Las dificultades del Gobierno para explicar el rescate de la aerolínea Plus Ultra se han convertido en un problema para Moncloa. El entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está preocupado por el alcance y las consecuencias de este caso. Y lo más grave, según ha sabido Vozpópuli, es que los empresarios han trasladado al Ejecutivo su malestar por el “pésimo precedente” que supone Plus Ultra ante la inminente llegada de los fondos de recuperación europeos.
“En Moncloa están lógicamente preocupados porque este tema (Plus Ultra) no hay por dónde cogerlo”, dicen diversas fuentes a este diario. “El problema es que es un pésimo precedente para los fondos europeos”.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende de Hacienda, aprobó el rescate de Plus Ultra con un préstamo de 53 millones de euros de su fondo de 10.000 millones. Vozpópuli ha desvelado que casi la mitad de las acciones de la compañía están en manos de un empresario venezolano vinculado al actual régimen de Nicolás Maduro.
El Gobierno ha justificado la ayuda en el carácter “estratégico” de la aerolínea. Pero este diario ha informado, por un lado, de que los vuelos que opera entre España y América Latina apenas suponen el 0,03% del total y, por otro, que Plus Ultra solo tiene una aeronave y acumula un sinfín de expedientes de quejas de pasajeros.
Proteger a Sánchez de Plus Ultra
La clave, como casi todo en el Gobierno, es proteger a Sánchez. El Gabinete del presidente, que dirige Iván Redondo, trata de evitar que el jefe del Ejecutivo se vea salpicado. Este diario ha tratado sin éxito de recabar la opinión del Gabinete sobre el rescate de Plus Ultra. Las responsabilidades políticas apuntan, de momento, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al titular de Transportes, José Luis Ábalos.
El problema es que los empresarios, y no solo los del sector, han empezado a hacer constar su malestar ante sus interlocutores en el Gobierno. Se cita a Plus Ultra como un peligroso precedente para los fondos europeos. Las críticas al uso del dinero de la SEPI no se centran solo en la aerolínea, también en las ayudas aprobadas para Duro Felguera. O, por ejemplo, si finalmente se libera otro préstamo para Abengoa.
“Los 10.000 millones de la SEPI no eran para rescatar empresas que eran inviables antes de la pandemia del coronavirus”, recuerdan estas fuentes.
Sánchez ha prometido un gasto de 72.000 millones de euros en los próximos tres años. El grifo de Bruselas se abrirá en mayo si nada se tuerce. El decreto de gestión de los fondos, que Sánchez salvó in extremis en el Congreso gracias a Vox, ha sido muy criticado por la falta de controles independientes.
"Gasto sin control" de los fondos
La Moncloa lo niega, pero el rescate de Plus Ultra ha abonado la idea de gasto sin control. Es una de las principales quejas del sector empresarial. Y da alas a los que creen que el Gobierno está perdiendo la oportunidad de invertir las ayudas europeas en proyectos verdaderamente transformadores de la economía española.
“Lo de esta aerolínea es una mala noticia para el mundo empresarial”, insisten estas fuentes. “Y abona la idea de que Sánchez su equipo van a convertir ese dinero en un saco sin fondo de gasto similar al denostado Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero”.
El Gobierno se encuentra además con una doble ofensiva parlamentaria que amenaza con desnudar el rescate de Plus Ultra. El PP ha registrado una batería de preguntas y peticiones de información en el Congreso. Los populares cuestionan que el Gobierno la haya encuadrado dentro grupo de compañías "estratégicas" cuando nunca ha tenido beneficios.
Garicano actúa en Bruselas
Y en Bruselas, el líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, ha remitido una carta a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Garicano cuestiona la legalidad de la ayuda millonaria aprobada por el Consejo de Ministros para salvar a la aerolínea.
Garicano pertenece a la misma familia política que Vestager –los liberales- y el papel del eurodiputado naranja ha sido clave en el diseño del fondo de recuperación. "Parece difícil catalogar a esta empresa como estratégica”, asegura Garicano. "La compañía es tan pequeña que ni siquiera aparece en el ranking del Gobierno de las 30 aerolíneas más grandes que operan en España".
"Para dar una idea de la magnitud del apoyo: la ayuda aprobada representaría más de 150.000 euros por empleado. Pero, además, la compañía también incumple el segundo criterio clave, ya que acumula pérdidas desde su inicio de operaciones en 2015", añade.
