La fuga de la mitad de imputados de Tsunami abre la puerta a que se dicten órdenes de búsqueda y captura

La fuga de al menos siete de los 12 imputados por su presunta implicación en 'Tsunami Democràtic' modifica la hoja de ruta del juez instructor del caso que se preparaba ya para interrogar a los investigados por delito de terrorismo. Las salidas de España, conocidas a cuentagotas este pasado jueves, abren la puerta a que, ante una incomparecencia en la Audiencia Nacional, se dicten órdenes de búsqueda y captura contra todos ellos.

Hace apenas unos días, el Juzgado Central de Instrucción número 6 requirió a los investigados que facilitasen a través de sus defensas sus direcciones para ser citados. Del mismo modo, se solicitó averiguar el domicilio y paradero del periodista Jesús Rodríguez; de Jaume Cabaní (considerado como el contable de Carles Puigdemont) y de Nicola Foglia; banquero que se ofreció a financiar las actividades de Tsunami.

El instructor del caso Tsunami actuó en este sentido después de que la Sala de lo Penal avalara todas las decisiones de calado acordadas en los últimos meses de la instrucción. Entre ellas destaca el respaldo a mantener las diligencias por delito de terrorismo (y no por desórdenes públicos como sostiene la Fiscalía), el aval a la solicitud que dirigió al Tribunal Supremo para que investigase a dos aforados y también la práctica de de diligencias clave.

Fuga en la antesala de la declaración

Tras la resolución de estos recursos, el instructor Manuel García Castellón ordenó a las defensas de los imputados que facilitasen un domicilio para dirigir la futura citación. De ellos se exceptúan Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, quienes serán investigados en una causa paralela abierta en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también por presunto delito de terrorismo con la plataforma de Tsunami.

Sin embargo, apenas emitirse la solicitud del juzgado, se ha hecho público que varios de ellos llevan meses residiendo fuera de España. Cabe recordar que Puigdemont se fugó a Waterloo en los primeros compases de una investigación penal que arrancaba en la Audiencia Nacional por el procés en octubre de 2017.

Poco después, en marzo de 2018, hizo lo propio Marta Rovira. La secretaria general de ERC, a quien la UCO también otorga un papel relevante en las actividades radicales de Tsunami Democràtic, abandonó el país rumbo Suiza el mismo día que tenía que comparece en el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O. La 'número dos' de ERC justificó su fuga en una carta en la que sostuvo que tenía que emprender "el camino del exilio".

Se trata de dos figuras clave en el procedimiento a quienes la Guardia Civil pone en el foco en el informe definitivo que remitió a la Audiencia Nacional en noviembre del año pasado. No obstante, no son los únicos, ya que desde entonces se ha producido un goteo de salidas con las que se pretende evitar futuras detenciones en caso de no comparecer en la Audiencia Nacional.

De esta forma, el siguiente en fijar su residencia en el país helvético fue el diputado de ERC Rubén Wagensberg. Las informaciones públicas acerca de su fuga del país tras conocerse su implicación en Tsunami Democràtic llevaron al magistrado a solicitar a la Guardia Civil que confirmase su paradero. Los agentes le informaron de que había sido imposible localizar al político independentista.

En las últimas horas ha sido Oleguer Serra, dirigente de Òmnium Cultural, quien ha hecho público que hace casi medio año que fijó su residencia en Suiza. "Intensificaremos la ofensiva internacional, ahora también desde el exilio, para denunciar la persecución política contra el independentismo, por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los servicios de inteligencia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo", apuntó en rueda de prensa el presidente de la asociación soberanista, Xavier Antich.

Las opciones de la Justicia

Junto con la marcha de Serra se ha conocido también que otros dos imputados por impulsar esta plataforma radical también han salido de España. Se trata del periodista Jesús Rodríguez y el empresario de Girona, Josep Campmajó. La Guardia Civil incautó a este último mensajes con Carles Puigdemont, en los que el expresidente catalán evidenciaba el temor a que las turbas que entonces se estaban impulsando terminaran por provocar algún incidente mortal. De haber fallecidos, dijo, perderían el relato.

A estas seis personas se añade también la sospecha del paradero de Jaume Cabaní, considerado como el contable del movimiento y a quien el sumario identifica como el administrador de cuentas bancarias radicadas en el país helvético y en Alemania y también del banquero Nicola Flavio

La Guardia Civil identifica a este último como vicedirector del Banco suizo BSI. Los agentes le sitúan en conversaciones con Cabaní en las que ofreció financiación para sufragar el asedio del El Prat, actuación esta última con la que lograron paralizar el tráfico aéreo y colapsar el aeropuerto y que ahora investiga la Audiencia Nacional por presunto delito de terrorismo. Aquel 14 de octubre de aquel 2019 el banquero suizo transmitió a Josep Lluís Alay que disponía de "bastante dinero" en un banco catalán para financiar la protesta.

Las negativas de Suiza

Con sus salidas de España, el juzgado no tiene posibilidad alguna de interrogarles de manera presencial; diligencia que tampoco se contemplaba incluso aunque no hubieran salido del país. No obstante, el magistrado, en caso de incomparecencia, puede dictar orden de búsqueda y captura dado que la no comparecencia en el juzgado sin causa justificada es uno de los supuestos en los que se puede acordar esta medida.

Además, en este caso cabe tener en cuenta que se le imputa un delito especialmente grave, lo que facilitaría que se ordenase dar con su paradero y detenerle. No obstante, la Audiencia Nacional no cuenta con colaboración de Suiza.

De hecho, todas las comisiones rogatorias que ha girado hasta el momento para rastrar la financiación de Tsunami Democràtic y también para localizar a alguno de los imputados (como es el caso de Marta Rovira) se han rechazado en Ginebra, desde donde apuntan a una falta de indicios y también a que se trata de asuntos de índole política.