Publicado: 28/02/2024 20:00
Actualizado: 29/02/2024 13:17
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha incoado diligencias por un nuevo caso de presunta malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia. Dos sociedades mercantiles están en el punto de mira por llevarse beneficios de adjudicaciones que fueron realizadas por el Gobierno de Canarias cuando estaba al frente el actual ministro de Política Territorial, Ángel David Torres. Vozpópuli ha tenido acceso a algunos de estos contratos que contemplan batas, guantes de nitrilo, escobillones o mascarillas por un importe de casi siete millones de euros.
Esta nueva trama de material sanitario comenzó por una denuncia realizada por la Dependencia Regional de Inspección de Canarias de la AEAT. En principio, estos hechos no guardan relación con el conocido como caso Koldo, que implica al que fuera asesor y chófer del exministro Ábalos.
En estas diligencias se investiga a cuatro empresarios, entre ellos al presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez. A estas personas se les investiga por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros, de los cuáles los empresarios se habrían quedado presuntamente con entre 9 y 10 millones.
Las dos empresas de las adjudicaciones
En el epicentro de la trama estarían dos sociedades: 'Damco Trading Services, SA' y 'Tanoja Services, SL', ambas con domicilio fiscal en Madrid. Estas empresas fueron adjudicatarias de varios contratos con el Servicio Canario de Salud (SCS), cuando el actual ministro Ángel David Torres, era presidente del Gobierno regional.
Vozpópuli ha tenido acceso a los contratos que recibió Damco, que fueron un total de 15.891.610 euros en el año 2020 y 2.786.000 euros en 2021, según el escrito de la Fiscalía. Los documentos hacen referencia a la formalización del pedido del material sanitario por la tramitación de emergencias para los "expediente de contratación precisos para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas".
La primera de estas facturas se remonta al 11 de mayo de 2020 con las siguientes condiciones. Se compraron un total de 200.000 batas de aislamiento por un importe unitario 6,40 euros y un precio total de 1,28 millones de euros. "Dicho material tendrá como destino exclusivo los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de Salud", explica el escrito.
Los contratos del Gobierno canario
El 25 de mayo de 2020 también se adquirió por parte del Ejecutivo del ahora ministro un total de 60.000 cajas de 100 unidades de guantes de mitrilo. El precio por cada uno de ellos era de 25 euros y el importe total ascendió a 1,5 millones de euros, según el escrito firmado por la directora General de Recursos Económicos.
Dos días después, el 27 de mayo, se firmó un nuevo contrato con la empresa ahora investigada porque había necesidad de "aumentar los cribados y con ello de la realización de pruebas diagnósticas del virus". Fueron 600 escobillones virus estériles vascosa por 4,10 euros la unidad y un precio total de 2,46 millones de euros.
Una de las curiosidades de los contratos es que en uno de ellos se explica que "visto su disposición para colaborar con el Servicio Canario de Salud, mediante el presente escrito se formaliza el pedido". Es decir, la empresa mostró su interés en colaborar con el Gobierno de Canarias. Este detalle se esgrime en el documento del 17 de junio de 2020 en el que se compraron 700 mascarillas KN95 por un precio de 2,5 euros. Se desembolsó un total de 1,75 millones de euros.
La investigación de la Fiscalía
Sin embargo, este contrato generó problemas. "Detectado error material en la factura proforma que se adjuntaba a dicho pedido se procede a su subsanación y donde dice 50% del pago en pedido, debe decir 50% del pago a los 20 días después de aceptación del mismo, manteniendo como fecha de aceptación del pedido el 18 de junio de 2020", resaltan.
La Fiscalía sospecha que las cantidades que recibieron del Gobierno canario ambas entidades fueron transferidas a otras mercantiles. A continuación ninguno de los perceptores de los importes justificó el traspaso de estas altas cantidades de los que fueron beneficiados.
Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado 'Caso Koldo', también por la compra de cubrebocas. La Fiscalía ya trabaja a fondo para tratar de esclarecer unos hechos que se unen a la larga lista de polémicas que se han vivido a lo largo de las últimas semanas con la gestión del material sanitario durante la pandemia.
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No habría que ir pensando en ceder las islas a su majestad Bujarra VI, al dictador mauritano o a los Wade. Por poner un poco de orden.
¿ Pero cuánta mier.da cabe en este gobierno? Cuando uno cree que ya lo he visto todo te sale más y más mier.da. Los votontos de izquierdas demostráis que más bajo no se puede caer. Cualquier gobierno en cualquier país de occidente hubiese caído hace mucho tiempo. Pero el Sanchismo aguanta porque tiene la mayoría de medios de incomunicación y unos votontos que demuestran que más falta de valores y de ver.güenza no se puede tener. Y además el fugado Puigdemont riéndose de todos.
Pregúntenle al Sr. Conrado que el sabe. Vaya si sabe.....presuntamente claro.