causa queda pendiente de adherir una documental solicitada a una de las federaciones territoriales a la espera del próximo pronunciamiento del magistrado relativo al procesamiento de los imputados que considere que deben ir a juicio por estos hechos.