Las asociaciones feministas que integran Contra el Borrado de las Mujeres, la alianza de mujeres que rechaza frontalmente la 'ley trans' impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, han puesto el foco en Amazon y "el gran negocio con la salud trans".

A través de sus redes sociales se hacen eco de las publicaciones de la artista estadounidense Jennifer Bilek, que se autodefine como "ciudadana comprometida resistiendo a la ideología de la identidad de género" y que carga contra la industria millonaria que advierte detrás de las personas transexuales.

"Desde 2019, Amazon ha irrumpido con fuerza en el ámbito de la atención sanitaria y parece estar preparándose para entrar en la industria farmacéutica. El gran negocio de la salud transgénero genera ya y promete enormes ganancias y el gigante tecnológico no quiere quedarse fuera. Quizás con esta perspectiva se entienda mejor su censura a los libros que advierten sobre los daños irreversibles de la ideología de las identidades", acusa la autora.

El Ministerio de Igualdad tiene la obligación de averiguar qué consecuencias han tenido para la sociedad este tipo de leyes

Desde Contra el Borrado de las Mujeres reconocen a Vozpópuli que en España "no estamos en ese escenario", pero que uno de sus cometidos como asociación feminista es estudiar las "consecuencias" que ha tenido en otros países el hecho de que se aprueben leyes de autodeterminación de género "como la que se quiere impulsar aquí".

"El Ministerio de Igualdad tiene la obligación de averiguar qué consecuencias han tenido para la sociedad este tipo de leyes. Hace diez años se podía pecar de inocente, pero ya hay normas en esta línea y se sabe lo que han ido ocasionando", señalan fuentes de la plataforma.

Bloqueadores para trans, cirugías...

"En Estados Unidos ya hay numerosos estudios de las vinculaciones entre el transgenerismo y la industria médica y farmacológica. Se adivina que hay un negocio potencial y ya no tan potencial que mueve millones y millones. Cada vez hay más menores, sobre todo niñas, dispuestos a cambiar de sexo. El proceso comienza con los bloqueadores de hormonas y puede terminar en diversas cirugías", dicen fuentes de Contra el Borrado.

Según señalan desde la alianza "esos jóvenes van a estar toda su vida tomando medicación". "Dejando a un lado las implicaciones para la salud, hay un enorme negocio. Ejemplo de ello es el aumento de clínicas en EEUU y Reino Unido. En EEUU hay 300 centros destinados al tratamiento de personas transgénero y en tan solo 30 años se han abierto unos 30 especializados en menores de edad", indican.

Contra cambiar de sexo "por deseo"

Además, desde Contra el Borrado consideran que "si unas leyes han provocado este tipo de tendencias en algunos países es fácil adivinar que pueden provocar lo mismo en el nuestro". "Se está aceptando con total normalidad que se puede cambiar de sexo por mero deseo", denuncian.

Preguntadas por las acusaciones de transfobia que reciben desde el colectivo 'trans', las integrantes de la alianza feminista que carga contra las leyes de Montero defienden que "no negamos el derecho de ninguna persona transexual que siente incomodidad con su cuerpo a que se proporcionen tratamiento y acompañamiento en el proceso de adaptación".

"Lo que no admitimos es la exigencia de que basta con sentirse mujer para serlo a efectos jurídicos y sin ningún tipo de incomodidad con su cuerpo, solo por mero deseo. Tampoco estamos de acuerdo con algunas de las charlas que se imparten en los colegios a los menores diciéndoles que hay muchos géneros sin ninguna base científica", zanjan.

a ley impulsada por Igualdad recoge el derecho a la "autodeterminación de género". Esto es, que las personas puedan cambiar registralmente su sexo en el DNI a través de una mera "declaración de la propia identidad sentida".

Cualquier persona -menores de 16 a 18 años incluidos- que manifieste una "identidad de género" que no coincida con su sexo biológico podrá rectificar sus datos en el Registro Civil sin que el ejercicio de este nuevo derecho esté condicionado a la previa prestación de un informe médico o psicológico. 

Además, la norma también plantea el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos de hormonización sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.