"La vehicularidad del castellano está en la Constitución, no la decide un director escolar"

El acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el Govern catalán es una nueva estocada para los catalanes que llevan años luchando por una educación bilingüe en Cataluña. "El PSOE ha traspasado límites nunca vistos", lamenta Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en conversación telefónica con Vozpópuli. En el pacto cantado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el Gobierno de todos los españoles muestra su apoyo a la norma aprobada en la Generalitat que hace desaparecer de facto al castellano como lengua vehicular. Una nueva concesión a los independentistas que tira por la borda el esfuerzo de sociedades civiles como la que representa Losada, y a las que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón en una reciente sentencia.

Bolaños ha señalado que el Gobierno aprueba que cada centro educativo tenga autonomía "para reforzar la lengua que considere más oportuna", como establece un decreto ley que se sacó de la manga ERC para driblar la sentencia del TSJC que defiende la obligatoriedad de utilizar el castellano como lengua vehicular en un 25% de la formación escolar. Ahora, serán los directores escolares los que decidan su implantación en tal porcentaje o no. Es más, la ley sobre el uso de lenguas oficiales en la escuela catalana que aprobó el Parlament a los pocos días con el apoyo de ERC, Junts, los comunes y el PSC de Salvador Illa, relega al castellano a una asignatura curricular más al nivel de la educación física o las ciencias sociales.

"Es muy grave que el Gobierno de España haya negociado en una mesa de independentistas los derechos lingüísticos de los catalanes. El Gobierno de nuestro país se posiciona, de esta forma, en contra de la sentencia del TSJC que llama la atención sobre la inconstitucionalidad de la Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria", lamenta Losada. El TSJC explica que la ley "establece la consideración del castellano como lengua de uso curricular, en contradicción con el fundamento constitucional que determinó el fallo de la sentencia y que se concretó en el reconocimiento del castellano como lengua vehicular”.

"La vehicularidad del castellano viene en la Constitución, no la puede decidir el director de un centro educativo. El director escolar lo que tiene que hacer es aceptar la Constitución. Bolaños está defendiendo como bilingüismo algo que no lo es. Es una vergüenza que el Gobierno de España ningunee la Constitución y negocie con el independentismo cómo va a ser la escuela catalana", añade Losada. "¿Cómo puede ser que el Gobierno de España incluya una ley de la que a las dos semanas de aprobarse el TSJ dijo que tiene visos de ser inconstitucional porque ataca el artículo 3 de la Carta Magna? -'El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla'-. El Gobierno, con toda la chulería, pasa del tribunal e incluye esta ley en el acuerdo. Es un desafío a la justicia".

El Gobierno, con toda la chulería, pasa del TSJC e incluye una ley inconstitucional en el acuerdo. Es un desafío a la justiciaAna Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)

Esta semana, el Govern publicó unas instrucciones de cara al curso 2022-2023 donde se establece el catalán como lengua, no solo vehicular, sino a ser utilizada de manera funcional en el centro (carteles, indicaciones, comedor escolar, etc.). "Básicamente, desde que entras por la puerta del colegio no se va a poder decir una palabra que no sea en catalán. Eso lo ha aceptado nuestro Gobierno español".

Desamparo hasta la decisión del Constitucional

Losada explica que su situación y la de los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano el 25% del temario es de "desamparo". La ley aprobada por el Parlament y el decreto ley del Govern dejan sin efecto la sentencia del TSJC hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, "algo que puede ocurrir en 6 meses o en 6 años. Hasta entonces, nadie protege nuestro derecho constitucional. Estamos peor que antes de la sentencia del 25%".

El pacto para "promover el catalán" de Sánchez y los independentistas incluye el compromiso para proyectar la diversidad lingüística en el ámbito internacional y solicitar el catalán como lengua de uso en el Parlamento Europeo, al igual que en el Senado español. Un camino que despeja también para las otras lenguas cooficiales si "así lo requieren los gobierno autonómicos".

"Cómo duele que el Gobierno de España no mueva un dedo por una escuela que cumpla el marco constitucional. La Abogacía del Estado ha sido una muleta de la Abogacía de la Generalitat en todo momento. A mí me parece muy bien que si el Senado vota que el catalán sea utilizado en la cámara, que se utilice. ¿Pero dónde está el Gobierno que nos defienda a nosotros? A nosotros ni nos escucha", subraya Losada. La presidenta de AEB lamenta, además, que el acuerdo da a entender que "la cultura catalana es la cultura que se escribe en catalán, lo que demuestra que el Gobierno ha comprado todos los términos del nacionalismo lingüístico".

El acuerdo apunta que la cultura catalana es la cultura que se escribe en catalán, lo que demuestra que el Gobierno ha comprado todos los términos del nacionalismo lingüísticoAna Losada

Losada acusa al Gobierno de polarizar la situación en Cataluña, y de hacer que esa polarización traspase las fronteras autonómicas regando toda España: "Las etiquetas del independentismo las utiliza la izquierda para aquellos que no comulgamos con su ideario. La izquierda ha comprado los mantras del nacionalismo. Los defiende como ellos o incluso más. A la mínima, te conviertes en un provocador o de ultraderecha. El Gobierno de España no ha hecho nada para frenar la polarización. Al contrario, este Gobierno fomenta la desigualdad desde el primer día, ya que en nuestro país hay ciudadanos de primera (catalanes) y de segunda (extremeños, murcianos, etc.)".

Tres horas de castellano a la semana

En Cataluña, con la normativa actual, se estudian cero horas de español en Infantil. En Primaria, dos horas a la semana, y en Secundaria, tres. Losada dice que en Bachillerato se da la asignatura de lengua castellana entre tres o cuatro horas. "No es lo mismo estudiar en castellano que dar una asignatura de castellano. Además, se ha convertido en una asignatura maría. En muchas ocasiones no hay exámenes, ni se hacen deberes. Hoy, en Cataluña, no se puede estudiar en español, lo han borrado".

Además, el Gobierno de Pere Aragones promueve para el curso que viene la figura del consejero lingüístico, una suerte de "inquisidor", como lo califica la presienta de AEB: "Ese inquisidor lingüístico va a poder entrar en mitad de una clase para ver si el profesor está impartiendo su asignatura en catalán".

Ninguneo de Podemos

Podemos, socio del PSOE en el Gobierno central, se ha negado a recibir en el Congreso a la asociación que representa Ana Losada. Su excusa es que su organización está "politizada". "Dicen que defienden un criterio pedagógico, no político, respecto al tema lingüístico en Cataluña. En definitiva, que les parece bien que el castellano no sea la lengua vehicular allí".