Guardias a 50 céntimos y sueldos congelados: los jueces dicen basta y acorralan al Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta su primera gran crisis en Justicia ante la amenaza de una huelga que amaga con colapsar el sector. Las asociaciones de jueces y de fiscales avisan de que se ha llegado a una situación de no retorno tras dos décadas con el salario congelado y una carga de trabajo excesiva. La pelota está en manos del Ejecutivo, en concreto de lo que se les proponga en la Mesa de Retribuciones que se celebra este miércoles. De no alcanzar un principio de acuerdo, el parón indefinido en Justicia está garantizado.

Muchos son los motivos que les llevan a colgar las togas pero el principal, según explican en conversación con Vozpópuli ,es que se incumple de manera flagrante la ley de retribuciones de 2003. La norma se aprobó para regular el sistema retributivo de los jueces y estableció que cada cinco años se reuniría la Mesa participada por el Ministerio de Justicia, de Hacienda, el CGPJ y la Fiscalía General.

Sin embargo pese a los intentos nunca se ha acordado dicha subida. Los jueces señalan a gobiernos de uno y otro color. En 2008 hubo un amago de acuerdo que saltó por los aires por la crisis y que, además, vino acompañado de una reducción de sus sueldos del 9,5%. La llegada de Mariano Rajoy tampoco propició cambio alguno y bajo el mandato de Pedro Sánchez las cosas no han mejorado. En 2018 hubo meses de conversaciones pero sin avances y ya en octubre de 2022 se les convocó a la Mesa de Retribuciones y a los pocos días se desconvocó.

Este último episodio fue la gota que colmó el vaso. Desde entonces jueces y fiscales han barruntado la alternativa de la huelga como única salida viable y ello pese a no ser un colectivo que abuse de este derecho. Al contrario, su primera huelga fue en 2009 con Francisco Caamaño como ministro. Repitieron protesta ese mismo año, en 2013 -ya bajo el Gobierno del PP- y en 2018 volvieron a parar en mayo y en noviembre con Dolores Delgado al frente de Justicia. En total cinco huelgas en democracia.

"Los jueces no queremos la huelga"

Sin embargo, esta ocasión es diferente. Primero porque en las anteriores protestas el asunto retributivo quedó aparcado. Miles de jueces de España salieron a las calles por otros motivos como la sobrecarga laboral o la necesidad de reformar el sistema. Aunque los reclamos se mantiene, en esta ocasión el epicentro es otro. Además, de concretarse la huelga contará con el respaldo unánime de todas las asociaciones de jueces y fiscales e inevitablemente tendrá un marcado carácter político porque, al fijarse en el 16 de mayo, coincide con la precampaña de las municipales.

La huelga no tiene nada que ver con las elecciones. Si nos hubieran convocado en tiempo se habría resuelto antes. Vamos a esperar lo mejor pero prepararnos para lo peorFernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente

"Esto responde a un hartazgo. Nos han estado ninguneando muchos meses", explica Chus del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). "Si los jueces van a la huelga colapsa todo. Es muy triste para nosotros", indica la magistrada, que reconoce la gravedad del escenario al tratarse no de paros puntuales, como se ha hecho hasta ahora, sino de una huelga indefinida. "Nos cuesta mucho suspender un juicio pero llega un momento que hay que decir: 'Hasta aquí'", sostiene.

Misma tesis se defiende desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). "Para nosotros la huelga ha sido la última opción. Nos hicieron un amago de convocatoria en 2022 y desde entonces hemos mantenido un perfil tranquilo dialogante, pero parece que este es el único lenguaje que entiende el Ministerio", reza por su parte la juez Teresa García Villanueva, miembro del Comité Nacional de la AJFV.

También a la "responsabilidad institucional" apelan desde Foro Judicial Independiente. Fernando Portillo, su portavoz, recuerda que ante el último plantón del Gobierno se les anunció que se convocaría reunión en febrero. Las excusas se fueron alargando hasta mayo. Sobre el periodo electoral aclara que no es voluntad de los jueces que coincida con las elecciones, sino que se plantea ahora porque no se les ha convocado antes. "Duele el perjuicio que podamos causar a los justiciables. Vamos a esperar lo mejor y prepararnos para lo peor", sentencia.

Al igual que el resto de entrevistados, alude también a los paros de los letrados de la Administración de Justicia que se alargaron durante dos meses. Las protestas de los antiguos secretarios judiciales forzaron las negociaciones con el Ministerio de Pilar Llop y se saldaron con resultado positivo para este colectivo: se acordó una subida de sueldo por nómina de unos 420 euros. Tras ellos, protestan ahora también los funcionarios de Justicia y los abogados del turno de oficio.

Sin embargo los jueces quieren desligarse de esa deriva. Desde Juezas y Jueces para la Democracia se recuerda que este colectivo cumple la Ley y, por ello, cuando se desconvocó la Mesa de octubre del año pasado decidieron recurrir a la Justicia antes que nada. En diciembre interpusieron demanda en la Audiencia Nacional para que resuelva sobre la obligatoriedad por ley de estudiar las revisiones de sueldo. El asunto está pendiente de votación y fallo.

"No estamos en el mismo grupo que los letrados de la Administración o que los funcionarios. No nos enganchamos a ello", matiza a este medio Ascensión Martínez. La portavoz de la asociación progresista se muestra más optimista de cara al cónclave del miércoles: "Nosotros no cerramos ninguna puerta a adoptar medidas de presión pero veíamos precipitado lo de la huelga puesto que no sabemos lo que nos van a decir el día. Vamos con espíritu constructivo", indica.

El pago mínimo de las guardias

Otra de las patatas calientes a la que aluden jueces y fiscales es el pago de las guardias. Las hay de permanencia y de disponibilidad y se dividen por categorías. La carrera judicial denuncia no solo que las cifras son irrisorias, sino que se genera injusticia con el sistema actual dado que los jueces cobran lo mismo por hora que los funcionarios o secretarios judiciales cuando la responsabilidad de los primeros es mucho mayor.

En España hay una media de 12 jueces por 100.000 habitantes y en la UE 21. El problema reside sobre todo en la alta carga de trabajo y el volumen de litigiosidad

Una guardia en primera categoría (como ocurre en la capital) se paga a 244 euros. Si el día es festivo la cifra asciende a 305 euros. En segunda categoría (cuando hay varios juzgados de instrucción, propio de las grandes ciudades) los jueces cobran 276,99 euros por guardias de siete días. Son un total de 147 horas de trabajo que se pagan a 1,87 euros la hora. Pero la ratio baja cuando se trata de guardias de disponibilidad. Las de ocho días se cobran a 152,70 euros (aproximadamente un euro la hora) mientras que la semanal se percibe a 61,13 euros, lo que se traduce en 0,47 céntimos la hora.

"Hemos experimentado un deterioro en nuestra retribución por la inflación. Nuestra reclamación es justa a la vista de lo ocurrido en los últimos 14 años" reza Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Las tres asociaciones de fiscales también se suman a la protesta pero desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se muestran más cautos. Según explica a este medio su presidenta, Inés Herreros, se ha preguntado a sus afiliados y el 90% de los asociados prefieren aguardar al resultado de la reunión del miércoles antes de ir a la huelga.

Pocos jueces, muchos funcionarios

¿Cuál es entonces la solución al problema? Francisco Gutiérrez, de Foro Judicial Independiente, aclara que el problema no es el monto de presupuesto que se destina a la Administración de Justicia, sino su reparto. Este magistrado, que centró su tesis en la relación que existe entre el gasto en este ámbito con los medios personales y materiales, asegura que para estos parámetros deben ir de la mano para que la Justicia funcione.

En España, a día de hoy hay unos 12 jueces por 100.000 habitantes cuando la media europea es de 21. El juez explica que, comparado con otros países como Inglaterra el dato es positivo, ya que en este país apenas asciende a 7. Sin embargo, en Francia, Portugal u Holanda la cifra es mucho mayor. "Para ver si estos jueces son suficientes o no hay que ver qué carga de trabajo soportan", razona.

Y en eso España saca delantera. Según indica, somos el país dentro de la UE que más litigiosidad tiene por habitante. Eso unido a la elevadísima carga que soportan los jueces día a día hace que la cifra sea exponencial. "La Justicia no es que funcione mal, es que funciona peor que hace 20 años", indica y ello pese a que el gasto en el sector se ha incrementado de manera razonable.

El principal problema reside en que el reparto no es equitativo. España es el país que más número de funcionarios tiene por juez. Alemania cuenta con 45.000 funcionarios para unos 22.500 jueces. España tiene 48.000 funcionarios para una plantilla que no llega a los 5.600 jueces. "El 53% del presupuesto de Justicia se gasta en funcionarios" explica, al hilo que recuerda la problemática de que en 12 comunidades, autónomas la Justicia está descentralizada.

La cultura del litigio

Así pues, otro de los eternos reclamos de este sector es conseguir un reparto más justo y cargas más asumibles. En los últimos años la litigiosidad ha crecido como la espuma y la pandemia no ha hecho sino agravar el asunto. El Gobierno reforzó hace 3 años los juzgados ante la avalancha de asuntos en jurisdicciones como lo Social pero la carga sigue siendo, según dicen, inasumible. " Se crea una cultura del litigio en la que es la Justicia la última baza. Quizás la única", subraya Gutiérrez.

Se trata de un agravante más que tensa la cuerda con el Ejecutivo e incrementa el descontento de la carrera. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia desde donde se remiten a las últimas declaraciones de Pilar Llop en las que dijo que solo le corresponde solo la gestión directa de las cinco comunidades que no tienen las competencias transferidas. "Desde que llegué al Ministerio no he parado de trabajar para mejorar el sistema de Justicia", expuso, apelando a una subida del presupuesto de 40 millones de euros.

Ni la cifra ni las explicaciones convencen ya al grueso de jueces que ha perdido el 20% de su capacidad adquisitiva en las últimas dos décadas. El Gobierno tiene ahora en su mano evitar 'in extremis' el caos que se avecina en la Administración a partir del 16 de mayo.