Un juzgado de guardia de Barcelona ha recibido este martes una denuncia contra el Gobierno de la Generalitat por su anuncio de crear un fondo de diez millones de euros que sirva para cubrir las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a los 34 exdirigentes encausados por los gastos exteriores para promocionar el procés.

El mismo día que el Ejecutivo catalán anunciaba este decreto ley, que todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), la entidad constitucionalista Convivència Cívica Catalana lo ha llevado a los tribunales para impedir que estos diez millones salgan de las partidas públicas de la Generalitat.

La entidad considera que dichos gastos "no pueden ser asumidos de ninguna manera por la Generalitat, toda vez que se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos". En este sentido, desdeñan uno de los principales argumentos utilizados por el Govern, que dijo que se basaba en el "principio de indemnidad" para defender a los funcionarios.

"La garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de éstos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal", abundan.

En palabras del presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, “no se puede permitir que se destine un solo euro de dinero público a los gastos de defensa de quienes han malversado dinero público, y mucho menos se haya con la naturalidad que estamos viendo. ¿Alguien se imagina al Gobierno de
España asumiendo los gastos de defensa de Roldán?
".

Giró intenta blindar la Generalitat

Durante el anuncio de dicho decreto, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha intentado blindar jurídicamente la Generalitat y su Departamento de cualquier acción de la oposición al sostener que "no hay desplazamiento patrimonial de dinero de la Generalitat en ningún momento". No obstante, la primera denuncia ya ha sido admitida por un juzgado de la capital catalana.

El consejero de Economía también ha explicado que "las personas que quieran ser beneficiarias de este fondo de riesgo deberán hacer una solicitud al Instituto Catalán de Finanzas (ICF)". Se trata de que la Generalitat no sea quien avale directamente a los potenciales beneficiarios, sino que el ICF sirva de vehículo financiero y solicite a un banco privado quien haga este préstamo. En última instancia, y en caso de condena del Tribunal de Cuentas, el riesgo caerá en la Generalitat.

Asimismo, se ha justificado la aprobación de un decreto ley por la inminencia del pago de las fianzas, que se deben ejecutar el 21 de julio. No obstante, el Govern pretende que el máximo de formaciones políticas en el Parlament aprueben dicho decreto con el fin de contar con el máximo apoyo parlamentario.

Guerra judicial

Las fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que dicha denuncia puede ser "prematura", ya que el decreto todavía no se ha publicado en el DOGC y habría que ver antes la "letra pequeña" de dicha medida.

Desde Sociedad Civil Catalana instan a que sea "el Gobierno" de Sánchez quien "recurra con carácter inmediato" el Real Decreto y, advierten que, de no hacerlo, considerarán que son "cómplices en el blanqueo de la responsabilidad de los señalados" en el Tribunal de Cuentas. "Entenderíamos que el Gobierno no sólo estaría a favor de perdonar la responsabilidad penal, sino también la civil con el propio dinero de los catalanes no independentistas", abundan.

El Tribunal de Cuentas tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre la posibilidad de cubrir las fianzas con este fondo. El órgano fiscalizador deberá pronunciarse el próximo 21 de julio, plazo inaplazable en el que los 34 encausados deben pagar las fianzas antes de que se empiece con el embargo de sus bienes.