Jueces al margen de la ley

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el gobierno de los jueces, lleva 48 horas fuera de la ley. Es un hecho extraordinario, y de una indudable gravedad. Por más fundados que sean los argumentos que esgrimen los “rebeldes”, la conclusión a la que llegará cualquier observador alejado de la casquería política que denuncia el presidente del Gobierno -y que él mismo ha contribuido tanto a propagar-, es que un grupo de eminentes juristas y magistrados ha tomado la estrafalaria decisión (y algo más que estrafalaria) de desobedecer al Parlamento. Un episodio del que no se hablará en la barra del bar, por mucho empeño que se tome en convencernos la ministra de Justicia, que probablemente no será de los que tengan un gran impacto en las urnas, pero que revela la creciente fragilidad de nuestro edificio institucional.

Esa es la interpretación predominante en la mayoría de las cancillerías europeas, lectoras del único periódico nacional con alguna influencia en el exterior e incapaces de descifrar, por indescifrables, las claves de uno de los capítulos más bochornosos, por injustificado y dilatado, de nuestra democracia. Un desgraciado capítulo en el que no hay inocentes. Ni la política ni la justicia; ni los jueces que han consentido "la actitud conformista, penosamente acomodaticia y muy generosamente retribuida de unos vocales confortablemente instalados en una anomalía que ni han sabido ni probablemente querido combatir”, ni los políticos que con su enfermiza obsesión por controlar el Poder Judicial han alimentado “la falsa impresión de que la Justicia sería más eficaz, más sana y más democrática en su funcionamiento interno si excluyéramos al Parlamento del sistema de elección del CGPJ”.

El derecho de veto, basado en criterios de prestigio profesional y apartidismo, y un instrumento automático de renovación mediante sorteo, fórmulas para superar el bloqueo

Los entrecomillados anteriores son de un artículo publicado aquí hace ahora un año y que llevaba por título “Tampoco los jueces son inocentes”, y en el que también se afirmaba lo siguiente (pido disculpas por la autocita): “Alguien dijo en ocasión que no viene al caso que la reforma judicial era demasiado importante para dejarla en manos de los jueces. Yo diría más. Diría que la Justicia en su conjunto es demasiado importante para dejarla en manos de los jueces; como también podría decir que la política es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos. Pero si hoy hay una evidencia aún mayor que las anteriores, es que la Justicia es demasiado importante para dejarla en las exclusivas manos de los políticos; de estos políticos”.

La dimisión de Lesmes, una ventana de oportunidad

Es la política la principal responsable de este destrozo; pero la política es también la única herramienta legitimada para recomponerlo. La duda surge al constatar hasta qué punto algunos de nuestros dirigentes políticos están dispuestos a seguir utilizando la Justicia como campo de batalla e instrumento de desgaste del adversario; el problema es la menguante credibilidad de quienes tienen en sus manos la solución y exigen al CGPJ el cumplimiento de la ley mientras callan ante la rebelión de las escuelas en Cataluña o promueven la impunidad de ciertos fugados de la Justicia, o condenados por el Supremo, mediante lo que han denominado la “desjudicialización” de la política; la cuestión, también, es saber si el nuevo líder de la Oposición será capaz de despejar de forma convincente la sospecha de que su actitud -recientemente matizada, bien es cierto- nada tiene que ver con el rosario de causas que el PP tiene aún abiertas en los tribunales.

Sin discutir su prestigio como jurista, creo que, objetivamente, Carlos Lesmes ha sido un mal presidente del CGPJ. Ha adormecido la institución, la ha alejado de los ciudadanos y, sobre todo, ha denunciado con un retraso injustificado una situación que ya era intolerable hace tres años. En su descargo hay que decir que esta anormal prórroga de su mandato ha coincidido con un Gobierno que siempre lo ha visto como un enemigo y un Partido Popular que ha tratado a los vocales conservadores del Consejo como meros subordinados. Y aunque tardía, con su amenaza de una dimisión más o menos inminente, no solo elige la única salida digna en estas circunstancias, sino que le hace un último servicio a la causa instigando el acuerdo entre los dos grandes partidos.

Veremos si a Sánchez le queda un gramo de clarividencia para darse cuenta de que lo más inteligente quizá sea hacer cambios ahora, sin tocar el modelo, antes de que una mayoría de centro-derecha controle el Parlamento

Un acuerdo inaplazable y de muy sencilla aplicación si de verdad hubiera voluntad de restaurar la normalidad en el CGPJ y en el conjunto de la Administración de Justicia. Un acuerdo que pasaría por el mantenimiento del actual modelo de elección -mixto de Parlamento y jueces-, pero introduciendo dos nuevos mecanismos que empujen al pacto: el derecho de veto, basado en criterios de prestigio profesional y apartidismo, y un instrumento automático de desbloqueo consistente en la elección de los nuevos vocales mediante sorteo en el caso de que, transcurridos 3 o 6 meses como máximo, los grupos parlamentarios no hayan sido capaces de proponer una lista de consenso.

Veremos qué ocurre finalmente con Lesmes; y veamos si Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se dan cuenta de que las soluciones sencillas son las más viables, de que Lesmes les ha abierto una nueva ventana de oportunidad. Veamos si Feijóo es consciente de que el error del PP sería empeñarse en menospreciar al actual Congreso de los Diputados exigiendo que una mesa de negociación bipartidista apruebe un cambio de modelo; y veamos si a Sánchez le queda un gramo de clarividencia para darse cuenta de que lo más inteligente quizá no sea atrincherarse en eslóganes ofensivos sino aceptar esas garantías de renovación sin tocar el modelo pactando su permanencia en el tiempo. Y hacerlo ahora, antes de que tras las próximas elecciones se dé la nada improbable circunstancia de que el centro-derecha sea mayoritario en el Parlamento.

La postdata: la sentencia de los ERE y la presunción de inocencia

(Recurso Casación/601/2020. Voto particular que formula la magistrada Ana María Ferrer García al que se adhiere la magistrada Susana Polo García. Páginas 1116 a 1204)

“Según nuestro criterio y en lo que afecta a nuestra discrepancia, el juicio deductivo que hace la Audiencia deja abierto un espectro de posibilidades que fisura el razonamiento inferencial que lo sustenta. Los indicios barajados no son unívocos y concluyentes, sino que construyen una secuencia incriminatoria a través de inferencias demasiado ambiguas y abiertas, que generan márgenes de incertidumbre en los aspectos nucleares sobre los que se construye la autoría de los acusados que nos ocupan. En vista de los razonamientos precedentes, ha de concluirse que estamos ante una prueba de cargo que no puede considerarse concluyente y suficiente para poder declarar probado el sustrato fáctico y normativo del dolo eventual del delito continuado de malversación atribuido a los D. José Antonio Griñán Martínez, Dña. Carmen Aguayo Martínez, D. Francisco Vallejo Serrano, D. Jesús Rodríguez Román y D. Miguel Ángel Serrano Aguilar, que debieron por tanto ser absueltos de ese tipo penal por haberse vulnerado con su condena el derecho fundamental a la presunción de inocencia”.