El hermano de Pedro Sánchez se ha adherido a la Fiscalía para pedir que se archive su imputación en el procedimiento que se sigue en un juzgado de Badajoz por delitos contra la Administración Pública. El músico mueve ficha tras el informe de la UCO aportado a la causa en el marco del cual se desgranan los correos corporativos incautados a cerca de una decena de altos cargos del ente, a los que se les investiga por la creación de la plaza pública que se adjudicó en el año 2017. Al respecto, David Sánchez ha negado cualquier tipo de influencia del presidente del Gobierno, asegurando que en aquel momento había "tocado fondo" en el PSOE. 

"No se ha acreditado que nuestro representado tuviera vínculo alguno con Extremadura que sostenga el carácter a la carta de ese puesto de trabajo; su hermano D. Pedro, el día de la convocatoria oficial, si se permite el giro coloquial, había tocado fondo en el partido político en el que milita, sin expectativa razonable de ostentar un cargo relevante; y ninguno de los que en régimen de concurrencia compitieron con el adjudicatario definitivo formalizó en aquellas fechas queja referente a siquiera una de las circunstancias que rodearon el proceso administrativo", reza el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli. 

El músico, que responde al nombre artístico de David Azagra, ha aludido por primera vez en las diligencias a su hermano, quien en octubre 2016 dimitió como líder del PSOE y en mayo del siguiente año ganó las primarias del partido volviendo a ser nombrado secretario general de la formación socialista. Su salida del partido coincidió con la creación de esta plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de Badajo, si bien la firma del contrato se produjo a mediados de 2017. Al hilo, su defensa argumenta que ninguno de los candidatos que concurrieron a la plaza pública recurrió entonces y que ahora, "muchos años más tarde", se ha planteado el debate "absolutamente anacrónico e infundado". 

"Ensoñadas irregularidades"

Frente a las sospechas de la UCO -que pidieron la incautación de los correos corporativos al considerar que podría haber habido un concierto previo para crear la plaza- David Sánchez asegura que el proceso fue transparente y que no se ha podido acreditar extremo alguno de todo lo denunciado por Manos Limpias. Asegura que no ha habido absentismo laboral del puesto que ocupa desde el año 2017 ni tampoco un enriquecimiento ilícito de 1,4 millones de euros. Sobre este último punto la UCO apuntó en su informe que no había evidencia alguna de un incremento patrimonial injustificado y, ante ello, la juez instructora libró oficio al BBVA para que informara del valor normal de los depósitos.

Al hilo, apela también al informe de la Agencia Tributaria y dice que no solo descarta la comisión de delito, sino que no se apunta ni a una "simple irregularidad de naturaleza administrativa". "David Sánchez no recibió ni una carta, o requerimiento previo, en el que se le pusiera de manifiesto que de su condición de obligado tributario en España con condición de no residente se derivara responsabilidad de especie alguna (...). No hay ni rastro de delincuencia patrimonial", precisa. "Es muy llamativo para la opinión pública que se revele, improvisadamente y sin fundamento que nuestro representado ha obtenido no se sabe cuánto por no se conoce qué vía, como estrategia elíptica de desgaste político", apuntala. 

En relación con el proceso de creación de la plaza en la Diputación de Badajoz, sostiene que no se ha acreditado que tuviera vínculo alguno con el ente y que tampoco el volcado masivo de más de 64.000 correos ha relevado dato alguno. Según indica, los mensajes corporativos incautados al presidente de la Diputación, Miguel Gallardo, y a otros altos cargos vinculados al PSOE no han arrojado sospecha de duda. "Otra cosa es hasta dónde se quiera llevar la imaginación por causas extraprocesales", alega. 

Los indicios de la juez

Por todo ello, el abogado de David Sánchez recurre el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz del pasado 27 de noviembre por el cual le imputó formalmente junto con ocho personas y acordó una serie de diligencias. En dicho auto, la instructora expuso que había que escucharles en sede judicial como investigados junto con una serie de testigos, entre los que se encuentran los responsables de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe exculpatorio del hermano de Sánchez. Del mismo modo, consideró pertinente citar a los exdirectores del Conservatorio Superior de Música Evaristo Valentí López y María del Rosario Mayoral y a la actual directora Yolanda Sánchez. 

A su juicio, estas declaraciones son relevantes dado que, de los correos incautados, se desprende que estos cargos no consideraron "imprescindible" la creación de la plaza de coordinador de actividades conservatorias. De hecho, a diferencia de David Sánchez, la juez Beatriz Biedma entiende que hay "indicios racionales" de delito contra la Administración Pública a tenor del informe de la Guardia Civil. Los agentes desvelaron que el presidente de la Diputación cambió de opinión en tres días en relación con la creación de la plaza y que, como consecuencia de la misma, tuvieron que modificar los presupuestos del ejercicio de 2017.

Del mismo modo, el informe policial también se hizo eco de las reticencias mostradas por el sindicato CSI-CSIF en todo lo relativo a la creación del puesto. En concreto, en el acta con ocasión de la Mesa de Negociación del 26 de octubre de 2016, el representante sindical advirtió de que se iba a elevar a categoría de jefe esta plaza, cuando en realidad ya la desempeñó en su día un funcionario de categoría inferior.

• Tags
• Hermano Pedro Sánchez
• Badajoz
• Agencia Tributaria
• UCO