El Govern de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un fondo para cubrir con dinero de todos los catalanes las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes independentistas del 'procés'. Tal y como avanzó Vozpópuli, la Generalitat hace tiempo que plantea un aval -directo o indirecto- para cubrir los 5,4 millones que les pide el Tribunal de Cuentas a los responsables del gasto exterior para promocionar el plan rupturista de los sucesivos gobiernos autonómicos.

Debido a las tensiones internas en el Ejecutivo catalán sobre este asunto, finalmente se ha aprobado mediante un decreto ley un Fondo Complementario de Riesgos para dar cobertura a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores públicos y altos cargos.

Este fondo contará con una dotación inicial de 10 millones de euros con el objetivo de "proteger a todos los servidores públicos". La salida hallada, según explican fuentes del Govern, es basarse en el "principio de indemnidad" para acompañar a los 34 dirigentes encausados por el órgano fiscalizador y hacer frente a las reclamaciones judiciales de los trabajadores públicos y altos cargos.

Con ello buscan sortear responsabilidades contables y evitar incurrir en un "fraude de ley", tal y como advirtió el propio Tribunal de Cuentas. El consejero de Economía, Jaume Giró, ha explicado este martes ante los medios que "las personas que quieran ser beneficiarias de este fondo de riesgo deberán hacer una solicitud al Instituto Catalán de Finanzas". Y ha recordado que "no hay desplazamiento patrimonial de la Generalitat hasta que no haya una sentencia en firme".

Aval de un banco

Las personas que quieran acogerse a este fondo deberán cumplir con unas condiciones, como que no exista resolución judicial en firme que declare ilícitas las actuaciones del encausado. El riesgo tampoco debe estar cubierto por otras aseguradores de la administración y la Generalitat no se debe haber personado en contra de la persona afectada.

Si el ICF acepta la solicitud, pedirá un aval a una entidad financiera. Se trata de que el aval no proceda directamente del Govern sino a través de un banco. Detrás de ello, sin embargo, estaría la Generalitat contravalando todo este trámite.

Posteriormente, si hay una sentencia en firme condenatoria para los 34 dirigentes perseguidos por malversación, los beneficiarios de este fondo deberán devolver el dinero a la Generalitat así como los intereses y costes adicionales del proceso.

Caja de Solidaridad

Giró, que ha comparecido junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha querido dejar claro que el decreto, desde el punto de vista jurídico, "está construido de una manera que garantiza que no se hace malversación del dinero público".

Al mismo tiempo han asegurado que "no tiene nada que ver con la Caja de Solidaridad". Como también informó este medio, las colectas ciudadanas para recabar dinero que gestionan la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural llevan tiempo bajo mínimos.

Esta situación de falta de dinero y desmovilización ciudadanos, junto a la inminencia del plazo para pagar las fianzas -que termina el 21 de julio- abrió un nuevo conflicto en el seno del movimiento independentista. Desde la ANC y Junts per Catalunya pedían que fuera la Generalitat, como institución, quien cubriera las fianzas a los 35 encausados por el Tribunal de Cuentas. Por su parte, ERC era más partidaria de reactivar las cajas de solidaridad.