El juez dice que la decisión de que Ghali entrara en España correspondió a Sánchez

El magistrado estrecha el cerco en relación a la entrada de Brahim Ghali en España. El instructor ha archivado la causa para Camilo Villarino, el que fuera gabinete de la exministra Arancha González Laya, aunque declina sobreseer también a la exresponsable de Asuntos Exteriores. Más bien al contrario, implica en la operativa a este departamento junto con Interior y Defensa aunque concluye que la "decisión última" de facilitar la llegada del líder del Frente Polisario correspondía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta actuación, avisa, "es inobjetable penalmente".

En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Rafael Lasala asegura que, tras todos estos meses de instrucción, no se puede concluir que Villarino supiera de la existencia de causas penales abiertas en la Audiencia Nacional contra Ghali. Lasala sostiene que tan solo fue informado desde el Ministerio del Interior de la existencia de estos procedimientos cuando llevaba varios días en España y, por tanto, nada supo de este asunto antes, cuando tramitó su entrada en España proveniente de Argelia.

El magistrado -que investiga una presunta falsedad documental con estos hechos- alega que la cuestión sobre su llegada el pasado 18 de abril la promovió González Laya (que sigue imputada en la causa) tras recibir una llamada de Argelia, aunque "la decisión última correspondía al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. Explica el instructor, no obstante, que esta decisión acerca de permitir la entrada en España de Ghali es "inobjetable penalmente pues el Gobierno tan solo responde política y socialmente de sus aciertos y equivocaciones en la dirección de la actividad política".

"Si nada se sabía de la condición procesal de Ghali ningún reproche penal cabe realizar. Pero inquieta al respecto tanto lo que dijo en su declaración Camilo Villarino como el detalle con que lo dijo. En el minuto 39 de la grabación refería que el viernes 23 de abril le llamó la Directora de Gabinete del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo, expresándole que el día anterior la Policía Judicial les había comunicado que había una providencia del juez Ruz o Pedraz diciendo que se informara sobre la localización de Ghali en España", recuerda el auto.

Interior "lo sabía antes"

Se trata de una petición que se formuló después de que estallara en prensa que la persona que estaba ingresada en un hospital de Logroño con identidad falsa era, realmente, el líder del Frente Polisario. El juez recuerda que, tras la declaración de Villarino, solicitó a la Audiencia Nacional los informes policiales para saber si verdaderamente había una orden de búsqueda contra Ghali, así como si tenía causas abiertas en España.

No fue del 18 al 22 cuando Interior tomó conocimiento de tal interés judicial, sino que se sabía ya antes, con lo cual se habría omitido comunicar de forma consciente a la Justicia española

"Conforme a estos datos, un proceso deductivo dice que no fue del 18 al 22 de abril de 2.021 cuando responsables del Ministerio de Interior tomaron conocimiento de tal interés judicial, sino que se sabía ya antes, cuando se adoptó la decisión de que entrara en España, con lo cual se habría omitido comunicar de forma consciente a la Justicia española la localización en territorio nacional de una persona a la que se le quería recibir declaración como investigado y de la que se había interesado en varias ocasiones su localización".

Con todo, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza concluye que "este proceso deductivo" es insuficiente para considerarlo como una prueba indiciaria en el marco de esta causa en la que, los últimos en declarar como testigos han sido el comisario general de Información, Eugenio Pereiro, y el Director Adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González Jiménez.

La Abogacía no ve delito

Los servicios jurídicos del Estado solicitaron el septiembre el archivo para Villarino y la exministra del Gobierno de Sánchez y lo volvieron a reiterar en febrero al considerar que no tuvieron nada que ver con la prevaricación y presunta falsedad documental que se atribuye con el pasaporte falso de Ghali. El magistrado le excluye ahora del procedimiento pero constata que Villarino no era el único que sabía que se estaba fraguando su entrada secreta. Según su relato de los hechos, el 15 de abril (tres días antes de su aterrizaje en Zaragoza) recibió una llamada de la directora del gabinete de Vicepresidencia (cargo ejercido entonces por Carmen Calvo).

Su objetivo era confirmar si, efectivamente, se estaba preparando su llegada para trasladarle a un hospital de Logroño. Villarino llamó a González Laya y ésta se lo confirmó. De manera que, antes del 18 de abril, Vicepresidencia, y Exteriores sabían del operativo que derivó en una fuerte crisis diplomática con Marruecos. A ellos se añade el Gobierno de La Rioja, el cual "encargó ciertas gestiones sobre la posible asistencia sanitaria en Logroño" a Eliseo Sastre, jefe de gabinete de la presidenta.

El magistrado continúa su auto relatando todas las actuaciones que impulsó Villarino por orden de la exministra, como el contacto con los responsables del aeropuerto de control de pasaportes y aduana (para omitir este trámite) o el envío de la ambulancia medicalizada que trasladó a Ghali de Zaragoza a Logroño. Al respecto concluye Lasala que la asistencia por motivos de humanidad constituye una "actitud humanamente irreprochable" aunque Ghali hubiera sido atendido de la misma manera en Argelia que en Logroño.