El vídeo de Laya ante el juez de Ghali: "La decisión fue política. Se trató con discreción"

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya explicó al magistrado que investiga la entrada y salida de Brahim Ghali de España que se trató de una decisión política y que se siguieron los cauces propios al tratarse de una cuestión política. Así lo argumenta en el vídeo de su declaración ante el magistrado Rafael Lasala, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que apunta que el asunto se trató con discreción, teniendo en cuenta que países terceros (en referencia a Marruecos) desconocían el operativo, aunque eso sí, siguiendo los cauces legales.

Laya, a quien el magistrado imputó por delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental, se acogió en numerosas ocasiones a la Ley de Secretos Oficiales para no desvelar detalles acerca de la entrada en España del líder del Frente Polisario y de su hijo o del contacto de Argelia que les solicitó que le acogieran en España. No obstante, confirmó que "no se hizo ninguna verificación de su pasaporte" debido a la exclusividad de la situación y debido también a que se trataba de una petición de ayuda humanitaria de un país tercero.

Pese a la insistencia del magistrado en aras a esclarecer quien lo pidió y si ella trató con sus superiores en el Ejecutivo esta cuestión, Laya se limitó a recordar que era su "deber y obligación" guardar silencio acogiéndose a lo dispuesto en Consejo de Ministros de octubre de 2010 que regula la política de seguridad de la información de Exteriores. De este modo ocultó quien era su persona de contacto en Argelia, así como si trató con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este asunto.

"¿Causa humanitaria o estratégica?"

Ante su silencio, el magistrado le preguntó si la recepción de Ghali a petición de Argelia tenía motivos humanitarios o estratégicos, a lo que la exjefa de la diplomacia española contestó que no era ni la primera ni la última vez que se recurre a España "por su comportamiento y actitud en cuestiones humanitarias". "Lo que se pide es la acogida de una persona enferma grave para poder tratarse de Covid. Esa es la petición expresa que se hace", explicó.

"¿Sabe si se pidió esa ayuda médica a otro país antes que a España?", preguntó el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, a lo que ella respondió que lo desconocía pero que otros dirigentes del Frente Polisario habían sido tratado en países terceros y que eso era público y notorio. Del mismo modo confirmó que ella tuvo conocimiento el 14 de abril de la llegada de Ghali, un día antes de que se le trasladase a su mano derecha en Exteriores, Camilo Villarino, también imputado en el procedimiento. El activista saharaui acabó aterrizando en la base aérea de Zaragoza el 18 de abril sin pasar los controles de aduanas y pasaporte. De ahí fue trasladado a un hospital de Logroño.

"Quiero poner de relieve lo excepcional de la entrada de esta persona. Está motivado por cuatro factores. Primero es una petición que llega de un país tercero. En segundo lugar se trata de una persona que está gravemente enferma. La enfermedad y todas las cuestiones medicas tienen derecho a una protección de la privacidad específica. Se trataría de un personaje que no es una persona cualquiera, es un persona con un perfil político y en cuarto lugar tenemos dos vecinos que para los cuáles la relación entre ellos tiene aristas políticas y todo eso hace que sea importante, de tratar (la gestión) con discreción. Ahora bien, discreción no es arbitrariedad ni ilegalidad ni ocultamiento", dijo.

"No se hizo verificación de su pasaporte"

Al hilo, el magistrado le preguntó los motivos por los que Ghali y su acompañante -su hijo- no pasaron los controles de aduanas, a lo que Laya precisó que el convenio de Schengen les permitió actuar así. “No se hizo ninguna verificación de su pasaporte. ¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en territorio Schengen? Pues no señoría, no lo hicimos porque nos guiaba la buena fe que guía las relaciones entre los dos países. Cuando un país tercero nos está diciendo si podemos acoger un ciudadano suyo dentro de nuestro territorio entendemos que está haciendo una petición de buena fe y la respondemos de buena fe, señoría”, expuso la exministra.

Pese a ello, el instructor le insistió una y otra vez que no se le identificó a su llegada a España. La exministra reiteró que actuaron con discreción pero dentro de los cauces legales. "A mi me vincula el tema del no control de la documentación. ¿Quién dice que no se le controle?", pregunta el magistrado. Ante la falta de respuesta, agrega: "Yo me rijo por el principio de legalidad. Usted me está hablando no de la Ley de Secretos Oficiales del Estado, que es del año 1968, sino de una especie de adaptación en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 que, según dijo el señor Villarino, no está ni publicado. ¿Si esas son las reglas del juego... yo cómo actúo?", le reprochó el magistrado.

"Por supuesto que se sabía que era Ghali"

"Ustedes saben el trasfondo que hay con este hombre. Su historial político, su historial vital. ¿Ustedes se reúnen para estudiar los pros y los contras de la llegada de Ghali para nuestro país?", le preguntó el juez. "Claro que se considera si la petición de un país tercero debe ser aceptada o no", espetó Laya, la cual confirmó que desde el Ejecutivo sabían que la persona en cuestión era Brahim Ghali. Ahora bien, insistió en que nunca verificó la "situación judicial" del líder del Frente Polisario, cuya entrada en España propició la reapertura de unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional desde el año 2008 y que el magistrado Santiago Pedraz acaba de concluir.

Al respecto, Lasala sacó a relucir este asunto, recordando que fue el propio Pedraz el que el 22 de abril ordenó a la Policía Nacional que identificara si la persona que había ingresado en el hospital de Logroño era Brahim Ghali bajo la identidad falsa de Mohammed Benbatouche. Lo hizo al hilo de la conversación que mantuvieron Camilo Villarino y la jefa del Gabinete del ministro de Interior, Susana Crisóstomo (citada como testigo el próximo 18 de octubre) en la que hablan de la orden lanzada por Pedraz. "Yo no tenía conocimiento de ello y desde luego no tengo conocimiento que nadie lo tuviera", respondió Laya.