El empresario salpicado por 'tito Berni' trabajó para varios consistorios en plena investigación

El empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido con el sobrenombre de Mon en el sumario del caso Mediador que implica al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, no solo contó con adjudicaciones para realizar obras en cuarteles de la Guardia Civil. Según ha podido comprobar Vozpópuli, sus empresas también contaron con dinero de cuatro administraciones locales en Canarias a través de media docena de contratos para diversas reformas.

El municipio que más recurrió a la empresa de Angrasurcor, de la que es administrador único Ángel Ramón Tejera de León, fue La Villa de Breña Alta (7.199 habitantes) gobernado por Jonathan de Felipe Lorenzo de Coalición Canaria. Esta localidad de Santa Cruz de Tenerife concedió a Mon tres contratos en dos años. El primero de ellos data del 12 de noviembre de 2020 por la "Impermeabilización de la cubierta del Polideportivo Municipal".

Solo se presentó la empresa Angrasurcor a la licitación por un contrato menor que tenía un importe de 42.709,05 euros, (39.915 euros sin impuestos). El plazo de ejecución de la obra era de un mes. Más de seis meses después el empresario siguió haciendo negocio en el municipio. Se le adjudicó, el 25 de julio de 2021, un contrato por "Trabajos de proyectado de corcho en la cubierta del Polideportivo Municipal".

En este proceso de adjudicación se presentaron tres empresas más pero se la quedó finalmente el empresario salpicado por el caso Mediador -se le cita en el sumario en varias ocasiones, si bien no ha sido citado como investigado-. En este caso el precio fue de 42.424,32 euros que sin impuestos se llevó 39.648,9 euros. El plazo de Ejecución fueron dos meses.

Casi un año después Angrasurcor recibió un nuevo contrato por parte de esta entidad local. El 5 de mayo de 2022 la empresa de Mon recibió 42.559,25 euros (sin impuestos, 39.775), por la insonorización del campo de lucha. También se recibieron tres ofertas por esta adjudicación.

Otro de los municipios en los que consiguió contratos Ángel Ramón Tejera de León fue en Los Llanos de Aridane (20.551 habitantes), en Santa Cruz de Tenerife, que está gobernado por el Partido Popular. Según la Plataforma de Contratación, se le adjudicó un contrato por la "Ejecución de solados y falsos techos en el cuartel de la Guardia Civil". El importe de licitación fue de 33.270,96 euros (31.094,36, sin impuestos). El plazo de ejecución fue de 42 días y se firmó el 19 de octubre de 2018.

Último contrato con un alcalde socialista

También recibió un contrato en Barlovento (1.897 habitantes), un pequeño municipio ubicado al norte de la isla de La Palma donde gobierna el Partido Popular. En este caso el objeto del importe fue la "Impermeabilización de la cubierta transitable del pabellón deportivo". La obra se realizó por un importe de 42.313,08 euros, (39.544 euros, sin impuestos), y se ejecutó en un plazo de tres meses. La adjudicación se concretó el 25 de abril de 2021.

El último contrato adjudicado por un ayuntamiento adjudicado a empresas de Tejera de León fue el Puntallana (2.547 habitantes), donde el regidor es Víctor Manuel Guerra Hernández del Partido Socialista. Una pequeña localidad en la isla de La Palma donde se necesitaba la "Impermeabilización de centros de enseñanza", adjudicado por un importe de 42.474,29 euros, 39.695,6 euros sin impuestos, y un plazo de ejecución de un mes. La firma se realizó el 28 de junio de 2022.

Mon y su relación con el 'tito Berni'

Ángel Ramón Tejera de León es el empresario que está siendo investigado judicialmente por las obras en los cuarteles de la Guardia Civil. Su nombre también aparece en el sumario del caso 'Mediador' por su relación con los protagonistas de la trama del 'tito Berni', si bien no figura como investigado en ésta última causa.

Las últimas licitaciones adjudicadas a sus empresas a las que ha podido tener acceso Vozpópuli son contratos “menores”, lo que supone un procedimiento más laxo por parte de la Administración. Muchos de los contratos rozaban el límite que permite esta categoría de contratos públicos, fijado en 40.000 euros. También se puede apreciar que la reforma de un cuartel se dividió en dos lotes, adjudicados en un mismo día a la misma sociedad de dicho empresario.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid investiga el caso. La juez ha puesto el foco en reformas repartidas por trece comandancias de toda España, en una causa por la que se le ha imputado a este empresario canario, además de a su colaborador Salvador Gutiérrez Espinosa. También se interrogó al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien deslizó que se actuó por orden del teniente general Vázquez Jarava.

Los cuarteles de la Guardia Civil

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha solicitado a la magistrada que reclame datos del mando imputado a la Agencia Tributaria. La petición se ciñe exclusivamente a los meses de enero y diciembre de 2015. Aunque no fue la única diligencia que solicitaron los agentes. También propusieron requerir a la Tesorería General de la Seguridad Social para que facilitasen información de la vida laboral del teniente general y de su esposa, la cual no está imputada por estos hechos.

El objetivo es esclarecer si el general habría desviado fondos con estos contratos menores que Mon se adjudicó en el llamado caso cuarteles. De hecho, todas las miradas están puestas en este general desde que el jefe de la Comandancia de Ávila le señalara como el que ordenó contratar a Tejera de León. Precisamente su irrupción en la investigación hizo que ésta pasara de un juzgado de Ávila a Madrid, ya que en el momento de los hechos Jarava estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, en la capital.

La causa por estos presuntos contratos irregulares lleva desde verano en puerto muerto. El motivo reside en que se está a la espera de un peritaje clave que determinará si hubo o no pufo con estos contratos menores. Como informó este medio, el análisis lo va a efectuar Patrimonio del Estado, después de que el Ministerio del Interior declinara evaluar los contratos por falta de medios.

En todos aparece como beneficiario Mon. Por ello Asuntos Internos puso el foco en cuatro de sus empresas: Canarycorck S.L, Impermercorck S.L, Solocorcho S.L y Angrasurcor S.L, aunque es esta última la que se adjudicó casi todos los contratos. A la causa abierta en Madrid hay que añadir también otra en Valencia que, aunque no salpica a Mon directamente, sí que se centra también en investigar presuntas irregularidades en las adjudicaciones para obras de mantenimiento y pintura de cuarteles del Instituto Armado.