El polémico informe del Consejo de Estado, en el que analiza el real decreto ley 36/2020 del Gobierno sobre los fondos europeos, avisa de la falta de control en la tramitación de los mismos y subraya "la necesidad de implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos" provenientes de la Unión Europea al ser una "oportunidad histórica" para España, según el texto de 97 páginas al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El documento (leer abajo) está firmado por la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, quien fuese vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo de Pedro Sánchez recabó la opinión del este órgano sobre las medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 28 de enero gracias a la sorprendente abstención de Vox.
Pero provocó fuertes críticas de la oposición al no hacerlo público en el momento de la convalidación en la Cámara baja. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció a principios de febrero un recurso ante el Tribunal Constitucional por este motivo.
Informe Consejo de Estado by Vozpopuli
En el apartado de conclusiones, el Consejo de Estado hace hincapié en la necesidad de un "riguroso control" en la asignación de los fondos y "su vinculación a los fines para los que sean concedidos". En particular, se menciona el Instrumento Europeo de Recuperación, que constituye "el fundamento primordial del proyecto de Real Decreto-ley sometido a consulta, y es fruto de la decidida voluntad del Gobierno de liderar ese proceso".
El Consejo de Estado recuerda que puede realizar "observaciones de distinta naturaleza y entidad, que con frecuencia tienen como denominador común la preocupación" de este órgano consultivo "ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".
"La Unión Europea está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación, lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos", advierte al Ejecutivo de Sánchez.
El Consejo de Estado exige una "correcta tramitación"
La institución que preside De la Vega señala también la necesidad de llevar a cabo "una correcta tramitación" de los proyectos normativos, incluidos los proyectos de decretos-leyes, "a fin de que las medidas que en ellos se adoptan estén debidamente justificadas y ponderadas".
En este sentido, pone el foco en "la ausencia en el expediente consultado de toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control", lo que ha llevado al Consejo de Estado a formular una observación "esencial" en el apartado II del dictamen.
"Es esencial, por tanto, que la memoria del análisis de impacto normativo recoja, para cada una de las previsiones que suponen una flexibilización de los mecanismos de control, una explicación detallada de las razones que la justifican y de los beneficios que a ella se anudan", insiste este órgano consultivo.
A ello se añade, en opinión del Consejo de Estado, la "pertinencia" de que la memoria realice también un estudio, "aunque sea aproximativo", del impacto presupuestario de las medidas previstas. Al margen de estas consideraciones calificadas como "esenciales", también hay otras que esta institución "también considera oportuno resaltar dada su importancia".
Reforzar la supervisión en proyectos de obras
En concreto, se mencionan las formuladas a los apartados 1 y del artículo 53 del proyecto de real decreto-ley en relación con la calificación "como modificaciones contractuales" de las nuevas unidades de obra que se incorporen "a los contratos de obras", así como con la necesidad de "reforzar" los mecanismos de supervisión de los proyectos de obras y de responsabilidad de proyectistas y supervisores.
También existe una queja a la disposición adicional tercera en la que se advierte de la necesidad de contar "con plazos suficientemente amplios" para realizar las evaluaciones ambientales "con todas las garantías" en dichos proyectos.
El Consejo de Estado hace hincapié, por último, en que "conviene no olvidar que la plena efectividad del real decreto-ley dependerá en gran parte de la adopción de las medidas precisas para su correcto desarrollo", tanto desde el punto de vista normativo, con la aprobación de los desarrollos reglamentarios "precisos", como desde el punto de vista de su ejecución, en referencia "a la dotación de recursos materiales y humanos".
