Publicado: 06/05/2022 04:45
La nueva comisión de secretos oficiales del Congreso ha empezado con mal pie. La sombra de la posible comisión de delito de revelación de secretos planea sobre algunos de los diputados miembros después de que se filtrara en prensa parte del contenido de la comparecencia a puerta cerrada de la directora del CNI, Paz Esteban. Algunos de sus miembros, como el diputado de ERC Gabriel Rufián, rompieron el secreto que rige estas sesiones al informar sobre aspectos del encuentro, convocado para hablar del presunto espionaje a líderes independentistas.
Horas después de celebrarse esta comisión, al menos dos grupos parlamentarios, Ciudadanos y Vox, planteaban la posibilidad de poner estos hechos en manos de la Justicia. La filtración de detalles de la intervención de Esteban podría derivar en la comisión de delito de revelación de secretos cometido por autoridad o funcionario público (artículo 198 del Código Penal) y también del artículo 598 relativo al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional.
Los dos tipos penales contemplan penas de prisión. El primero de ellos recoge penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel si bien, en caso de cometerla una autoridad (como son considerados los diputados del Congreso) se incluye una posible inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años. El segundo de los tipos penales también contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel. En este caso se castiga la revelación de información legalmente calificada como reservada o secreta que tenga que ver con la seguridad nacional o defensa nacional.
Secretos oficiales al descubierto
En este caso la comparecencia de la directora del CNI versaba sobre el presunto espionaje ilegal a unos sesenta líderes independentistas de Cataluña. Se trataba de la primera sesión de esta comisión de secretos oficiales que se ha constituido hace apenas unos días con miembros de ERC, Bildu, Junts Per Catalunya y la CUP y ante las sospechas de cesiones por parte del Ejecutivo al independentismo en pleno estallido del 'Catalan Gate'.
Al término de la reunión, Rufián desveló algunos detalles de la misma, no sin antes insistir en que mucho de lo tratado a puerta cerrada ya se había publicado previamente en prensa. Así confirmó que la directora de 'La Casa' reconoció la existencia de un espionaje en el seno del CNI y planteó escenarios de "posible competición entre organismos del Estado" para espiar a líderes independentistas.
Con todo, y al margen de las palabras pronunciadas por el diputado de ERC, trascendieron más detalles de su exposición, tales como que Paz Esteban habría admitido que se espió a un total de 18 líderes independentistas, entre ellos al presidente catalán, Pere Aragonés, y que el CNI actuó con aval judicial. Al respecto se conoció que la sucesora de Félix Sanz Roldán aportó también autorizaciones judiciales que vendrían a respaldar la actuación de los servicios secretos. También se ha sabido que no se pronunció sobre nada relativo al espionaje con Pegasus.
Sin recorrido judicial
Expertos en Derecho Penal consultados por Vozpópuli explican que la filtración de esta información sería constitutiva de delito, aunque ven muy poco probable que, en caso de presentarse querella contra los diputados implicados, prosperase ante la Justicia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo sería la competente del estudio de la misma al tratarse de personas aforadas. La admisión a trámite sería un escenario que no se contempla por el momento.
Sin embargo, la Ley recoge específicamente el carácter secreto de esta comisión, constituida en su origen para controlar el uso de los fondos reservados por parte del CNI. De hecho, la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservado, plasma en su artículo 7 que las sesiones de la Comisión "serán en todo caso secretas" y sus miembros están "obligados a no divulgar informaciones obtenidas".
Silencio sobre Pegasus
El secreto se regula también en el Reglamento del Congreso de los Diputados. En su artículo 16 se recoge que los parlamentarios están obligados a "adecuar su conducta al Reglamento" y a no divulgar actuaciones que puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas; supuesto que se da en lo relativo a esta comisión de secretos oficiales.
Prueba de ello es que este mismo jueves el magistrado que ha abierto una investigación por el caso Pegasus, ha declarado secreta la causa siguiendo el criterio de la Fiscalía. Este segundo gran caso de espionaje, desvelado este lunes por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también fue objeto de la comparecencia de Esteban, si bien no se pronunció en relación a este asunto.
Moncloa confirmó a comienzos de semana que entre los meses de mayo y junio de 2021 los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados con el software israelí. Según dijo, el CNI lo había confirmado en sendos informes en los que se apuntaba a un "ataque externo" sin ofrecer más información al respecto. Acto seguido la Abogacía General del Estado presentó una denuncia en la Audiencia Nacional que el juez José Luis Calama Teixeira admitió a trámite al constatar la competencia del órgano y la posible comisión de delito de revelación de secretos.
Además, el magistrado ha ofrecido tanto a Pedro Sánchez como a Margarita Robles que se personen en el procedimiento por su condición de perjudicados, aunque ha decidido declararlo secreto al entender que se trata de una materia que afecta a secretos del Estado y a información reservada.
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Entre traidores anda el juego. Su único objetivo es destruir el Estado, o sea España, y los que debían defenderlo no hacen mas que facilitarles la labor...
Ni son serios ni son responsables. Ni conocen la dignidad. Solo trabajan para ellos mismos.
¿Por qué no copiamos en España la forma en la que se controlan las actividades de las agencias de inteligencia por parte de un comité específico del Congreso de EEUU?.