"Esto es un golpe institucional nunca visto": el Constitucional reacciona a la treta de Sánchez

"Esto es un golpe institucional. Nunca en 42 años se ha producido una actuación como esta". Miembros del Tribunal Constitucional reaccionan a la última reforma del Código Penal que busca cambiar el sistema de elección de vocales para propiciar cuanto antes el vuelco hacia una mayoría progresista. La intención del Gobierno de nombrar ya a sus dos candidatos se entiende dentro del tribunal de garantías en clave política y con un fin único: beneficiar a los socios independentistas de Pedro Sánchez.

Las voces del Tribunal Constitucional consultadas por Vozpópuli califican de "bochorno" la enmienda del PSOE y aseguran que se vive el minuto a minuto de la renovación con especial "preocupación" y "tristeza". "Esto es legislar a martillazos. Hay una clara voluntad del hundimiento del Poder Judicial porque parece que les interesa debilitarlo", explican y añaden: "Las instituciones no políticas están sangrando, van camino de convertirse en poderes subordinados al político".

Se trata de la respuesta al último movimiento del Gobierno para conseguir el cambio en un Tribunal Constitucional que, hasta la fecha, mantiene la mayoría conservadora. La enmienda introducida por el PSOE en la tramitación parlamentaria de la derogación de la sedición, no solo se ciñe a este tipo penal o a la modificación de la malversación, sino que dedica un apartado para lo que consideran que es la solución al colapso en las negociaciones del CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional.

"Es todo a oscuras"

La principal modificación que introducen es una rebaja de la mayoría necesaria para nombrar a los nuevos miembros del TC. Aunque el Ejecutivo sostuvo que podía nombrar a sus candidatos sin tener que esperar a los del CGPJ, finalmente ha tenido que modificar la Ley puesto que la norma deja muy claro que el tribunal de garantías se renueva por tercios.

La nueva norma rebaja la mayoría necesaria en el CGPJ, permite al Gobierno nombrar a sus dos candidatos y retira al TC la potestad de evaluar la idoneidad de los candidatos

En aras a no tener que esperar al CGPJ, ha movido ficha en doble sentido: por un lado, modifica las normas de elección del Consejo obligándole a ponerse de acuerdo en cuestión de días y, por otro, despeja el camino para poder nombrar a sus candidatos. Se trata del exministro de Justicia del Gobierno del PSOE Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. La celeridad es tal que ninguno de los dos pasará la evaluación de idoneidad, trámite que compete al Tribunal Constitucional.

A partir de ahora será el Congreso, donde tiene mayoría el Gobierno, el que evalúe a sus propios candidatos. Así lo recoge la letra pequeña de la reforma, que no solo modifica el funcionamiento del órgano de gobierno de jueces, sino que también elimina esta función tradicionalmente realizada por los miembros del tribunal de garantías. Consecuentemente todo apunta a que también desaparecerá el trámite por el cual los candidatos comparecen en el Congreso de los Diputados.

Cataluña como telón de fondo

"Es todo a oscuras. No hay transparencia", precisan las fuentes consultadas por este medio. Las mismas consideran que la urgencia de Sánchez se enmarca en su acuerdo con ERC para tratar de evitar que futuras actuaciones secesionistas cuenten con la advertencia y el rechazo que siempre mostró el Tribunal Constitucional por su condición de inconstitucionales.

El movimiento, que se produce a la par que se deroga la sedición y se rebaja la malversación (los dos delitos por los que fueron condenados los del procés) garantizaría una mayoría progresista en un momento determinante para el Constitucional. Este tribunal fue la clave para actuar por desobediencia contra líderes independentistas de Cataluña, como Artur Mas, que no acataron las continuas advertencias y suspensiones de resoluciones independentistas que se llevan aprobando en Cataluña desde la última década.

Así pues, de prosperar la propuesta del Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez sustituirán de manera urgente al presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, los dos miembros que en 2013 nombró el Gobierno de Mariano Rajoy. Su mandato caducó este pasado verano junto con el del vicepresidente Juan Antonio Xiol y el magistrado Santiago Martínez-Vares, los dos magistrados que deben ser renovados a propuesta del CGPJ.

La tarea clave del TC

Sin embargo, no haría falta que estos dos últimos se renovaran para conseguir que el TC pase a ostentar una mayoría progresista y vinculada al Gobierno, y ello pese a que el asunto relativo a la presidencia quedaría en punto muerto hasta la total renovación. Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que, de producirse este escenario, Xiol ostentaría la presidencia en funciones hasta su reemplazo. Desde ese momento se nombraría a un nuevo presidente; cargo que casi con total probabilidad ocupará el actual miembro y exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

No obstante, todo apunta que el CGPJ nombrará a sus candidatos antes incluso de que entre en vigor la reforma de la ley. En la última hora de este viernes, los nueve vocales del sector conservador forzaron al presidente del Consejo en funciones, Rafael Mozo, a convocar Pleno extraordinario a más tardar el miércoles. De esta forma buscarían nombrar a sus candidatos siguiendo las reglas establecidas en el CGPJ y no en función de lo recogido en la enmienda del PSOE.

Pese a que el grupo socialista indica en su enmienda que el cambio legal no entorpecerá el funcionamiento del Constitucional, fuentes del órgano entienden que esta es una maniobra más para hacerse con el control de un tribunal que más pronto que tarde podría que resolver sobre las actuaciones del gobierno catalán que preside Pere Aragonés.

Del mismo modo también tiene en su mano recursos clave como el que interpuso el PP contra la ley del aborto, la ley Celaá o el recurso contra la Ley de Eutanasia. Con todo, otro de los temas que debe resolver el tribunal de garantías es el relativo al recurso que interpuso el CGPJ contra la modificación legal del Gobierno que les prohibía efectuar nombramientos estando en funciones.

Fuentes del órgano consultadas por este medio entienden que el Tribunal Constitucional tendría que dictar sentencia en relación a si este movimiento del Ejecutivo que les impide renovar la cúpula del Poder Judicial, fue o no constitucional. La respuesta que diera el Tribunal Constitucional ayudaría, en gran parte, a resolver la crisis sin precedentes que atraviesa el Poder Judicial en su conjunto.