Publicado: 09/03/2023 04:45
Actualizado: 09/03/2023 04:50
Los arbitrajes son la mejor forma que encuentran las empresas y los inversores internacionales para defenderse de los países que les cambian las reglas del juego después de invertir su dinero. Esto es lo que pasó en España en 2013. Empresas y firmas internacionales que habían apostado por el negocio de las energías renovables en el país se encontraron con que el Gobierno que lideraba Mariano Rajoy les retiraba uno de los factores más atractivos para su inversión: las primas a las renovables para acelerar su expansión. Y, diez años después de esta decisión, España es el país más moroso en el pago de arbitrajes tras Venezuela.
El experto en inversiones internacionales y arbitrajes Nikos Lavranos, fundador de la plataforma Investment Consulting, destaca el impacto que ha tenido esta decisión para España en su informe sobre el cumplimiento del arbitraje, el tratado de inversión y los laudos publicado a finales de 2022. Una investigación que comparten desde el sector a Vozpópuli antes los reiterados cambios regulatorios que se están produciendo en el sector y que podrían consolidar a España en esta posición.
Los tribunales internacionales de arbitrajes han condenado a España en ocho ocasiones y su factura pendiente de pago se eleva hasta los 700 millones de euros. Venezuela, por su parte, ocupa el primer lugar con 11 laudos impagados por valor de 7.168 millones de dólares y, para cerrar este podio, aparece Rusia con 6 procesos pendientes con inversores con un saldo de 55.132 millones de euros.
Los inversores han llevado a España ante los tribunales internacionales de arbitraje hasta en 50 ocasiones, reclamando 9.500 millones de dólares por verse afectados en sus inversiones en el país. Como detalla Nikos Lavranos, cerca del 100% de estos inversores se acogen al Tratado sobre la Carta de la Energía para llevar a España ante los tribunales arbitrales. Un tratado del que España ha iniciado el proceso de salida junto al resto de países miembros de la Comisión Europea.
Un movimiento que no afecta a estos procesos. La retirada del Tratado entra en vigor un año después de la notificación. A partir de ahí, las nuevas inversiones en el país como los inversores de ese país que se retira no estarán protegidas por este tratado. Sin embargo, las inversiones ya realizadas seguirán disfrutando de la protección durante un período de 20 años en virtud de la denominada "disposición de caducidad" del Tratado de la Carta de la Energía.
Bruselas no deja pagar estos arbitrajes
Este informe que se maneja desde el sector sirve a "modo de presión por parte de los demandantes y tiene ciertos matices", señales expertos en procesos arbitrales. El principal es que el Reino de España no puede pagar porque Bruselas "se lo impide por ley".
La Comisión Europea no permite abonar ningún arbitraje vinculado con el conflicto de las primas a las renovables hasta concluya si estas primas constituyen ayudas de Estado y vulneran los Tratados de la Unión Europea. "En el caso de que España decidiera pagar los arbitrajes pendientes, la propia Comisión Europea exigiría al Reino de España a recuperar todas estas ayudas y sería 'peor el remedio que...'", defienden expertos en este proceso.
Búsqueda de acuerdos
Ante esta encrucijada, el actual Gobierno decidió hace cuatro años tender la mano a estos inversores con una oferta en la que establecía que las plantas afectadas por el recorte de 2013 mantendrían intacta su retribución anual del 7,39% hasta 2031 siempre y cuando renunciasen a iniciar acciones legales contra el Estado. Y en el caso de tener ya algún procedimiento en marcha, retirarlo. También se acordó rebajar ligeramente la tasa de rentabilidad razonable de las renovables (desde el 7,39% hasta el 7,09%) en los próximos seis años.
Este acercamiento no funcionó. El Gobierno que lidera Pedro Sánchez lleva desde entonces buscando los mejores asesores para abordar estos arbitrajes y, ahora, se acoge a motivos 'verdes' para romper este escudo para inversores internacionales. Un debate que ya no aborda el Ministerio de Transición Energética sino la propia Abogacía del Estado.
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las alucinantes primas a las renovables que decretó Zapatero siguiendo una agenda ideológica y cuando el coste de la tecnología era aún desmesurada fueron un acto auténticamente criminal y un atentado contra el bolsillo de los españoles.