El Defensor del Pueblo ha reclamado al Govern que informe sobre qué medidas ha aplicado para atender a los "derechos" lingüísticos de los alumnos, atendiendo a la denuncia de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña sobre la "presión ejercida a alumnos y profesores para utilizar exclusivamente el catalán en el aula y fuera de ella". La Institución se ha dirigido a la Secretaria General de Educación en Cataluña para reclamar que, si ya no ha puesto cartas sobre el asunto, al menos informe sobre qué acciones impondrá para garantizar el castellano este curso en las aulas y asegurar unos mínimos a las "personas y colectivos" que se dirigen al Defensor del Pueblo.
El organismo solicita así un estudio para su posterior análisis sobre los planteamientos que el Govern aplicará en todas las fases educativas, desde infantil hasta bachillerato. Para eso se ampara en el artículo 3.1. de la Constitución, como alega la misma Escuela Bilingüe, en el que se recoge el derecho a conocer y usar el castellano. En un apunte imortante, el Defensor del Pueblo estima que el Govern rinda cuentas haciendo públicas sus medidas también para prevenir el acoso que los alumnos pudieran sufrir por "cuestiones vinculadas al uso del castellano".
El Parlament defiende el 'decreto del catalán'
Este martes el Parlament remitió un escrito de alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) en el que argumenta que la ley sobre el uso de las lenguas en las escuelas que fija el catalán como lengua vehicular es constitucional y que no excluye al castellano "como lengua de enseñanza". El Tribunal Constitucional estudiará la constitucionalidad de la nueva normativa catalana de uso de las lenguas en las escuelas, que reafirma al catalán como lengua vehicular y relega al castellano a lengua curricular, que choca con la sentencia que obliga a aplicar un 25% de castellano en las aulas, tras un recurso planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña, impulsado por el Govern tras la sentencia del TSJC que impone un 25% de castellano en las aulas, confirmada por el Supremo, vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación En el escrito, elaborado por el letrado Antoni Bayona y enviado al TC el pasado 31 de octubre, el Parlament sostiene que la ley se ajusta al Estatut y la Constitución, y recuerda que la ley estatal "no califica expresamente el castellano como lengua vehicular" y que, por tanto, "no puede reprocharse que no lo haga la legislación catalana".
Y agrega: "Nunca ha considerado inconstitucional que la ley no contenga una declaración expresa del castellano como lengua vehicular, si puede interpretarse que la ley no pretende excluir esta condición".
