Interior responde al juez del 'caso Koldo' que ha borrado todos los correos del cargo que contrató con la trama

El Ministerio del Interior ha respondido al requerimiento del juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, que ha borrado todos los correos electrónicos de la cuenta corporativa del funcionario que se encargó de la contratación de la empresa de la trama -Soluciones de Gestión- para la compra de mascarillas en 2020: "No existe contenido alguno".

Así consta en una carta de la Secretaría de Estado de Seguridad a la que ha tenido acceso Europa Press y que consta en un anexo a un informe de la UCO. La carta lleva fecha de 20 de febrero, un día después de que el juez solicitara a Interior copia a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad de los correos electrónicos -entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020- de Daniel Belmar, que estuvo al frente de dicha subdirección en la época que se investiga.

Interior explica al juez que Belmar "cesó en su destino en marzo de 2023 quedando en dicha fecha anulado el correo mail utilizado por el mismo [email protected]".

Y añade que tal y como determina la ley de conservación de datos, la obligación de conservar esos mails "cesa a los doce meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación". "Por tal motivo no existe contenido alguno en los buzones o carpetas del correo electrónico corporativo entre el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020 de Daniel Belmar", señala.

Cabe recordar que Soluciones de Gestión firmó con Interior un contrato de suministro de mascarillas por valor de 3,4 millones de euros, y que tras esta respuesta, la UCO citó a Belmar en sus dependencias para que declarara en el marco de la investigación en calidad de testigo.

La entrada de la Guardia Civil en Interior

En ese mismo anexo consta un acta de la Guardia Civil relativo a la entrada de dos agentes de la UCO en la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado 20 de febrero.

Ese acta indica que fueron atendidos por el subdirector general Mario García Colorado y que les entregó un 'usb' que contenía tres documentos relacionados con el expediente objeto de requerimiento: una memoria justificativa, una resolución de emergencia y un documento relativo a la IGAE.

En ese mismo escrito, la Guardia Civil explica que la documentación relativa al contrato se hallaba en otra subdirección, la Subdirección General de Gestión Económica, que era el órgano contratante con anterioridad. Una vez se dirigieron a esa otra subdirección, sí pudieron recabar el contrato.