Golpe de efecto en el caso cuarteles: un teniente coronel pide ahora declarar ante la juez

Primer movimiento clave en la causa de las obras de cuarteles de la Guardia Civil. El teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, imputado por este asunto, ha trasladado a la juez María Isabel Durántez que quiere declarar. El mando pide comparecer de manera voluntaria a tenor del revuelo mediático generado con el estallido del caso cuarteles. Su objetivo es desligarse de cualquier irregularidad.

Así lo plasma en un escrito que avanza Vozpópuli y en el que el teniente coronel adelanta que quiere ser interrogado para aclarar "su falta de conocimiento y participación en los hechos denunciados". No obstante, el que fuera jefe de la Comandancia de Ávila quiere que esta diligencia sea secreta y ya avisa de antemano que tendrían que frenarse las filtraciones de esta causa de corrupción.

A falta de que la juez responda a su petición, se trata de la primera diligencia de calado en meses. El procedimiento lleva desde verano del año pasado en punto muerto a la espera de que se periten las obras de los cuarteles señaladas por Asuntos Internos de la Guardia Civil. No obstante, pese al tiempo que lleva investigándose, no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido públicamente debido a su vínculo indirecto con la trama del 'tito Berni'.

Tirar de la manta

"Con objeto de centrar la posición de mi defendido y aclarar algunos aspectos de su cargo, venimos a interesar se vuelva a recibir declaración a mi representado Carlos Alonso Rodríguez ante este juzgado, con traslado al resto de partes personadas, con los apercibimientos oportunos a fin de evitar filtraciones, que dañan injustamente la imagen de mi defendido, que tiene a bien merecer después de todos sus años de servicio profesional", recoge el escrito.

Con objeto de aclarar la falta de conocimiento y participación venimos a interesar que se vuelva a recibir declaración, con los apercibimientos de evitar filtraciones que dañan injustamente su imagenAbogada del teniente coronel

El teniente coronel fue imputado en el marco de la causa que se abrió en los juzgados de Ávila en 2019. Las diligencias arrancaron a tenor de un informe de Asuntos Internos que denunció supuestas irregularidades en las obras de cuarteles de la Guardia Civil. Una denuncia anónima dio pie a una investigación que destapó que estos contratos se fraccionaron para que fueran menores y se concedieron a Ángel Ramón Tejera de León. Se trata de uno de los empresarios que aparece salpicado en la causa del 'tito Berni'.

Las primeras diligencias propiciaron la imputación de este empresario, de un ayudante suyo y la de Carlos Alonso, en el momento de los hechos jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila. En su primer interrogatorio, el teniente coronel se desligó de cualquier irregularidad. Según dijo, él no tenía responsabilidad alguna en la adjudicación de estos contratos analizados por Asuntos Internos.

Órdenes de Madrid

En concreto expuso que se contrató con las empresas de Mon (especialmente con Angrasurcor S.L) por orden directa del teniente general Pedro Vázquez Jarava. La irrupción de este otro mando en la causa propició la inhibición del juzgado a favor de Madrid, ya que Vázquez Jarava trabajaba en el momento de los hechos en la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en la capital.

Tras este giro en la causa, Asuntos Internos de la Guardia Civil inició una nueva línea de investigación que destapó irregularidades en contratos de trece comandancias (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, LA Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid). Según el informe, éstos se adjudicaron a las empresas de Mon y se abultó la facturación hasta el punto de que los contratos superaban los 3,3 millones de euros.

Precisamente, se está pendiente de realizar un peritaje de todas estas obras del cual se encargará Patrimonio del Estado, tal y como informó este medio. No obstante, ya se hizo una evaluación previa cuando el procedimiento se seguía en Ávila. El peritaje elaborado en 2019 advirtió de que los trabajos de pintura y de impermeabilización en muchos acuartelamientos no se realizaron en su totalidad y en otros directamente ni siquiera se comenzaron.

Se trata de presuntas irregularidades a las que también se ha referido Asuntos Internos de la Guardia Civil, los cuáles ya resaltaron además lo inusual de que las obras en acuartelamientos de Ávila se encargaran a este empresario canario ya que el proceder normal es que lo hagan empresas locales.

Archivo fallido

Con todo, la causa llevaba meses parada a la espera de que se impulse el peritaje que rechazó realizar el Ministerio del Interior, de manera que la declaración del teniente general se perfila como la primera gran diligencia de calado desde que comenzaran las primeras publicaciones sobre este caso de corrupción.

En el marco del mismo, Asuntos Internos ha rastreado los movimientos fiscales tanto de Tejera de León como del general Jarava. En el caso del primero de ellos la Guardia Civil puso el foco en cuatro empresas ( Canarycorck S.L, Impermercorck S.L, Angrasurcor S.L y Solocorcho S.L.) y solicitó que se investigasen sus fondos a tenor de todos los contratos públicos que se adjudicó.

Los indicios que obran en la causa llevaron a la Audiencia de Madrid a desestimar la petición de archivo. El teniente coronel que ahora pide declarar solicitó el carpetazo alegando que la pericial era "superficial" y que de la investigación patrimonial realizada no se evidenció enriquecimiento ilícito alguno. La respuesta de la Audiencia fue negativa. Alegó que queda por practicar una pericial de "particular relevancia" y que hay indicios que requieren seguir investigando, como el hecho de que el propio empresario beneficiado admitiera que las facturas estaban abultadas.

Contratos menores

Muchas de estas adjudicaciones coincidían en la cifra, ya que la mayoría de casos no superaba los 40.000 euros. Las adjudicaciones consultadas por este medio se enmarcan dentro de la categoría de "contratos menores" que, al no superar esta cifra, se resolvían mediante expediente administrativo y conseguían eludir controles más estrictos de la Administración.

La mayoría iban de julio de 2016 hasta febrero de 2020. En algunos casos incluso se suscribieron varios acuerdos en un mismo día. Así ocurrió, por ejemplo en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que adjudicó a la empresa de 'Mon' la “reparación y aislamiento” del “bloque 3” y del “bloque 4” de Tarifa y también el “Pintado Exterior Bloques Acuartelamiento San Roque.

Pero el empresario señalado en el caso del 'tito Berni' no solo logró contratos para obras de cuarteles. Tal y como ha desvelado este medio, también se benefició de adjudicaciones de cuatro ayuntamientos de Canarias. Los municipios de La Villa de Breña Alta, Los Llanos de Aridane, Barlovento y Puntallana beneficiaron con media docena de contratos públicos para diversas reformas.